RESISTENCIA CAMPESINA Y NEGACIÓN DEL ACCESO A LA TIERRA

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Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra.
Y nos dijeron: «Cierren los ojos y recen».
Y cuando abrimos los ojos,
ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.
Eduardo Galeano

RESUMEN
En el presente escrito se realizará un parangón entre las luchas y reclamos de los campesinos por la tierra contra las respuestas de la clase en el poder.

Los campesinos de Colombia han resistido y luchado por acceso a la tierra desde la
Colonia, y desde entonces dicho anhelo ancla en el terreno de las quimeras.
Los campesinos se han organizado de distintas maneras y han luchado con tesón en pos de la tierra, exigiendo reformas sobre la tenencia de la tierra, desafortunadamente la clase dominante ha sido sorda, y, por el contrario, en vez de proponer una real reforma rural, ha respondido con leyes que impiden la democratización de la tierra e
incrementan el monopolio en pocas manos; las reformas agrarias promulgadas son
tímidas propuestas que buscan ante todo apaciguar las luchas campesinas.

Desde 1948 hasta 1964 los campesinos resistieron a 4 guerras de la clases
dominantes, la última de las guerras fue la “OPERACIÓN MARQUETALIA”, guerra con
intervención estadounidense, en cumplimiento del Plan LASO, esta dio origen a las FARC la guerrilla más grande del continente.

Desde los años 70 del siglo XX hasta el año 20 del siglo XXI han nacido un sin número
de organizaciones campesinas, que no desfallecen en la lucha por el acceso a tierras, avanzan, se detienen, pero nunca renuncian a su derecho a la propiedad.
PALABRAS CLAVE. Lucha Campesina, organizaciones campesinas, reforma agraria, clase gobernante, terratenientes, clase dominante.

LUCHA CAMPESINA Y RESPUESTA DE LA CLASE EN EL PODER
Para entender el papel que han jugado tanto las reivindicaciones como las luchas
sociales en el origen del largo conflicto armado, hay que hacer un recorrido histórico de estas, que abarca desde la colonia hasta nuestros días. La diferencia de los liderazgos de las luchas sociales de inicios del conflicto armado y los que se dan hoy en día, se van entendiendo a medida que se van desarrollando los acontecimientos, claramente se visualiza que inicialmente los objetivos de la lucha social iba encaminada a lograr la transformación estructural del sistema de producción capitalista en un sistema socialista; hoy parece que la lucha social no va más allá de mejorarle el rostro
al modelo capitalista.

Y a medida que se avanza en el trasegar histórico, como lo veremos a lo largo de este escrito, la mujer avanza hombro a hombro con los hombres, incluso con mayor determinación.

Por lo corto de escrito se inicia el análisis de la historia campesina a partir de 1905 cuando Quintín Lame inicia la lucha por la tierra.
La exclusión y la marginación de la clase rural se remontan a la época de la colonia, lo que ha llevado a que el pueblo ejerza una permanente resistencia en busca de libertad y equidad.

Desde entonces la población campesina ha visto negado su derecho al acceso de tierra. La historia de Colombia es una historia de exclusión, marginación y promesas incumplidas, es la historia de la lucha por la tierra. Decía Quintín Lame 1, «Hace cuatro siglos que esperamos ser atendidos, y a pesar de ello aún confiamos».

Colombia ha sido y es un país agrario. Hasta el año 70 del siglo XX la economía del país dependió en gran parte de la producción agrícola, lograda mediante mano de obra campesina explotada.

Los terratenientes han acumulado tierra y capital con base en la explotación campesina.
Los campesinos han actuado como arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra.

La lucha campesina e indígena por la tierra ha sido constante y sólida, los movimientos agrarios siempre han buscado generar conciencia de clase.

Dice Shameel Thahir Silva 2 en el portal Semana Rural “Movimiento campesino colombiano: historia y lucha” ( Domingo 20 de enero de 2008) “A comienzos del siglo 20, encontramos inicialmente las primeras organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Desde la década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio de la tierra que trabajan. Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década de 1920 se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los monopolizadores de la tierra, para hacer exigencia en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida.

Un ejemplo de esto son las expresiones organizativas de los campesinos de Córdoba que llegaron a conformar el Baluarte Rojo de Lomagrande, San Fernando, Canalete y Callejas.
En 1928 se habían consolidado ya organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, embrión del Partido Comunista Colombiano que distribuyó su influencia de manera exponencial mostrando la interrelación de la expresión política y la organización campesina de base”.

De otro lado, el indígena Quintín Lame inicia su lucha, en 1905, la cual fue respaldada por grandes sectores de las comunidades indígenas de ciertas zonas del país. Fue
1° Manuel Quintín Lame Chantre (Hacienda Polindara, sector El Borbollón, municipio de Popayán (Cauca), 26 de octubre de 1880 – Ortega, Tolima 7 de octubre de 1967) fue un líder indígena colombiano, que vivió a principios del siglo XX la violencia bipartidista colombiana y la explotación de los grupos indígenas y se caracterizó por sus luchas en defensa de los pueblos indígena. Wikipedia.
2 Shameel Thahir Silva. web: https://twitter.com/ShameelThahir (Politólogo y Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor universitario. Ciclista urbano. Militante del Colectivo Zoolodistri, la Unidad de Procesos Populares de Bogotá y el Movimiento Político Marcha Patriótica).

Nombrado jefe y representante de un importante número de cabildos indígenas lo cual le generó problemas con los terratenientes y autoridades locales y departamentales del Cauca quienes lo veían como una amenaza. Los postulados políticos de Quintín Lame se enmarcaban en:

“1. Defensa de las parcialidades y oposición militante a las leyes de división y repartición de las mismas;

  1. Consolidación del Cabildo indígena como centro de autoridad y base de su organización;
  2. Recuperación de las tierras perdidas a manos de los terratenientes, y desconocimiento de todos los títulos que no den base en cédulas reales;
  3. Liberación de los terrazgueros, mediante la negación a pagar terraje, o cualquier otro tributo personal; y
  4. Afirmación de los valores culturales indígenas y rechazo a la discriminación racial y cultural a que son sometidos los indios colombianos” (Castillo 1971, xviii).

La crisis mundial de 1929 empeora las condiciones de vida de los campesinos, incluso genera problemas en las haciendas, esto hace que florezcan las luchas agrarias en Sumapaz, Viotá y la región del Tequendama en Cundinamarca, y Córdoba.

Estas luchas obligan a la clase gobernante a iniciar procesos de reforma agraria, es así como en 1936 el entonces presidente López Pumarejo, en su primer gobierno, promulga la Ley 200 de1936, “Proyecto de Ley sobre tierras”, con ella pretendía un modelo de “desarrollo hacia dentro” por la crisis mundial de la década de 1930. Lo que esta ley pretendía era sanear títulos, para proteger a los colonos. Ley que no fue más que una ilusión, porque era una reforma que no pretendía distribuir tierras, una reforma que sólo pretendía acallar las luchas campesinas, la verdad es que esta ley solo sirvió para que los grandes propietarios legalizaran sus títulos imperfectos o inexistentes mediante juicios de pertenencia sobre las tierras, la mayoría de las cuales eran, en estricto sentido, baldíos imprescriptibles, pero no delimitados ni protegidos por el Estado.

La ley también autorizó a los colonos a prescribir a su favor las tierras privadas poseídas de buena fe durante cinco años si las creían baldías, igual que revertir al dominio del Estado las tierras no poseídas durante diez años. En el segundo mandato de López Pumarejo (1942-1945) presenta la Ley 100 de1944 conocida como “Ley de aparcerías”, como continuidad de su ley 200, en la cual extendía el periodo de tiempo de apropiación a 15 años, de otro lado, pretendía mejorar las relaciones entre campesinos, colonos y propietarios de la tierra, tratando de generar un pago en especie por la utilización de la tierra para producir. Pero nada para resolver el problema de acceso a la tierra por parte de los campesinos.

En 1948 se desencadena la violencia bipartidista, y a los campesinos del sur del Tolima, Huila, Cauca y Valle, se les lanza toda la fuerza del gran latifundio, tanto de los grandes ganaderos como de los agricultores, haciéndoles sentir el poder de la política de sangre y fuego de la oligarquía.

De nuevo la clase gobernante promulga una nueva ley de reforma agraria, pretendiendo una vez más acallar las luchas campesinas. Siendo senador Carlos Lleras Restrepo promueve la Ley 135 de 1961, cuyo artículo 1° expresa: Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezada a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar tierras a los que no las posean, con preferencia para quienes hayan de conducir directamente su explotación e incorporar a esto su trabajo personal”
Esta ley ya habla de dar solución al acceso a tierras, para ello crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA-, también crea el Fondo Nacional Agrario con un presupuesto de 300 millones y también establece la extinción del dominio sobre las tierras incultas así como la adjudicación de baldíos nacionales. En el papel parecía generosa, pero en la realidad inoperante.

Para 1956 habían sido desmanteladas las organizaciones campesinas, la única notoria era Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada en 1946 con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia.

Luego que los campesinos resisten el embate de cuatro guerras, la primera a partir de 1948, la otra en 1954, la otra a partir de 1962 y una cuarta la llamada “Operación Marquetalia” para contener las famosas Repúblicas independientes, en el marco del plan LASO (Latin American Security Operation) una lucha contra 48 campesinos del Pato Tolima, que da origen a la creación de la guerrilla de las FARC el 28 de mayo de 1964.

El 20 de julio de 1964 la recién creada guerrilla de las FARC emite el “Programa agrario de los guerrilleros” con el siguiente programa:

“Primero: A la Reforma Agraria de mentiras de la burguesía oponemos una efectiva Reforma Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista.

La Reforma Agraria Revolucionaria entregará a los campesinos las herramientas, animales de labor, equipos y construcciones para su debida explotación económica…”

Aquí está la diferencia entre lo que proponen la clase en el poder contra la propuesta de los campesinos, ahora convertidos en guerrilleros.

Las reformas de la clase gobernante proponen supuesto acceso a la tierra, pero no propone los servicios necesarios para su explotación.

El programa también pretendía: la titulación y formalización de la propiedad de la tierra a todo tipo de ocupación de la tierra, ya fueran colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados, etc.

Eliminarían todo tipo de explotación atrasada de la tierra, anularían las deudas contraídas por los campesinos.
Respetarían la propiedad de los campesinos ricos, así como las formas industriales del trabajo de campo; otorgaría crédito, suministros de semillas, asistencia técnica, herramientas, maquinaria, etc.

Organizarían servicios de sanidad con atención de salud pública, erradicarían el analfabetismo y crearían un sistema de ingreso a estudios superiores; arreglarían la vivienda campesina y mejorarían las vías de comunicación y garantizarían precios de sustentación a los productos campesinos.

Arenas Jacobo. Diario de la resistencia de Maquetalia. Tercera Edición.2000

De otro lado, protegerían las comunidades indígenas, otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo. Estabilizarían una organización autónoma de las comunidades indígenas, respetando sus cabildos, cultura, lengua y organización interna.

Y para la realización del programa agrario revolucionario debería existir una alianza obrero-campesina y del frente único de todos los colombianos, para eliminar la vieja estructura latifundista de Colombia, para ello invitan a participar a todos los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, artesanos, pequeños industriales, a la burguesía nacional, a los intelectuales demócratas y revolucionarios, a los partidos políticos de izquierda.

Este programa fue firmado por los 28 campesinos alzados en armas que crearon las FARC, con la participación de más de mil campesinos civiles.

Este programa no incluía el cambio de estructuras económicas, ni pretendía la formación de un gobierno socialista.
Ni esta propuesta ni los reclamos de los campesinos sin armas fueron atendidas, así que ante la ineficiencia de la Ley 135 de 1961 las luchas campesinas por reivindicaciones continuaron de manera permanente.

Carlos Lleras Restrepo se postula para las elecciones de 1966 y propone una reforma Agraria Definitiva así como la organización campesina, propuestas con las que convence a los campesinos para que voten por Él.

Efectivamente con el respaldo de los campesinos y por el arreglo bipartidista es Lleras elegido Presidente.

Dice Lleras: “La gran mayoría de los hombres del campo en Colombia, se encuentran marginados del proceso de desarrollo, son sujetos aislados que se limitan resignadamente a subsistir”.

Es decir, la oligarquía no reconoce las luchas campesinas, o no querían reconocer que había un gran grupo de hombres y mujeres del campo que estaban exigiendo sus derechos. Continuaba Lleras, “Estos colombianos deben ser vinculados a la vida actual del país y sin temor a error, puede afirmarse que cualquier política que persiga su cambio social, una transformación nacional plena, debe ir a recuperar a los campesinos, una clara intención de inclusión en el desarrollo del país”

Expresiones que no son otra cosa que arrogancia de la oligarquía. Una vez presidente incumple la realización de la Reforma Agraria propuesta, pues el congreso de la república se opone a ello, los campesinos se preguntan, ¿se pueden creer las promesas de la oligarquía?

La segunda promesa de Lleras busca crear una organización campesina, la argumenta así: “Organizando a los campesinos, acostumbrándolos a que decidan, a que emitan opiniones, les estaremos abriendo la posibilidad de tomar decisiones sobre los asuntos de interés público”.

Y las luchas y los reclamos que los campesinos había ejecutado, no era emitir opiniones, no era tomar decisiones sobre los asuntos de interés público, estas palabras lo único que muestran es que la oligarquía en el poder no escucha y subestima al pueblo.

El 2 de mayo de 1967 Lleras emite el decreto 755 que da forma a la organización campesina, y el Ministerio de Agricultura promulga la Resolución 061 de 1968 para
4 ANUC. Organización, roles de dirección, control y disciplina.

Durante la campaña de organización campesina se realiza la “primera” movilización organizada por campesinos, recordada como “la gran marcha campesina”, realizada el 2 de julio de 1968. Los campesinos salieron de 155 sitios diferentes del país, movilizando alrededor de Un millón doscientos mil campesinos.

Con las normas elaboradas para la organización campesina, el Ministerio de Agricultura realiza las gestiones para que en los municipios los campesinos se organicen en Asociaciones Municipales de Usuarios Campesinos, de estas organizaciones nacen las Asociaciones Departamentales de Usuarios Campesinos, y de las organizaciones Departamentales se organiza la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC.

La ANUC consigue aglutinar 968.490 campesinos en 496 Municipios del País.

La ANUC organiza su primer Congreso el 7 de Julio de 1970. Pero, ¿cuál era el propósito de tanta generosidad de la clase gobernante para con el campesinado?
Más tarde se comprobó que la razón para la creación de la ANUC no era otra que gratar al campesinado, para que éste respaldara las políticas públicas, así como restarle apoyo a las luchas campesinas por la tierra; se buscaba que la ANUC fuese una organización al servicio de la clase gobernante.

La oligarquía, que desprecia al pueblo, no otorga nada gratis. Llegado el último gobierno del Frente Nacional, el Señor Misael Pastrana Borrero, perteneciente al partido conservador, a pocos días de su posesión, el 4 de noviembre de 1970, emite el Decreto 2098 con el cual se constituye el CERA (Comité Ejecutivo de Reforma Agraria) comité que fue constituido por miembros de los partidos políticos, para nada se tuvo en cuenta la recién creada organización campesina, una vez más los campesinos son invisibilizados.

Este comité tenía como fin generar un reporte de recomendaciones sobre la situación de la Reforma Agraria; y el comité muy diligentemente en menos de tres meses, el 30 de enero de 1971, entrega el informe. Allí se consignan los intereses de la clase dominante, se habla de replantear la reforma agraria, restándole importancia a la distribución de tierras. Es así como Pastrana desatiende las peticiones del acceso a tierra por parte del campesinado.

En enero de 1972 Pastrana Borrero proclama “El pacto de Chicoral”, pacto en el cual se construye consenso entre los partidos para modificar la Ley 135 de 1961, se redefine el significado de una explotación adecuada de la tierra, establece mínimos de productividad, otorga estímulos para la inversión privada y fortalece las herramientas para la actuación de la fuerza pública, para responder a las “invasiones” de los campesinos. Represión y bala para el campesino en vez de tierras.

En el año1973 emite la Ley 4 de 1973, la cual recibe el apoyo de todos los sectores políticos, incluyendo al Llerismo, toda la clase oligárquica unida; ley en la que se fortalece el uso de la fuerza contra los campesinos. Ese mismo año, también, emite la Ley 5 de 1973, para el otorgamiento de créditos de fomento al campo, pero los campesinos no pueden acceder porque no tienen tierras, esta ley otorga créditos a los profesionales del agro para compra de tierras.

A esta actuación oligárquica la ANUC la llama “el gobierno que traicionó el campo”. Por esta razón la ANUC en sus inicios se independiza del gobierno, no sirviendo a los intereses de la clase gobernante. El 5 de Junio de 1971 la ANUC proclama su plataforma ideológica, en la que se declara como una “organización autónoma y que lucha por una Reforma Agraria Integral y democrática”, y se propone ir más allá del modelo actual, dice la proclamada plataforma, “…que entiende que para superar el atraso económico del país y lograr el bienestar general del pueblo colombiano es necesario romper las actuales estructuras de dominación internas y externas que han beneficiado a una reducida clase explotadora”.
Más adelante agrega: “…comprometidos con el cambio estructural y la liberación de nuestra patria de toda forma de dominación y coloniaje”. Se declara independiente del gobierno y de los partidos políticos, exige respeto al derecho de los campesinos, expropiación de latifundios improductivos y de los monopolios extranjeros. Busca que se limite la propiedad, desarrollo planificado, garantía de servicios básicos a las familias campesinas, eliminación de todo tipo de servidumbre pre-capitalista, nacionalización del crédito, nacionalización de las importaciones, elevación del salario mínimo, progreso para los indígenas, educación para los jóvenes campesinos, respeto por las tomas campesinas de los latifundios, precios sustentables, reforma tributaria que grave a los grandes capitales, participación decisoria de las asociaciones de usuarios campesinos, para ello proponen la lucha en unión con la clase obrera, intentando lograr una democracia popular; así mismo exhorta a los campesinos a leer, estudiar, divulgar y apoyar la lucha por esta plataforma ideológica.

Definitivamente, los campesinos no son seres resignados, que se limitan a subsistir como lo decía Lleras. Y a pesar de la represión y uso de la fuerza estatal, la ANUC, como respuesta a la desatención a sus peticiones, el 21 de febrero de 1971 recupera 1260 haciendas, es la mayor recuperación de tierras de la historia de Colombia.
Entre 1971 y 1978 realizó un total de 1031 tomas de tierras. El papel de la mujer en la lucha campesina fue decidido, siempre luchando al lado de los hombres, tanto así que la ANUC tuvo que crear la Secretaría de la Mujer, como respuesta a la presión de la mujer. Desafortunadamente la falta de conciencia de clase de la mayoría de campesinos llevó a que dos años después de organizada la ANUC esta sufriera su primera fractura, se divide en dos visiones, la que se conoce como la línea Armenia, que se plegaba al gobierno y la línea Sincelejo, que optaba por un independencia total de la clase gobernante.

Posteriormente trataron de reunificarse, pero no fue posible, de esa división nace una nueva organización conocida como ANUC-UR (Unidad y Reconstrucción).

Los campesinos aglutinados en la ANUC se lanzan a la aventura de conformarse en partido político, obteniendo un resultado desastroso en las elecciones de 1978, de ahí en adelante la ANUC se desvanece.

Paralelamente a la caída de la ANUC surgían nuevas organizaciones campesinas, algunas de ellas independientes y otras ligadas a los partidos de Izquierda, entre ellas FENSUAGRO, cuyo objetivo es la transformación social, o sea, la necesidad de construir una nueva sociedad basada en la justicia social al lado de los trabajadores del campo y la ciudad, así que su meta central es construir el socialismo.

Pero ninguna organización ha tenido real convocatoria campesina. FENSUAGRO es una organización mixta, a pesar que no es fácil documentar el papel de la mujer, ella siempre ha estado al lado de los hombres.

El movimiento campesino, al igual que los demás sectores sociales, se sintieron fortalecidos por la magnitud del primer Paro Cívico Nacional de septiembre de 1977, éste dio cuenta del inconformismo reinante hacia el modelo de producción y hacia la clase política dominante del país. Mostró la diversidad de procesos que se gestaban en pos de combatir a la clase oligárquica excluyente.

En los años setenta del siglo XX, Colombia experimenta grandes cambios en gran medida por la bonanza cafetera, la profundización industrial, la consolidación del capitalismo agrario, la expansión petrolera y minera, por el auge del contrabando y del narcotráfico principalmente.
El problema organizativo campesino se centra en que los campesinos y trabajadores agrarios tienen poca conciencia de clase, dejándose absorber por el poder central, abandonando, de paso, la lucha por la tierra.

Ni en el gobierno de López Michelsen (1974-1978) como tampoco en el gobierno de Turbay Ayala (1978 -1982) se habla de Reforma Agraria. Durante los dos periodos el descontento social se atiende con el lenguaje de la represión, lenguaje de clase gobernante de siempre.

En el gobierno de Belisario Betancur (1982 -1986) se promulga la ley 35 de 1982 conocida como Ley de amnistía, con la cual se le encargó al INCORA dotar de tierras y provisión de otros servicios a las personas indultadas. También, se estableció el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR).

En el gobierno de Virgilio Barco se emite la Ley 30 de 1988, con el fin de disminuir los recursos que se le otorgaban al INCORA, y se conformaron los planes: Plan de Alimentación y Nutrición (PAN), Fondo de Desarrollo Rural Integral (DRI) y el Plan Nacional de rehabilitación (PNR).

En los ochentas del siglo XX se generaliza la violencia, con un gran avance de las organizaciones guerrilleras, así como de grupos mafiosos y los paramilitares. Así que las luchas campesinas se vieron al lado de los grupos rebeldes, como parte de la rebelión de los sectores populares. En este periodo se destaca la mujer dentro de la lucha campesina.

En 1984 nace la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), conocida hoy como Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia.

ANMUCIC es una organización gremial de género, de servicio social, que se organizó inicialmente en torno a la gestión de los programas oficiales para mujeres, y, prontamente, asumió la defensa de los intereses específicos de las mujeres campesinas. Actualmente está constituida por 27 asociaciones departamentales de mujeres campesinas, indígenas y negras, las cuales aglutinan asociaciones primarias de carácter municipal y corregimental, de la misma naturaleza, cuyas asociadas están vinculadas al área rural o que han sido desplazadas por la violencia. Su mayor presencia se encuentra en Boyacá, Huila, Cundinamarca, Chocó, Quindío, Arauca y Atlántico.

En el gobierno de César Gaviria se pasa del modelo de desarrollo Industrialización por Sustitución de Importaciones –ISI-, al modelo de libre cambio. Dentro de esta lógica, se definió el mercado de tierras, el cual funcionaba con el otorgamiento subsidios para la compra de tierras por parte del campesino. Pero al final fue letra muerta.

En los noventa se lleva a cabo el mayor acontecimiento político de la época, la promulgación de la “Nueva Constitución Política Colombiana”, promulgada en 1991.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, refiréndose al Movimiento campesino, “Para la época se planteaban temas y retos ante los cuales el campesinado debía pronunciarse. Uno de ellos es la Constitución de 1991, que consagra muchos derechos sociales y mecanismos de participación y un nuevo proyecto de ley de reforma agraria que imponía un nuevo esquema de reforma a través del mercado. A las luchas tradicionales por la tierra y la política agrícola, se han unido en los últimos años protestas por los derechos humanos y por las necesidades básicas como infraestructura y servicios, lo que hace a los campesinos participantes de las crecientes
luchas cívicas.

Entre las 158 luchas agrarias de 1991 a 1994, hubo 27 paros cívicos con participación campesina, 82 movilizaciones y 43 tomas de entidades”.

La tercera mal llamada Reforma Agraria se dio con la Ley 60 de 1994 en el gobierno de Samper, la cual deroga la Ley 135 de 1961, el fin era facilitar la negociación directa entre propietarios y campesinos, pues pretendía disminuir la intervención del Estado, esta norma no tiene muchas diferencias con la derogada Ley 135 de 1961.

Se originan las llamadas Zonas de Reserva Campesina, estas se lograron gracias en parte a la lucha de los campesinos de la región del Duda (Meta).

Los campesinos agrupados en ANZORC entienden las zonas de reserva campesina como: “la única figura jurídica que reconoce al campesinado, su derecho a la tierra, alternativa de permanencia en el territorio, una herramienta para combatir el latifundio, elemento central de la persistente crisis agraria del país; una apuesta por soberanía alimentaria que genera respuestas ante la crisis alimentaria mundial, desde la eficiencia demostrada de la pequeña propiedad rural en articulación con los centros urbanos; una alternativa real de sustitución a los cultivos de uso ilícito, y un camino hacia la construcción de modelos de vida en equilibrio con la naturaleza”.

El gobierno de Misael Pastrana (1998 – 1982) no acata lo referente al acceso a tierras, éste distrae al pueblo en general con la búsqueda de la paz por la vía del dialogo, desde luego que la intención no era la paz con la guerrilla sino el fortalecimiento del estado, para dotar de más poder a las alicaídas fuerzas militares.

Una vez terminado los diálogos implementa el plan Colombia, otra intromisión de los Estados Unidos.

En cuestión económica se dedica a atender la crisis económica ocasionada por los UPAC, para lo cual se crea el 2 por mil, que luego se convirtió en el 4 por mil. Y de otro lado, hubo que dirigir el presupuesto para la reconstrucción del eje cafetero. En este periodo se incrementan los grupos paramilitares.

Las dos administraciones de Álvaro Uribe Velez (2002 – 2010) se dedican a buscar el sometimiento de las FARC por la vía armada, se destaca en esa lucha los mal llamados falsos positivos, que son homicidios en ejecuciones extrajudiciales en los que se eliminaron civiles en su mayoría campesinos haciéndolos pasar por guerrilleros.

En política Agraria se recuerda la sustitución del INCORA, por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) a través del Decreto 1306 de 2003, y su modificación con el Decreto 3759 de 2009.

Este Instituto estaba adscrito al Ministerio de Agricultura.
Otro hecho de la época en cuanto al sector agrícola es la adquisición del crédito externo de US$ 30 millones, con la Banca Mundial para la financiación del proyecto “apoyo a la Transición de la Agricultura y el Medio Rural en Colombia para el periodo 2005-2008”.

Y, por último, la emisión de la Ley 1133 de 2007 con la que se creó e implementó el programa Agro Ingreso Seguro –AIS, destinado a proteger los ingresos de los productores que resultaran afectados con la internacionalización de la economía, dineros que fueron apropiados por un minúsculo grupo de personas y que llevó a la cárcel a su Ministro de Agricultura. En este periodo se incrementa el número de desplazados, según FENSUAGRO, “el campesinado no
(CNMH Movimiento campesino.
8 Marcela Pinto. Evaluación Taller de Impulso de ZRC en el Catatumbo, el 15 y 16 de julio de 2011 Municipio de la Gabarra. Tomado de WWW. ANZORC.COM/QUIENES SOMOS)
sólo se enfrenta al viejo terrateniente, el campesinado se enfrenta a un enemigo más moderno y poderoso, esos son las transnacionales que llegan por nuestros recursos naturales, tierras y todo lo que le huele a riqueza”. Y, como dijera un líder indígena, “Los paramilitares limpian los territorios de indios y campesinos, después llegan las transnacionales a imponer su ley”9.

En Respuesta a la agresión interna y externa las organizaciones campesinas luchan por la unidad tanto de los campesinos organizados como de distintos sectores sociales, para 2003 se inician procesos de unidad de las organizaciones campesinas, como: la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conaic), el Consejo Nacional Campesino (CNC), la Convergencia Nacional Campesina Negra e Indígena de Colombia (CNI), y años más tarde, la Mesa Nacional Agraria, y la más reciente la Coordinadora Nacional Agraria y Popular (Conap).

En el gobierno de AUV se destaca un hecho mendaz como fue la supuesta entrega de los paramilitares.

Durante los dos periodos de gobierno de Juan Manual Santos, éste se dedica a someter a las FARC por la vía del dialogo, dichos diálogos se inician en el 2012 y terminan con el sometimiento de las FARC en 2017.

Los acuerdos fueron sometidos a referendo por parte del pueblo colombiano, referendo que fue acogido en los campos donde la guerra fue más cruenta.
Para atender las demandas de la oposición el presidente realizó modificaciones a lo inicialmente acordado entre las partes, logrando la aprobación de los mismos. No obstante, el acuerdo acepta que el conflicto armado fue provocado por la tierra y establece el compromiso de la clase gobernante de poner en marcha un programa de reforma agraria integral.

El acuerdo propone usar el Fondo de Tierras, el cual está integrado por las propiedades revertidas al Estado por diferentes tipos de extinción de dominio (delitos, ilegalidades en su adquisición, ausencia de explotación por el periodo mínimo legal), para conformar fincas campesinas.
A estos se añaden expropiaciones y compras, áreas recortadas a las zonas de reserva natural y baldíos en zonas aptas para cultivos campesinos.

Suponen la existencia de 3 millones de Has para la reforma. De otro lado propone expedir títulos de propiedad para 7 millones de hectáreas, cifras no constatadas. Y Obliga a la clase gobernante a hacer un catastro rural de calidad, que sirva de base para un buen sistema de impuesto predial rural, con impuestos más progresivos que los actuales. Otro aspecto propuesto es cerrar la frontera agraria. Pero la hipocresía de la clase dominante y la clase gobernante es la reinante, mientras Santos negociaba una reforma rural integral, por otro lado sancionaba la Ley Zidres, Ley 1776 de 2016, ley que se concreta como el sumun de la concentración de tierras; afirma el Profesor Libardo Sánchez, refiriéndose a la naturaleza de dicha Ley, “la tierra debe ser manejada por los grandes capitales nacionales (terratenientes) y las transnacionales”. Pero en realidad no es posible la integración entre grandes inversionistas detentadores del gran capital y el campesino raso. En este gobierno en el 2015 se acaba con el INCODER y se crea la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. El artículo primero del decreto 2363 de 2015 dice, “Créase la Agencia Nacional de Tierras, ANT, una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los temas de su competencia”. Otro ente con el que se supone se entregará tierra del Fondo de Tierras y se realizará titulación y formalización de predios a gran escala.

Sucede al gobierno de Juan Manuel Santos su opositor el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su candidato Iván Duque (2018-2022) quien como se sabía no cumpliría los acuerdos.

Tampoco está interesado en darle solución a la ausencia de tierras por parte de los campesinos. Lo cierto es que se incrementó el asesinato de líderes sociales sobre todo de reclamantes de tierra, en menos de dos años los asesinatos se cuentan por centenares.

En conclusión, las respuestas de las clases dominantes, incluidos los terratenientes, a los reclamos de acceso a tierra por parte de los campesinos, por un lado han sido sangre y fuego, y por otro lado el incremento de la concentración de la tierra.

Un estudio de FEDESARROLLO (2017) concluye que: “Aproximadamente 806.622 hogares rurales, equivalentes al 53 por ciento de los que se dedican a actividades agropecuarias, nunca han tenido tierra” Por su parte, el DNP apuntó que 63 por ciento de los predios del país son microfundios con menos de tres hectáreas.
La Oxfam, confederación internacional que realiza labores humanitarias en 90 países, evidenció que la alta concentración de la propiedad de rural viene de atrás: en 1984 el coeficiente Gini era de 0,83 y afirma OXAFM: “estamos entre los países más desiguales en distribución de la tierra: el 1% de los individuos tiene en su poder el 81% de las fincas de mayor extensión en Colombia”.

El índice de Gini en cuanto a la concentración de tierras hoy es del 95%.

Todo indica que, por ahora, la clase dominante va ganando la lucha contra los campesinos y el pueblo en general.
Dilia Nelma Forero Sánchez
Ex catedrática Universitaria
Ex Alcaldesa
Lideresa social