La catástrofe humanitaria no se resuelve con armas oficiales o no.

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Ante violencia cruzada en Cauca y Valle indico que es incorrecto resolverla con fuerza e ineficaz acción armada gubernamental, quien a través de las FFMM, ya actores en este conflicto, quiera utilizar a la población civil en la confrontación que así ardería más.

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Tampoco es correcto en el Marco Iuris que sectores sociales se arrogen funciones militares que no tienen para querer así transformar conflictos de extrema violencia en fictos espacios de pírrica convivencia, que al final son abortados por ilegítimo e ilegales.
Igual erran al dejarse cooptar por FFMM.

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Duque en vez de llevar personal de salud, agrónomos y maestros a Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío; e inútil supermilitarizó zona paramilitarizada aumentó el número de muertes violentas en el norte del Cauca.
Duque siempre bárbaro por doquier deja muertos y zozobra.

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Esta realidad violenta militar, paramilitar y administrativa ha desmoronado a Duque por su inutilidad gubernamental; pues en vez de resolver esta violencia cruzada, ha empeorado la situación para que la ola genocida étnica y política se agudice.
Con solución política sí resolveremos esta situación muy compleja y contradictoria.

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Nunca podrá la criminal y estatal estrategia de Duque y el fascismo, planeada militar y políticamente desde el gobierno contra la fiel implementación del Acuerdo Especial Humanitario de Paz, resolver esta violencia cruzada que se da no sólo en el Cauca, sino también en otras regiones como el Catatumbo, la zona del Bajo Cauca, el Chocó, la costa Pacífica, Putumayo, Nariño y los Santanderes, por ejemplo, que se agudiza cada que la Presidencia y el Ejecutivo las visita con la realización de sendos Consejos de Seguridad.

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Nosotros con el visto bueno y aceptación de los actores: con nuestra experiencia, experticia, capacidad política y humanitaria podríamos aportar a la solución política de esta catástrofe humanitaria que se vive en Valle y Cauca, por el momento; pues aquí lo que está en juego es la vida de la población colombiana a garantizar y las garantías para ejercer los Derechos, y lograr que se viva dignamente, resolviendo las contradicciones diversas en una transformación del conflicto en condiciones materiales, sociales y políticas favorables para la sana convivencia, y no a través de las armas oficiales o no oficiales.