EN COLOMBIA EL LLAMADO ESTADO SOCIAL DE DERECHO NI ES SOCIAL NI ES DE DERECHO

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Por Athemay Sterling Acosta, Abogado Comunista Defensor de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Director CDPDH-Colombia, CPDH-Valle, Integrante de ANDAS. Bogotá Octubre 2013
 
Cuando afirmamos la necesidad de construir un Estado de Derecho de Nuevo Tipo en Colombia es por la sencilla razón que el actual nunca, a pesar que se afirma en la Constitución de guerra de 1991 en su primero Constitucional, es social, ni es de Derecho.
 
Iniciemos por entender que la esencia misma del contexto y constructo constitucional de 1991 se dio en el marco político del Régimen presidido en su entonces por el neoliberal César Gaviria quien utilizó la Guerra Integral, como su Gobierno la llamó, para intentar resolver las contradicciones que no era capaz de desatarlas por su posición de clase y sumiso al imperialismo a través de la solución política mediante la negociación con todas las fuerzas que estaban y están aún en contradicción en este casi centenario conflicto social, político y armado.
 
Conflicto que se cocinó desde 1928 en la masacre y matanza de los trabajadores Bananeros, crímenes de terrorismo Estatal cuyo carácter de Lesa Humanidad Jorge Eliécer Gaitán denunció dentro y fuera del Congreso, siempre eunuco, razón por la cual fue asesinado en Bogotá por agentes de la CIA y de la oligarquía más reaccionaria en el poder en ese entonces, en 1948,  momento que caracteriza una nueva violencia en el camino de este Conflicto complejo social, político y armado que inició en 1928 y agudizó en 1948, y cambió su carácter cuando ingresa materialmente militarmente el Imperialismo con el Plan Lasso en 1964 derrotado por la naciente Farc Ep y la lucha popular expresada en diferentes manifestaciones, a pesar de los intensos bombardeos a Marquetalia, Riochiquito, el Pato y Guayabero principalmente en el Gobierno Frente Nacionalista de Guillermo León Valencia.
 
Esta tendencia militarista con su hilo conductor de la nefasta Teoría yankee nazi de la Seguridad Nacional la concretó para mal de la Nación Colombiana el señor Presidente Cesar Gaviria cuando en 1990 decretó la Guerra Integral contra el pueblo, combinando el terrorismo de Estado con todas las formas de lucha contra la población colombiana: militar, jurídica, administrativa, cultural, económica etc. y constitucionalizó sus intereses neoliberales y guerreristas a través de acuerdos parciales y con sectores traidores de llamados insurgentes, dejando o excluyéndonos a la mayoría del pueblo que hoy nos expresamos por ejemplo en este año en el Paro Nacional Agrario y Popular, al movimiento obrero y campesino, estudiantil y cívico, de Derechos Humanos y Libertades Democráticas, a Mujeres y Hombres del Movimiento Popular colombiano que proseguimos en la lucha por los Derechos y la Paz con Justicia Social.
 
La oligarquía Colombiana, una de la más sangrienta de América Latina y del Caribe con el “pacto de paz” con unos pocos que cohonestan al régimen erigieron una Constitución de Guerra y terrorismo de Estado, que las clases dominantes llaman Constitución de la Paz: pero en esencia es la pax de los sepulcros, la pax de las masacres, la pax del neoliberalismo, la pax de las eps, la pax de la privatización, la pax del paramilitarismo, la pax del desplazamiento forzado, la pax de la estigmatización y penalización a la protesta social, la pax de la continuidad del genocidio contra nosotros la Unión Patriótica, los Comunistas y el Pueblo, la pax de la inestabilidad laboral, la pax contra la oposición política, la pax contra la democracia y la real participación política, la pax contra los Derechos y la pax contra la Paz con Justicia Social.
 
Cesar Gaviria, los terratenientes, los neoliberales y el imperialismo quisieron derrotar con una nueva norma jurídica neoliberal a la guerrilla de las Farc EP, excluyéndolas en 1990 con una Constituyente clasista y una agresión y bombardeo a Casa Verde, en lo que César Gaviria y quienes le cohonestaron llamó Guerra Integral, contra el pueblo.
 
Esa exclusión a la guerrilla de las Farc Ep, a vastos y mayoritarios sectores populares le costó al Régimen neoliberal y guerrerista de terrorismo de Estado aislarse ellos mismo del pueblo.
 
Pueblo o Constituyente Originario que hoy clamamos y luchamos por la Paz con Justicia Social en Colombia; y que Santos y la oligarquía neoliberal y terrateniente en su debacle y crisis institucional ante el empuje nacional del Movimiento Popular no le queda más remedio que dialogar, negociar con las Farc EP en la Habana, su anterior excluida en la Constituyente de 1990 y Constitución de 1991.
 
Aquí se comprueba una vez más nuestro axioma que quien excluye al otro se excluye así mismo, y al final debe recurrir cuando ya es ilegítimo el excluyente a negociar con quien equivocadamente en su pasado excluyó.
 
Por todas estas razones una Nueva Asamblea Nacional Constituyente de carácter Democrática y sin exclusiones tal como como lo afirma las Farc EP y lo coadyuva la Nación Colombiana es la única salida política que con la legitimidad del Constituyente Primario y/o Originario se podrá resolver de manera civilizada este conflicto que inició las clases dominantes contra el pueblo colombiano y que agravó con la Constitución de 1991: una Constitución que nació ilegítima con apariencia de legalidad. Que nació para la guerra con apariencia de Paz, nació enunciado Derechos y no permitir ejercerlos, todo un Estado y sus Instituciones contra los Derechos, contra la Paz y contra la Democracia Real. Una Constitución que requiere ser sustituida.
 
Será Ella con la real participación política, cívica y democrática quien comience en Colombia a construir ahí sí, un Nuevo Estado de Derecho de Nuevo Tipo que nos conduzca a la real Paz con Justicia Social en Colombia entera.
 
Por Athemay Sterling Acosta, Abogado Comunista Defensor de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Director CDPDH-Colombia, CPDH-Valle, Integrante de ANDAS. Bogotá Octubre 2013  
 
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