"O todos en la cama, o todos en el suelo. La JEP debiera citar a todos los involucrados en el conflicto"

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Por: Iván Márquez, Oscar Montero (El Paisa)

 

Con cierta tristeza tenemos que decir que la JEP, con decisiones como la tomada frente a Oscar Montero, El Paisa, se está causando un profundo daño a sí misma, porque no consulta la inseguridad jurídica y la absoluta falta de seguridad física para comparecer.

 

Algo debe estar pasando. 

A pesar de la autonomía constitucional que los cobija, entendemos la presión enorme que tienen que soportar los magistrados de la JEP a causa de las maniobras persistentes de los enemigos de la paz.

 

Para sustentar su decisión en la inexactitud de que el jefe guerrillero no ha hecho nada por la reincorporación, se necesita ignorar totalmente el contenido de nuestra respuesta a la JEP sobre ese tema en la carta del 20 de octubre de 2018. 

 

 

Es muy desafortunado no mirar la catedral de hechos y de proyectos exitosos que se han erigido de la nada por la gestión de un excepcional gerente de la reincorporación en Miravalle, a pesar de la ausencia de compromiso del Estado.

 

Y todo sin valorar el influjo negativo de mantener el caso Santrich en el limbo de la indefinición cuando todo el mundo sabe que se está frente a un montaje concebido para aplastar toda esperanza de paz.

 

La reacción de Duque a la decisión de la JEP fue utilizar de nuevo, con cálculo mediático dañado, el calificativo de “terrorista” y la oferta de recompensas por la cabeza del guerrillero, como en el farwest de Donald Trump.

 

Eso es lo que quieren para sepultar la verdad de lo acaecido en el conflicto y parainvisibilizar la responsabilidad del Estado. 

Por eso Duque sigue en su camino terco de objetar la paz y no la guerra.

 

No se pierde de vista nunca que la actual JEP no es la misma pactada en La Habana, por voluntad, capricho o temor a la verdad de los que emitieron las órdenes desde el Estado, y que son los responsables máximos del conflicto. 

 

Han sido constantes los cambios unilaterales que no respetan lo acordado.

 

Sinceramente hay hechos que aún no logramos entender, como aquel que personas que hicieron parte del equipo negociador del Estado y se opusieron a la JEP, ahora intervengan como jueces o procuradores, lo cual equivale a actuar como juez y parte.

 

La primera preocupación de la JEP debería ser garantizar la seguridad de los excombatientes -mas de 90 asesinados hasta hoy- y ser más mesurada en sus decisiones que deben aplicar siempre el principio de favorabilidad, como lo establecen el Acuerdo de Paz y las normas de desarrollo.

 

Siempre se ha esperado ver que citen -con la misma vehemencia que lo hacen con la contraparte-, a los involucrados del Estado que victimizaron a millones con sus decisiones políticas y sociales. 

 

La comparecencia colectiva ha perdido razón de ser por la imposición de unas comparecencias individuales que en el acuerdo aparecían como voluntarias y la JEP viene exigiéndolas como obligatorias, incluso sin antes haber contrastado y depurado los informes de acusación, sin antes informar a los comparecientes de cuáles acusaciones tienen un mínimo de credibilidad.

 

Debiera llamarse a comparecer a personajes como Uribe por paramilitarismo, falsos positivos, la Comuna 13, y el rosario de sus barbaridades si de verdad lo que preocupa son las víctimas del conflicto. 

 

Una justicia interesada sólo a conocer los hechos atribuidos a algunos de los actores y que es permisiva y elude exigir responsabilidad a otros, no es digna de llamarse con ese nombre.

Iván Márquez 

                   

Oscar Montero (El Paisa)

 

Abril 29 de 2019

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