ALFONSO CANO FUE PRESUNTAMENTE EJECUTADO EXTRAJUDICIALMENTE

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Por Athemay Sterling, Director CPDH Valle

 

Se presume como decimos en Derecho que Alfonso Cano, un ser humano, un colombiano, un ilustre insurgente, criticado por unos y aplaudido por otros, indiscutiblemente aportó ideas y propuestas, conocidas a través de los medios, para la búsqueda de la Paz con Justicia Social para Colombia, fue ejecutado extrajudicialmente por tres servidores públicos integrantes de las FFAA.

 

Sería interesante para clarificar en estricto Iuris que forenses internacionales o de universidades colombianas practicaran otra necropsia para que no quede la duda de cómo fue muerto, en el entendido que con su muerte se está haciendo política de Estado y además la comunidad debe saber con transparencia lo ocurrido. Los cadáveres tienen también protección para no ser profanados.

 

Personas de la región que no revelan su nombre, por temor seguramente, indican que soldados en la región dicen que “le pegamos tres tiros mientras él nos veía ahí frente”, de igual forma utilizando la ciencia a través de la telemedicina y observando científicos y entendedores del tema a través de ese método que los disparos eran presuntamente a quemarropa, medios de comunicación internacionales que ya inician a plantearse ante disímiles y contradictorios informes sobre su muerte, que no murió como lo dijo la cúpula militar quien en rueda de prensa planteó su informe, hace imperioso por el bien jurídico protegido de la vida, por las mismas normas sobre la guerra y del Derecho Internacional Humanitario, se esclarezca esta muerte y estos hechos donde un País extranjero participó también directamente en la “Operación Odiseo”. Toda una vulneración a nuestra soberanía sumisamente aceptada por el Estado Colombiano.

 

A quienes odian y ponderan también a Alfonso Cano, les indico que el Derecho en este caso, además de lo presuntamente ocurrido como se manifiesta en este escrito, obliga a esclarecer la conducta de los servidores públicos quienes actuaron en la denominada "Operación Odiseo”, también conocer la verdad de una operación militar, para no pecar de ignorancia sobre su limpidez que dice tener, pero que ya está en entredicho.

 

Y cuando algo, en su modo, el tiempo y el lugar de hechos notorios y públicos ya controvertidos por la sociedad, y la conducta ahí ejecutada por servidores públicos igualmente contradictoria, creíble e increíble por unos y otros, es deber de la autoridad competente abocar oficiosamente sin excepción todo lo que se indica sobre el tema.

 

Por el bien del Derecho no puede quedar duda alguna, pues lo que en telemedicina indican que por ejemplo el tiro en la cien, lo dijo también El Espectador, es un tiro de gracia, lleva a presumir que se cometió un crimen, pues Alfonso Cano ya estaba rendido y no tenían que rematarlo, los soldados debían darle la protección humanitaria que requería y que ordenaba la normatividad internacional que Colombia como Estado Parte ha suscrito y aprobado internamente a través de sus respectivas Leyes Aprobatorias de Tratados Internacionales.

 

La degradación del conflicto debe terminar, ella y el mismo conflicto social y armado en sus raíces, finiquitando las causas estructurales de él. Pues el conflicto no se termina matando colombianos.

 

Así como la pobreza no se acaba matando a todos los pobres. Eso es la más cruda concepción nazi de las limpiezas sociales que se impulsa desde el terrorismo de Estado fundamentado en la doctrina yankee de la “seguridad nacional” que en Colombia ha tomado diferentes nombres, ayer se llamó “seguridad democrática”, hoy “prosperidad democrática”, sólo cambia la careta pero el payaso es el mismo. Recuérdese que el Departamento de Estado de los EEUU había tiempo atrás ofrecido una multimillonaria recompensa por este insurgente, como si estuviéramos en Colombia, en su bárbaro y sufrido oeste cuando eliminaron a cientos de miles de indígenas.

 

Recuerdo ahora que escribo este Documento cuando el Coronel que se apellidaba Blanco en una Reunión en la Alcaldía de Pradera Valle cuando desplazaron forzadamente a campesinos de San Isidro, El Líbano y del Resguardo Indígena, él dijo ahí que “…en combate se vulneran algunas veces normas del derecho”, todo un despropósito jurídico, ético y humano que nos lleva a pensar que presuntamente sí se ejecutó extrajudicialmente a Alfonso Cano.

 

Decirlo no es malo. Es sano para la juridicidad y la Democracia esclarecer todo este actuar que se ha convertido ya en política de Estado, pues los miles de jóvenes y nacionales ejecutados extrajudicialmente en Colombia, es ejemplo de ello, y los Determinadores con su política guerrerista que están en el Ejecutivo Nacional y los ejecutores que materializan esas órdenes estatales no tienen perdón, ni olvido.

 

Y más en este caso donde ya hay múltiples versiones de sus protagonistas, los medios, forenses, analistas. Etc. Se requiere con mayor razón para bien nacional que todo quede bien claro, pues la historia colombiana de la guerra y la política, al comienzo dicen una cosa y luego las mismas autoridades descubren otra.

 

Ahí no vale lo que ahora quieren imponer como justicia que llaman transicional, estando aún en pleno conflicto sin resolver, y que además la sociedad entera y las víctimas esperamos se nos repare integralmente, se juzgue a esos criminales unos de lesa humanidad, otros criminales de guerra y también ejecutores de acciones genocidas, para que no prime la impunidad sino la justicia. Si la interna no sirve, no puede, no la dejan, no quiere o lo que sea pues será la internacional la que aboque y realice lo que le competa de manera subsidiaria, complementaria.

 

Las víctimas no aspiran a perdonar estos crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra cometidos por los victimarios, determinados en su acción por el terrorismo de Estado que desafortunadamente para Colombia quiere imperar, pero será el movimiento popular en todas sus expresiones y la lucha de masas que derrote estas pretensiones.

Y los victimarios tampoco esperan que se les perdone toda su macabra conducta criminal de competencia del Estatuto de Roma, sino que de acuerdo al debido proceso, que ellos vulneraran, se les juzgue y encarcele como debe ser según la normatividad existente.

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