JUSTICIA COLOMBIANA ES POLÍTICA Y NO FALLA EN DERECHO SINO EN CLARA GUERRA A LA OPOSICIÓN POLÍTICA

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JUSTICIA COLOMBIANA ES POLÍTICA Y  NO FALLA EN DERECHO  SINO EN CLARA GUERRA A LA OPOSICIÓN POLÍTICA

LIBERTAD INMEDIATA PARA JOAQUÍN PEREZ BECERRA Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA EN COLOMBIA
 
Por el Doctor Athemay Sterling Acosta,
Abogado Defensor de los Derechos, Ex Consejero y Ex Asesor Departamental de Paz en el Valle del Cauca en varias Administraciones del Gobierno, Ex Candidato Gobernación Valle del Cauca Colombia, Director de Radio Televisión Palenque.
Bogotá 24 de Septiembre de 2012


 
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Es un serio retroceso para la Justicia Colombiana los yerros en Derecho que tanto la Fiscalía General de la Nación a través de la doctora NANCY ESPERANZA PARDO BONILLA, Fiscal 19 Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, el Señor Juez Séptimo Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá, los auxiliares de la justicia apresurados y con conflicto de intereses, haya cada uno en su competencia agredido al Derecho Interno y peor aún a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que Colombia como Estado Parte ha suscrito a través de sus respectivas Leyes Aprobatorias de Tratados Internacionales, en el entendido que esta Normatividad Internacional sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, prevalecen y además hacen parte de nuestro Ordenamiento Jurídico.

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Estos dos Despachos y Operadores Judiciales o no saben, que no les exime de su responsabilidad prevaricadora, o lo hacen de buena fe en su personalísima hermenéutica y de manera consciente aunque errada,  alineándose en la orilla de los guerreristas y contra el garantismo procesal tanto nacional como Internacional cuando, sin hechos concretos que avalen su despropósito jurídico, con pruebas mal habidas, con conceptos asincrónicos y plenamente acomodaticios  a los intereses no de la justicia sino de la caballeriza castrense, con incongruencias fácticas e Iuris, Reparos de la Procuradora, Falla este Despacho Judicial Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, atropellando la misma Justicia. A pesar de los reparos sustentados en Derecho por la señora Procuradora Doctora RITA ELVIRA PINEDA VILLAMIZAR, reparos no tenidos en cuenta, pues según parece ya había prejuzgamiento, esa era la conclusión generalizada de quienes conocieron este exabrupto judicial.
 ¡Toda una tragedia jurídica y antidemocrática!


Lo que ilegitima e invalida su precario pero vulnerador Fallo, Providencia emanada el pasado 17 de Septiembre de 2012 en Bogotá contra un periodista, integrante de la población civil, ciudadano de otro País, colombiano de nacimiento, pero no afecto al Régimen Político que representan estos dos Despachos Judiciales, vulnerando todos los Derechos Universales conquistados por la humanidad al señor, amigo y camarada Joaquín Pérez Becerra, cuando lo condena a ocho años de privación de su libertad por el sólo hecho de ser parte de la Oposición Política Colombiana y trabajadores del periodismo alternativo.

 
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Este Régimen Colombiano en vez de darnos protección a la Oposición Política nos da detención y agresión judicial, penalizando una vez más a quienes pensamos diferente y somos Oposición Política a este Régimen Político Colombiano que se ha caracterizado por su corrupción y su esencia narco mafiosa, situación que degrada e ilegitima no sólo a la justicia colombiana sino a todo el Estado Colombiano; lo que fortalece nuestro propósito de construir un Estado de Nuevo Tipo donde la Población sí pueda ejercer de verdad los Derechos Universales y así haya Paz con Justicia Social.


Este fallo inocuo contra Joaquín Pérez Becerra y contra todas y todos los Presos políticos por ser antijurídicos, ilegítimo e ineficaz cada uno de ellos, nos da la razón histórica para oponernos a esta injusticia colombiana, a esta inequidad donde quienes producen socialmente la riqueza no les queda a ellos, pues otros pocos de manera privada se la apropian; nos da pié a no estar de acuerdo con la guerra ni la violencia estatal contra el pueblo, ni de acuerdo con los servidores públicos civiles y militares que diariamente hacen apología a la guerra y a la violencia con montajes y acciones de terrorismo de Estado.

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El Fallo condenatorio emanado por este Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá colabora a la guerra y atenta contra la Paz y la Convivencia, lo que obliga al Tribunal Superior de Bogotá a nulitarlo y decretar la libertad inmediata incondicional y entregarlo a la Embajada Sueca en Bogotá para que lo traslade a Suecia de donde es ciudadano y pueda seguir ejerciendo sus Derechos como Director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia ANNCOL que actúa legal y amparada por las diferentes Declaraciones, Pactos, Convenciones y diferentes Tratados Internacionales que nos permite hacerlo a quienes trabajamos en los medios de comunicación sin traba alguna.


Las Farc-Ep demostraron ser más garantistas que estos dos Despachos Judiciales Colombianos, pues en plena y física guerra entregaron a la libertad al periodista francés, mientras en caso contrario la Justicia Colombiana que se supone es legal, en vez de darle protección a los Derechos de un periodista, a un comunicador como lo somos todos nosotros, le da detención y una pena absurda a Joaquín Pérez Becerra.


Es toda una barbaridad de la guerra con careta de justicia, y que si se llegare a comprobar, que la justicia colombiana ha sido utilizada como arma de guerra, como un tanque militar judicial, se reafirma nuestro axioma que vivimos en pleno terrorismo de Estado, y sus operadores judiciales que cometen estas conductas, en pleno Derecho Interno, son prevaricadores, pues el montaje organizado desde los cuerpos de inteligencia ha prevalecido sobre los principios de la democracia.
 

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Aquí son culpables tanto esos operadores judiciales por sumisión a las FFMM y a la guerra que está proscrita por la humanidad, como aquellos y aquellas de dentro y fuera del Estado que así coadyuvaron esta Providencia Condenatoria ilegítima e ineficaz aunque tenga visos de legalidad.
Aquí hay que recordar que en Colombia ya se ha convertido en política de Estado sistemática y permanente la construcción y fábrica de testigos y desertores falsos para ganar prebendas económicas, de ascensos, privilegios. Todo un negocio macabro denunciado por todos los medios que no son de ANNCOL, sino que por ser notorios y públicos, es decir, incontrovertibles, ha sido el conjunto de los medios de información privados del statu quo quienes lo han denunciado.


El caso más diciente y último conocido es el del señor Gustavo Muñoz Valencia, un uribista y santista de tiempo completo, que a pesar de ser abogado, como dice ser, es un Conservador de Popayán, con un primo del Partido de la U e hijo de un gamonal liberal caucano, el señor Aurelio Iragorri Valencia también de Popayán, a quien yo llamé el “encomendero”. Y por eso el Cauca está como está: abandonado y criminalizado por protestar.

 

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De este Incongruente, desde el punto de vista Penal, fallo condenatorio del Juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá quien se arrogó la competencia que no tenía de dar credibilidad como supuesta prueba sobreviviente a toda la Operación Odiseo donde fue ejecutado extrajudicialmente Alfonso Cano, una prueba mal obtenida, sin cadena de custodia, y en una operación militar yankee colombiana constitutiva de crimen de guerra, como la misma Operación Fénix donde en otro crimen de guerra y de Agresión murió Raúl Reyes junto a la Operación Sodoma donde murió Jorge Briceño en un Bombardeo desproporcionado como todos los anteriores, se desprende la necesidad social para que la Autoridad Competente y sus respectivos Jueces Naturales inicien acción penal contra los creadores de fábricas de testigos y desmovilizaciones falsas como la llamada Fundación Nueva Esperanza dirigida por el señor Gustavo Muñoz Valencia, quien en oportunidad pasada tuvo la desfachatez de amenazarme públicamente de muerte, conducta antijurídica de este individuo que yo judicialicé.


Es este nuevo momento que alerto a las autoridades y a la UNP a fortalecerles a Athemay Sterling Acosta y Rodolfo Ríos Lozano eximios abogados sus esquemas de seguridad tal como ellos lo han predicado, por la gravedad del asunto, y que por defender el Derecho, la Paz y la Democracia, estamos seriamente en peligro de muerte. O será que la UNP nos quiere muertos o exiliados, aunque nunca lo haremos, pues Colombia como Estado Parte está obligada a propender por nuestra seguridad y la de toda la Población Colombiana agredida.


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Es todo un entramado creado para usar dolosamente las ramas del Poder Público como armas de guerra vulnerando entre otros Derechos el de la Paz, prescrito en el 22 Constitucional, que indica que la Paz es un Derecho y un Deber de Obligatorio Cumplimiento.

Por esto el Tribunal Superior de Bogotá debe aceptar la impugnación impetrada por el prestigioso abogado Rodolfo Ríos Lozano, que yo coadyuvo como Abogado en pleno ejercicio de mis Derechos, Rodolfo Ríos Lozano defensor de mi colega y camarada Joaquín Pérez Becerra, ordenar en favor de Joaquín Pérez Becerra su libertad inmediata ya mismo por conveniencia estatal, constitucional e institucional, e iniciar todas las acciones penales contra presuntos y confesos culpables de conductas dolosas y delictuales de los fabricantes de testigos falsos y montajes contra personas de bien de la Oposición Política, del Movimiento Popular que se manifiesta de múltiples maneras.

Pues el constitucional 18 colombiano no es para jugar, ni falsearlo, es un Derecho Universal, inviolable, inalienable, permanente, interdependiente, indivisible, inderogable, imprescriptible, y como todos los Derechos Universales, derechos progresivos que los jueces deben tutelar y no vulnerar.

En el marco de estos Derechos que son míos también, que los tengo incólumes, además irrenunciables públicamente exhorto a los Órganos Competentes a actuar para evitar continúe esta agresión al Derecho, a la Población y a la Oposición Política que somos el Movimiento Popular en su conjunto.

Convierto públicamente como lo haré en la Fiscalía General de la Nación esta Denuncia Pública en Denuncia impetrada donde corresponda, pues no puede prevalecer la guerra sobre la Paz, ni la Injusticia sobre la Justicia y los Derechos.
Por el Doctor Athemay Sterling Acosta,Abogado Defensor de los Derechos, Ex Consejero y Ex Asesor Departamental de Paz en el Valle del Cauca en varias Administraciones del Gobierno, Ex Candidato Gobernación Valle del Cauca Colombia, Director de Radio Televisión Palenque.

Bogotá 24 de Septiembre de 2012

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