DENUNCIA DESDE LA MILITANCIA DE BASE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA- UP

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SEÑORES.

MINISTERIO DEL INTERIOR


 

PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION INTEGRAL DISPUESTA PARA LA  UNIÓN PATRIÓTICA Y EL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO


 

ATTE: VICEMINISTRO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS.- DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

E.  S. D.


 

Asunto: Derecho de Petición.


 

Cordial saludo.


 

FRANCISCO BASILIO ARTEAGA BENAVIDES, identificado como aparece al pie de mi firma, Abogado titulado y en ejercicio,  ex – Personero de los Municipios de Cartagena del Chairá, Departamento del Caquetá y de Mesetas, Departamento del Meta, justamente, donde se acordaron los puntos relacionados a la reforma agraria integral, la tregua bilateral y el cambio de la política del Estado en función de las necesidades de las mayorías del pueblo colombiano, y se  abrió el diálogo político entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional, lo cual permitió al país abrigar la posibilidad de reconciliar un conflicto de un cuarto de siglo, el primer gran acuerdo político al que llegaron los negociadores de la paz, sentados desde 1984 justamente en el Municipio de la Uribe, Meta, que abrió la posibilidad para la creación de un nuevo movimiento político que le permitiera a la insurgencia acceder legalmente al ejercicio de la política, con garantías y con la intensión de acceder a cargos de elección popular y de gobernar, de lo cual surgió en el año 1985 la Unión Patriótica como movimiento político que defendió principalmente los acuerdos de paz y se convirtió en la fuerza política que materializó la apertura democrática en un país cuya estrechez política no permitía otro visión sobre el manejo del Estado, no obstante lo cual, en las décadas de 1980 a 1990, fuerzas oscuras del país asesinaron a los candidatos presidenciales, abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, a ocho (8) Congresistas, a trece (13) Diputados, a setenta (70) Concejales, a once (11) Alcaldes municipales y alrededor de cinco mil (5000) de sus militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por parte de grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (B-2 del Ejército Nacional, Policía secreta, Inteligencia militar y policía regular) y narcotraficantes, asesinatos que fueron declarados en el año 2014 como delitos de lesa humanidad, en desarrollo de un siniestro plan de los sectores políticos tradicionales, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana, frente a lo cual, muchos de los sobrevivientes al genocidio político que afectó a militantes, simpatizantes, amigos y colaboradores  de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, como Organismo Político activo, por temor al exterminio selectivo, nos vimos obligados a abandonar el país para buscar asilo político, con el más alto respeto y consideración, invocando la aplicación del Decreto 1140 de 4 de julio de 2018, modificatorio del Decreto Ley 2893 de 2011, que regula las funciones del Ministerio del Interior determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, entre otras, la de diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, así como la prevención a las violaciones de éstos y la observancia al Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial, social y de género, en ejercicio del DERECHO DE PETICIÓN consagrado como garantía constitucional de carácter fundamental en el artículo 23 de la Carta Política, desarrollado por los artículos 14 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y artículos 15 y siguientes de la Ley 1755 de 2015, me permito molestar su atención a fin de manifestar a ustedes que  en estos precisos momentos me encuentro aún más vulnerable de recibir agresión física contra mi humanidad, mi vida e integridad personal y la de todos los integrantes de mi núcleo familiar, así como la de mis compañeros de la UP que no compartimos con la dirección oficialista de la “UP”.

Acudo ante el Ministerio del Interior, para solicitar, de manera urgente y prioritaria, ser incluidos en el PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION INTEGRAL DISPUESTA PARA MIEMBROS  DE LA UNION PATRIOTICA Y EL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, dado que, en ejercicio de mi profesión y de mis ideales políticos, adelanto gestiones judiciales y acciones constitucionales en favor de LA PROTECCIÓN DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA DEFENSA  DE LA DIGNIDAD DE LOS SOBREVIVIENTES AL GENOCIDIO PERPETRADO EN CONTRA DE LA UNIÓN PATRIÓTICA Y SU COLECTIVIDAD.

Para los fines legales pertinentes he solicitado formalmente que la y los miembros de la Dirección de la U.P., del P.C.C. y de la “CORPORACION REINICIAR”, quienes, por vías de hecho,  se apoderaron de la personería jurídica de la UP, recuperada por un grupo de base y otras personalidades, sean conminados a una RENDICIÓN DE CUENTAS, respecto a todos los importantes recursos económicos que reciben de la Comunidad Internacional a través de la diplomacia por la Paz, para conseguir su apoyo a través de diversas mesas de donantes que día a día incrementan los recursos de cooperación, traducidos en varios millones de dólares anuales en promedio, a través de la figura de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y aportes de varios Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) y del Gobierno Nacional de Colombia, con destino a las víctimas  y sobrevivientes al Genocidio Político contra la Unión Patriótica, en la medida  que desde el inicio del programa, “presuntamente” se está presentando un “…carrusel en la asignación irregular y apropiación indebida de las ayudas humanitarias…” así como en la asignación de los proyectos productivos; de otro lado, he tenido conocimiento que “presuntamente” se han detectado como beneficiarios personas naturales que no son víctimas del conflicto armado y que hay otras que son presuntamente victimarios.

En cambio, a las pocas víctimas que han sido beneficiarias, “presuntamente” reciben unas sumas irrisorias, porque la mayor parte de la ayuda humanitaria  y del proyecto productivo al parecer se queda en manos de la persona que los presentó o que les ayudó a gestionar la consecución de los recursos.

De otro lado, “presuntamente”, a través de mecanismos no establecidos legalmente, se han obtenido cuantiosos recursos que son destinados a fines muy diferentes a la cuestión humanitaria.

Ahora, varias de nuestras compañeras han expresado  que han sido acosadas sexualmente por quienes las presentan o recomiendan  en estos trámites de ayudas humanitarias y otras han sido humilladas y expulsadas de manera violenta de las oficinas donde funciona esta gran empresa que administra los recursos para las victimas sobrevivientes “UP” .

Es del caso denunciar públicamente determinados eventos ilegales, como el de la señora Jenny López, a quien personas que dijeron pertenecer a la Unión Patriótica la acompañaron hasta un Banco y, “presuntamente” la despojaron de la mitad del apoyo humanitario.

Al compañero Eduardo Suaza (Q.E.P.D), lo despojaron de un millón de pesos ($ 1´000.000.oo) que le habían asignado por concepto de apoyo humanitario.

Al compañero  ISIDORO MORANTES JAIMES, hermano del Comandante de las FARC. EP. LUIS ALBERTO MORANTES JAIMES alias “JACOBO ARENAS”, personas del partido Unión Patriótica al parecer lo incluyeron en un proyecto productivo, el cual ellos se encargaron de gestionar, obtuvieron los recursos, invirtieron las sumas recibidas en la instalación de una cafetería con razón social “La Aurita”, ubicada  entre la Avenida Caracas con Calle 39-17 y 39-07 de Bogotá, y a los pocos días llegaron y se la quitaron.

El caso del compañero ORFIRIO  ORTIZ a quien presuntamente en la CORPORACION REINICIAR,  sin causa justificable lo excluyó en un proyecto de confecciones, igualmente le esquilmaron los recursos recibidos por concepto de ayudas humanitarias.

En estas condiciones se encuentran cientos de personas naturales que pertenecieron históricamente a la Unión Patriótica y no han recibido ni un solo peso de ayudas humanitarias  y proyectos productivos y mientras tanto los dirigentes residen en lugares muy exclusivos de Bogotá.

El suscrito, en mi condición de sobreviviente al genocidio político perpetrado contra de la Unión Patriótica, víctima de los denominados “falsos positivos judiciales” y de  la violencia por desplazamiento forzado, persecución y estigmatización por parte de los organismos de seguridad del estado y víctima del delito de secuestro, refugiado, y, ahora, gravemente afectado, junto con los miembros de mi núcleo familiar, por la misma difamación de personas que integran un sector del Partido Comunista de Colombia y del partido político Unión Patriótica, por exigir que se dignen rendir cuentas de los recursos que reciben de la comunidad internacional y del gobierno nacional, destinados a las víctimas y a los sobrevivientes de la U.P. y por haber adelantado, en mi condición de abogado , las acciones constitucionales reparatorias para las víctimas y sobrevivientes al genocidio político perpetrado en contra de la Unión Patriótica.

Me he enterado que en contra del suscrito existe una campaña de desprestigio que adelantan miembros de un sector del Partido Comunista de Colombia y un sector de la Unión Patriótica, razón por la cual en días pasados solicité, oficial y muy respetuosamente, a los líderes  de la colectividad oficialista, se dignen aclarar la situación , para que no se siga atentado contra mi honra, mi dignidad, mi buen nombre, mi prestigio profesional y colocando en grave riesgo mi vida e integridad personal, la de mi familia y la de determinadas personas que pertenecen a la U.P. y al Partido Comunista de Colombia, quienes se desplazan a las diferentes regiones  a socializar como suyas o de su exclusiva autoría y propiedad las demandas que el suscrito ha presentado y que continuación se relacionan:

PRIMERO:  Fui autor de la ACCIÓN DE GRUPO  impetrada por el GENOCIDIO POLÍTICO PERPETRADO EN CONTRA DE LA UNIÓN PATRIÓTICA, el cual cursa  en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca No. 2014-1449.,

SEGUNDO: Fui Autor de la ACCIÓN DE GRUPO  por el retiro injustificado de la Personería Jurídica al Partido UNIÓN PATRIÓTICA que cursa  en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca No. 2015-0831.

En estas dos  demandas el tribunal  ordenó hacer publicaciones por medios masivos de comunicación para que las víctimas o los eventuales beneficiarios se vinculen.


 

SOLICITÉ AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  DE CUNDINAMARCA se dignara comunicar el auto admisorio de la demanda a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, para los fines pertinentes, de conformidad con lo ordenado en la Ley 472 de 1998, por compartir una misma causa común, todos  los demandantes, ante la CIDH, todas las personas naturales que se encuentran incluidos en esta acción de grupo y sobre todo porque los actores y demás miembros del grupo hemos expresado que no nos sentimos representados en la demanda que presentó la dirección  de la UP, PCC a través de REINICIAR ante la CIDH.

TERCERO:  Impugnación de las actas del pleno ampliado año 2013  de la UNION PATRIOTICA, utilizadas para que el CNE, les asigne la personería jurídica; pues en esas actas se vulneraron flagrantemente los estatutos  de la UP, que de prosperar todo se caerá como castillo de naipes. (Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá expediente N° 2013-742), en la medida que presuntamente se presentó presunto concierto para delinquir.

CUARTO: Fui autor de la Acción de Grupo  por la reparación integral en favor de las víctimas en la antigua zona de distensión que cursa  en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca No. 2015-0681.

QUINTO: Implementé la Acción Popular N° 2008-115 para despojar a los congresistas condenados por la parapolítica de los salarios, aportes pensionales y reposición de votos.

SEXTO: Instauré múltiples denuncias penales contra EL CRIMEN ORGANIZADO  y los CARTELES EMPRESARIALES.

SEPTIMO. Adelanto el prerrequisito de procedibilidad para la acción popular  para RESTABLECER EL HONOR MILITAR  COMO INSTITUCION  Y LA DIGNIDAD DEMOCRATIVA DE COLOMBIA y CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA JUSTICIA RESTAURATIVA AL PUEBLO COLOMBIANO; en la que solicitare para restablecer  la moralidad administrativa y defensa del patrimonio público; se inicien todas las acciones judiciales, administrativas y legislativas, para que los altos oficiales, generales de la Republica  hasta los miembros regulares de baja graduación tanto del ejército nacional , policía nacional y demás miembros de organismos de seguridad del Estado, condenados  por cualquiera de delitos comunes , delitos de lesa humanidad , ejecución sistemática de civiles, falsos positivos militares y judiciales, narco paramilitarismo, conformación y financiamiento de grupos paramilitares,  narcotráfico ,lavado de activos, concierto para delinquir, desaparición forzada, masacres, asesinatos selectivos, acceso carnal violento de competencia de la JEP y de la justicia Ordinaria etc., dejen de seguir usando los grados, ascensos, reconocimientos y se orden a estas personas deben  retornar a la nación todos los recursos recibidos por concepto de salarios, bonificaciones, primas, pensiones y demás derechos recibidos; como también que se abstengan de seguir usando su grados, ascensos y reconocimientos hechos por el congreso, gobierno nacional y la misma institución Ministerio de Defensa Nacional, policía nacional y que además  se prohíba que sigan perteneciendo a las reservas de sus instituciones respectivas.


 

RESULTADOS OBTENIDOS.



 

1.-) En la ACCIÓN DE GRUPO N° 2014-1449- el Consejo De Estado estableció  que las víctimas del genocidio político perpetrado en contra de los directivos y miembros de la UNIÓN PATRIÓTICA, podían demandar en cualquier tiempo al Estado, en la medida  que para los delitos de lesa humanidad y genocidio político NO PRESCRIBE LA ACCIÓN PENAL y menos la caducidad de la acción para exigir la reparación integral.

Éstas y muchas otras situaciones que lindan con las amenazas y la difamación, me llevan a considerar  que cada día están más vulnerables mis derechos constitucionales fundamentales y los de mi familia, razón que me obliga a solicitar  nuevamente LA INCLUSIÓN DENTRO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN en mi calidad de sobreviviente al GENOCIDIO POLÍTICO PERPETRADO EN CONTRA DE LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA.

2.-) Se profirió Sentencia de primera instancia, favorable Acción Popular N° 2008-115 para despojar a los congresistas condenados por la parapolítica de los salarios, aportes pensionales y reposición de votos.

3.-) A lo anterior  se suma que permanentemente estoy dictando charlas sobre ley de víctimas, derechos humanos,  sin ninguna contraprestación.

4.-) De otra parte, es importante que el Estado colombiano proceda a revisar a los beneficiarios de los esquemas de seguridad “UP”, pues existen personas  que tienen este servicio como un lujo, dado que desempeñan ninguna función dentro de la organización política y mientras esto sucede los verdaderos activistas y luchadores no tienen medidas de seguridad.

LO CIERTO  ES QUE PARA ADELANTAR ESTA IMPORTANTE GESTIÓN y pese a los importantes recursos  que recibe la UP, el PCC y la CORPORACION REINICIAR, no nos suministran nada , al contrario en lugar de reconocer nuestro trabajo nos difaman.

Así las cosas concluirán porque han rechazado mi vinculación legal y la de mis compañeros, al programa “CASO UP”, respecto al cual se publica lo siguiente:

“… La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para examinar la responsabilidad del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), la decisión definitiva sobre el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Este emblemático caso, que fue reconocido como delito de lesa humanidad por la justicia colombiana en 2014, según la Corporación Reiniciar, que presentó la petición, pretende indemnizar a 6.528 víctimas, de las cuales 3.136 fueron casos de asesinato.

La Unión Patriótica, partido político que surgió en 1985, como resultado de las negociaciones de paz entre el presidente Belisario Betancur y las FARC, fue blanco del ataque sistemático del paramilitarismo, en algunos casos con la complicidad o la connivencia de miembros de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. 

La UP intervino en los comicios electorales de 1986 y 1988, pero la mayoría de sus elegidos fueron asesinados. Entre ellos dos candidatos a la Presidencia, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.

A través de la Corporación Reiniciar, la búsqueda de justicia llegó a los escenarios internacionales en 1993.

El caso fue admitido por la CIDH en 1997. Aunque se llegó a plantear una solución amistosa en los tiempos del gobierno Pastrana, la iniciativa se rompió durante la era Uribe.

Según informó ayer la Agencia Jurídica del Estado, la Comisión Interamericana presentó el informe de fondo sobre este histórico caso y de las declaraciones del organismo oficial se deduce que no salió a favor del Estado.

Aunque el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, no negó ni afirmó el sentido de la decisión de la CIDH, al parecer se reconoce la responsabilidad del Estado colombiano. 

Sin embargo, la posición del alto funcionario dejó ver que entre las recomendaciones del organismo se incluye reparar individualmente a las víctimas, circunstancia que no cayó bien en el Gobierno.

Incluso, Vélez manifestó literalmente que sería una indemnización muy onerosa para las finanzas nacionales.

La postura del Estado es que, de aceptarse su responsabilidad, las medidas de reparación sean de carácter colectivo. 

Por eso, el Gobierno anunció que el caso será enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que allí sea resuelto. “El Estado tiene la plena confianza de que una solución judicial de este caso permitirá adoptar las determinaciones que en derecho correspondan, sin desconocer los mecanismos de justicia transicional y el proceso histórico que está viviendo el país”, recalcó el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.

Técnicamente, esto implica que el Estado deberá enviar esta solicitud a la CIDH, ya que la Comisión es la única que puede hacer la remisión a la Corte.

Entre tanto, las víctimas, representadas por la Corporación Reiniciar tienen un mes de plazo para contestar.

Por lo pronto, su directora, Jahel Quiroga, anunció en diálogo con El Espectador que también quieren ir a la Corte IDH.

“Tengo entendido que la Comisión Interamericana declaró la responsabilidad del Estado colombiano por todos los casos que presentamos, y que reconoció que se deben reparar los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las amenazas y hostigamientos y las infundadas judicializaciones”, aclaró Quiroga, quien precisó que no conoce el contenido del documento.

“Queremos ir a la Corte Interamericana porque el caso es emblemático para el continente americano. 

Un Estado democrático de derecho no puede acabar a la oposición política, que es la que valida las democracias. El caso está en la impunidad completa.

De los 6.000 casos, la Fiscalía nos reporta 800.

Tenemos la obligación ética de insistir en la Corte IDH”, agregó.

A su vez, el director de la Agencia Jurídica del Estado observó que el organismo valoró el caso de la UP de manera individual y “no como uno colectivo y emblemático en el marco del conflicto armado”.

Vélez enfatizó en una rueda de prensa que no es claro cuántas víctimas dejaron los actos de violencia contra el movimiento político y aseguró que “en vez de girarle un cheque a una persona, lo que buscamos es que las reparaciones sirvan para ayudarles a los comunidades”.

“Esta posición desconoce la importancia e idoneidad de los mecanismos de justicia transicional con enfoque de reparación transformadora y colectiva, y en particular el establecimiento, en el Acuerdo de Paz, del deber del Estado de implementar mecanismos de reparación a favor de la UP”.

Para Quiroga, las víctimas tienen derecho a la reparación colectiva e individual porque una cosa no excluye a la otra…”

Para concluir  que son organismos que discriminan, son desorganizados e ineficientes y frente al contenido de esta denuncia, suplico al Ministerio del Interior se digne adoptar los mecanismos legales pertinentes, en aras de proteger mis y nuestros derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, así como los de los miembros de mi núcleo familiar y de las personas que han sido realmente víctimas de la violencia oficial, en su condición de miembros de la Unión Patriótica.


 

Anexo fotocopia informal de mi comunicación a las directivas de la Unión Patriótica.


 

En espera de una entrevista con la señora Ministra,


 

Cordialmente.



 

FRANCISCO BASILIO ARTEAGA BENAVIDES.

C.C.No. 19.347.746  de Bogotá.

T.P. No. 70.300 C.S.J.


 

JENNY LÓPEZ.

ORFIRIO  ORTIZ

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