"EN COLOMBIA SÍ HAY PARAMILITARISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO APOYADO POR EL IMPERIALISMO YANKEE"

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"...El paramilitarismo sí existe en Colombia como política de Estado y aupado por el Departamento de Estado yankee, USAID, la DEA, ICE, FBI, HS y la CIA con el apoyo bélico, imperialista, político, geoestratégico y fascista desde las Bases Militares yankees, fortines de Guerra internacional apostadas en calidad de invasoras en territorio colombiano..." 

Athemay Sterling
Consejero de Paz

 

1. POSTURA DEL ESTADO FRENTE AL FENÓMENO PARAMILITAR


Una actitud constante en los últimos años por parte de distintas agencias del Estado Colombiano y especialmente por parte del Gobierno Nacional ha sido la negación de la realidad del paramilitarismo. Luego de cuestionado proceso de desmovilización de parte de las estructuras paramilitares en el año 2006 el Estado adoptó la categoría de “Bandas Criminales” – Bacrim para continuar denominando las estructuras que sobrevivieron al paramilitarismo y las que se han creado y reproducido desde entonces.


Posteriormente, a través de la Directiva 015 de 2016 el Ministerio de Defensa modifica la categoría y engloba a estas estructuras bajo las denominaciones de Grupos Armados Organizados GAO y Grupos Delictivos Organizados GDO. Como consecuencia de ello se disponen métodos de combate a estas organizaciones que posibilitan emplear contra ellos el despliegue la máxima fuerza letal disponible. Las informaciones más recientes dan a conocer que para el Estado, los GAO identificados son: Los Pelusos, Los Puntilleros y el Clan del Golfo. Estos nombres corresponden a rótulos puestos por el Ministerio de Defensa a organizaciones que son conocidas como el Ejército Popular de Liberación – EPL (los Pelusos), El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) que agrupó a las estructuras paramilitares Libertadores de Vichada y Bloque Meta (a quien denominan como los Puntilleros) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Urabeños fundadas por Vicente Castaño (denominado Clan del Golfo). Según el Ministro de Justicia, este último es el que presenta mayor crecimiento a nivel nacional, al llevar a cabo acciones de expansión estratégica, lo que les ha permitido tener injerencia en 132 municipios.


Respecto a los GDO, la Fiscalía General de la Nación ha podido identificar 24 de estos grupos, entre los que se encuentran: las Oficinas de Cobro en el Valle del Cauca, las Odín en Medellín, los Rastrojos en Santander, la Constru en el departamento de Putumayo, y otras más. “En relación con estos Grupos- dice- ha sido posible establecer que se aprovechan de mercados de naturaleza ilegal para expandirse. De esta forma, el análisis del contexto ha mostrado que Colombia se encuentra en una situación en la que importantes mercados ilegales están dejando de ser controlados por organizaciones criminales que tienen una estructura jerárquica clara, para ser administrados por redes que se articulan alrededor del esos negocios ilícitos.”


Más recientemente, el Ministerio de Defensa ha clasificado las distintas estructuras criminales al margen de la ley en categorías denominadas Tipo A (GAO), Tipo B (GDO) y Tipo C (organizaciones más pequeñas que las anteriores).


Como se aprecia, en relación con estas estructuras el Estado pone el énfasis en sus mecanismos de financiación y en el control de mercados ilegales que dominan para definir su naturaleza. Se dejan al lado sus prácticas de control social y territorial, su dominio y sometimiento de las comunidades campesinas, indigenas y afrodescendientes, sus incursiones en la cooptación de las instituciones políticas, su ideología antisubversiva y sus prácticas contra-insurgentes que enfocan como enemigos a todos aquellos a todos aquellos que no se someten a sus modelos de dominación económica y control pólitico a nivel local y regional y tampoco sus nexos con los actores más relevantes del poder económico, político y militar a nivel regional y local.


En estas condiciones el Ministro de Defensa ha sido insistente en afirmar que “en Colombia no hay paramilitarismo”. Sin embargo, la presencia paramilitar no ha dejado de expandirse. Estos grupos, como se evidencia la expansión y control de las AGC (Clan del Golfo), desde Sucre, Córdoba y Antioquia y toda la región Pacífica desde el Chocó hasta Tumaco, siguen expandiéndose con la anuencia de la Fuerza Pública, en tanto que el anuncio Pacto Político Nacional consignado en el Acuerdo Final de la Habana para sacar la violencia de la Política no volvió siquiera a ser mencionado por el Estado Colombiano. Esta falta de voluntad para desmontar y judicializar el fenómeno paramilitar parece obedecer a una lógica según el paramilitarismo sigue siendo útil y no habría llegado aún el momento de desmontarlo.


Es por ello que los impactos de su accionar se siguen recrudeciendo. Paradójicamente, la disminución constante de homicidios que ha traído la desmovilización de las FARC y el cese bilateral de hostilidades concretado entre octubre 2017 y enero 2018 con el ELN se dio ha dado paralelamente a un incremento alarmante de los ataques a los líderes sociales, comunales, étnicos, ambientales y defensores de derechos humanos, especialmente en las regiones que han sido más afectadas por el conflicto armado. El retiro de las FARC de las zonas de conflicto no fue acompañado de una presencia institución del Estado respetuosa de derechos humanos y con políticas incluyentes para la población civil, ni tampoco para los propios ex - combatientes desmovilizados. Por el contrario, se ha presentado una expansión y crecimiento de estructuras paramilitares en estas regiones, que han entrado a controlar mercados legales e ilegales (minería, extorsiones, apropiación de tierras, explotaciones de recursos naturales) sino que han desatado una violenta ofensiva de control territorial y persecución y eliminación de líderes sociales. Durante el año 2017 se registraron 106 asesinatos de líderes y defensores/as de derechos humanos, con un incremento del 32,5% de casos, lo que representa la cifra más alta de asesinatos de líderes sociales desde el año 2002, según el Programa Somos Defensores. Para la Defensoría del Pueblo son 286 los líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y febrero de 2018.

Aunque el Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia destaca que el 57% de los casos de estos asesinatos perpetrados durante 2017 fueron perpetrados por sicarios, y que con respecto a los autores materiales 54 casos corresponderían a grupos paramilitares, 19 a grupos sin identificar, 3 a las disidencias o grupos residuales de las FARC, 4 a ELN, uno al EPL y 3 a la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa ha minimizado esta realidad que denota una dinámica sistemática de persecución y de ataques diciendo que los asesinatos de líderes sociales son por “motivos pasionales” o “lios de faldas”.

También el Fiscal General de la Nación ha tenido una postura que ha tratado de desconocer la naturaleza sistemática de las agresiones a los defensores de derechos humanos por parte de las estructuras paramilitares. Hasta hace poco el Fiscal General de la Nación sostenía permanentemente ante los medios que “no hay sistematicidad en los asesinatos de defensores de derechos humanos”.


Aunque luego la Fiscalia  parece haber cambiado un poco esta visión, la verdad es que los avances en la investigaciones de los asesinatos de líderes sociales solo han llegado en algunos casos hasta los perpetradores materiales, la verdad es que como afirma recientemente el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados”- Esta realidad ha llevado a que el Secretario General de Naciones Unidas haya manifestado recientemente que en Colombia “el resurgimiento de la violencia en varias de las zonas más afectadas por el conflicto y el persistente historial de asesinatos de líderes comunitarios y sociales son el principal motivo de preocupación en la actualidad”.


2. Naturaleza Actual del paramilitarismo

Una vez concluido el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que se sometieron a la justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los grupos restantes (que no se acogieron a la desmovilización) fueron denominados como Bandas Criminales o “Bacrim”, para diferenciarlos de sus antecesores y mantener la tesis de que la desmovilización de los paramilitares había sido un éxito. Sin embargo, el proceso de desmovilización de 2006 no logró vincular a todos los grupos paramilitares, no garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes y por el contrario, un número significativo de mandos medios y sus estructuras continuaron delinquiendo

El Estado continúa negando la existencia de grupos paramilitares y desde 2006 los bautiza con nombres que enmascaran su carácter político y los vínculos que estos grupos tienen con la institucionalidad; Bandas Criminales (BACRIM) o Grupos Armados Organizados (GAOs). El Ministro ha definido reiteradamente que “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada, desconociendo que la paternidad que el Estado tiene en la creación y mantenimiento de las estructuras paramilitares, favoreciendo su creación a través de distintos manuales de combate de contraguerrillas y de doctrina contrainsurgente del Estado



El paramilitarismo hace parte de una política de Estado, anclada en la doctrina de seguridad nacional,  la cual establece entre sus estrategias de lucha contrainsurgente, la persecución al movimiento social, opositores, líderes y lideresas sociales,  y defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes se les denomina enemigo interno y se les equipara con la guerrilla, y con base en ese fundamento se le estigmatiza y agrede. Para la sociedad civil es preocupante que pese al Acuerdo de Paz, esta doctrine esté vigente y no haya sido modificada, máxime que esta continua justificando y naturalizando las agresiones contra el movimiento social y de derechos humanos.

Su ubicación dentro de la ilegalidad los articula con economías ilegales como estrategia de financiamiento y de acumulación de poder económico y control político y territorial. Estas economías incluyen narcotráfico, contrabando, control de recursos públicos, extorsiones, minería ilegal, tráfico de armas y de personas entre muchas otras. Los categoría de grupos paramilitares se definen en función de su actividad contra lo que consideran “insurgencia” y no de sus actividades económicas.

La persistencia del fenómeno del paramilitarismo se puede explicar a partir de cuatro elementos; En primer lugar, no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron, en segundo lugar, los efectos de las desmovilizaciones, no fueron efectivos debido a que la desmovilización no fue simultánea. En tercer lugar, muchos mandos medios no se acogieron al acuerdo y siguieron delinquiendo y por último, los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo no fueron efectivamente investigados y sus estructuras se mantuvieron intactas en las regiones tras la desmovilización, y siguen sin rendir cuentas, aunque la legislación reciente para superar las atrocidades del conflicto les da la opción de hacerlo de manera “voluntaria”, ya que la justicia ordinaria no lo ha hecho y nada indica que lo hará.

Las nuevas estructuras paramilitares mantienen características y formas de acción de sus predecesoras pre-desmovilización a las que se agregan otras nuevas:

  • Las nuevas estructuras están integradas por personas que se desmovilizaron (Mandos medios y combatientes rasos) o no desmovilizadas (miembros de estructuras que no se sometieron a la justicia, personas vinculadas a la delincuencia común o nuevos reclutas). Un ejemplo de esto es que algunos de los principales líderes de los nuevos grupos paramilitares se desmovilizaron años atrás, este es el caso de “Otoniel” quien comanda las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC) también conocidas como “Clan del Golfo”. “Otoniel” fue desmovilizado del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

  • Control territorial: De acuerdo con Indepaz, en las zonas donde organizaciones como la AGC tiene unidades militares organizadas bajo un mando permanente, el modo de operación se cubre bajo una táctica de control social, que subordina a la población por medio de las armas, y además por un orden impuesto para los negocios ilegales y los sistemas de cobro por seguridad en todos los niveles (desde vendedores ambulantes hasta empresas mineras o comerciales). Para ejercer esta táctica de control social, los grupos armados cuentan con agentes de “autoridad” o “puntos” en los barrios, poblados o veredas que gobiernan y ejercen el control efectivo de los territorios. En algunos lugares, este control social se realiza mediante alianza o cooptación de bandas locales y la organización de grupos sicariales.

  • Persecución a defensores/as de DDHH y liderazgos sociales: Las nuevas estructuras paramilitares continúan con las amenazas y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientales y líderes que reclaman la restitución de tierras y derechos territoriales. Según información suministrada por el programa Somos Defensores, se estableció que en el periodo 2010-2017 se han presentado 3,485 agresiones a defensores/as de DDHH y 570 asesinatos, siendo los paramilitares responsables del 57,8% de los mismos. Durante el año 2017 se sindica a los grupos paramilitares de realizar 283 amenazas contra personas defensoras de DDHH lo que equivale al 76% de las amenazas registradas el año pasado. Los principales responsables de las amenazas son las “Águilas Negras” con el 36% de las mismas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el 14%. Esta información resulta llamativa, ya que según diversos informes elaborados por organizaciones de DDHH el grupo de las “Águilas Negras” tiene poca presencia territorial y mas parece obedecer a estrategias de acciones encubiertas de entidades que deberían al contrario ocuparse de la seguridad ciudadana. Se ha incrementado también los homicidios contra lideresas y defensoras de derechos humanos. Varios de estos asesinatos fueron precedidos por tortura y violencia sexual. En suma, los grupos paramilitares constituyen una grave amenaza contra las personas defensoras de DDHH, siendo responsables de la gran mayoría de agresiones con ellas.  

 

Agresiones a defensores/as 1

  • Practica contrainsurgente: Los grupos paramilitares, continúan con un lenguaje “anti-subversivo”, que se ve reflejado (entre otros) en las amenazas que envían a los/as defensores/as de derechos humanos y liderazgos sociales. Datos del programa Somos Defensores estiman que los grupos paramilitares siendo responsables del 76% de las amenazas contra personas defensoras de DDHH durante el año 2017. Además de esto, se evidencia esta práctica contrainsurgente en la confrontación armada directa con grupos rebeldes como el ELN. Situación que es especialmente crítica en los departamentos de Antioquia, y Chocó, resultando en este último una situación de vulneraciones de derechos de comunidades que sufren confinamientos, desplazamiento forzado, presencia de minas entre otras violaciones.

  • Relación con rentas ilícitas y control de mercados locales: De acuerdo al último informe realizado por Indepaz las principales fuentes de financiación de estos grupos se derivan del narcotráfico, la minería ilegal, tráfico de personas, el contrabando, la extorsión y el lavado de activos. Además siguen apropiándose de rentas en las entidades públicas. Respecto al narcotráfico se da mediante el control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, propiedad sobre los laboratorios, e inversión en infraestructura (submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de la droga, entre otras). La extracción de rentas de la minería se da mediante el control de zonas mineras, su explotación y comercialización.

  • Control violento de mercados legales. En mucha regiones el Estado no ha mostrado voluntad para controlar la expansión de actividades financieras controladas por el paramilitarismo como los prestamos “gota a gota” o el enriquecimiento ilícito producto de maniobras ilegales de cambios de uso del uso a través de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Tampoco se ha investigado la relación de autoridades locales y el clientelismo con estructuras paramilitares que podría estar relacionado con asesinatos de líderes sociales en distintas regiones. En regiones como Buenaventura el Estado no hace nada para impedir el control paramilitar de las economías locales y el comercio de productos de primera necesidad. Mientras a grandes distribuidos que pagan por protección a los paramilitares se les permite el mercadeo sin restricciones,  a los pequeños productores se les obliga a vender sus productos a los paramilitares y se les impide la comercialización libre de productos locales como plátano, carne de cerdo, huevos, etc. Igual situación sucede en otros municipios de la costa pacífica y aun en Risaralda.

  • Cooptación con poderes regionales: En las regiones donde cuentan con una fuerte presencia militar, los grupos paramilitares emergentes han logrado cooptar sectores políticos. En el año 2016 por ejemplo, la Fundación Paz y Reconciliación denuncio que por lo menos 40 congresistas, 14 gobernadores y 60 alcaldes de todo el país tendrían vínculos con organizaciones criminales. De igual forma, en el año 2014, denuncio que por lo menos 34 candidatos al Senado y Cámara de Representantes contaban con apoyo o tenían nexos con “bandas criminales”. Casos como el del Alcalde de San Juan en el Chocó o el de Cáceres investigados en Antioquia por nexos con grupos paramilitares demuestran su capacidad para tomarse e infiltrar los poderes locales.

  • Colaboración con fuerzas armadas del Estado (relación de miembros FP con grupos): En diferentes lugares del país se presentan casos de connivencia, nexos e incluso apoyos de parte de miembros de la fuerza publica a miembros de grupos paramilitares. En el año 2015 por ejemplo, se denuncio que altos mandos de las fuerzas militares en los Llanos Orientales recibían pagos mensuales de alias “Pijarvey” quien hacia parte del grupo paramilitar “Libertadores del Vichada”. En Antioquia un mayor de la policía hacia parte activa de la estructura de las Autodefensas Gaitanistas bajo el mando de alias “Inglaterra”. En este mismo departamento fueron capturados más de 18 policías por Nexos con el Clan Usuga. Ejemplos de nexos directos de miembros de la Fuerza Publica con miembros de estas estructuras ilegales hay muchos, sin embargo, mas allá de ellos también resulta preocupante la omisión de acción por parte de la Fuerza Publica hacia miembros de estos grupos. El nodo Antioquia de la CCEEU denuncia en su informe sobre el paramilitarismo en Antioquia que la Fuerza Publica no actúa como debería ante estas amenazas, “Un ejemplo es el desplazamiento reportado en Puerto Claver, El Bagre, donde 570 personas tuvieron que abandonar el territorio por enfrentamientos entre las FARC-EP20 y las AGC y donde hace presencia el Batallón Especial Energético Vial N°5. En la vereda Pio X de Ituango hubo desplazamiento forzado de 12 familias (31 personas), a pesar de estar ubicada a menos de 10 minutos del casco urbano donde hay efectivos de la Policía Nacional”.



3. Estado actual del paramilitarismo en Colombia

De acuerdo al XIII Informe sobre Narco-paramilitarismo realizado por Indepaz, para el primer semestre de 2017 los grupos paramilitares tenían actividad en 274 municipios de 28 departamentos, mostrando una alta intensidad en 165 municipios de 23 departamentos. Todo indica que la presencia se articula desde las capitales y municipios más importantes. Pero en subregiones de otros departamentos, su permanencia durante los últimos ocho años indica que tienen negocios y aliados importantes en ciudades. Así ocurre también en Tumaco, Buenaventura, Cúcuta, San Andrés, Puerto Asís, Valledupar y San José del Guaviare. En 5 departamentos (Córdoba, Chocó, Meta, Antioquia, Risaralda) la presencia de grupos narco-paramilitares supera el 50% de sus municipios. Precisamente, estos 5 departamentos concentran el 33% de los homicidios perpetrados contra defensores/as de DDHH. La situación en Nariño se ha venido agravando en el último año, según informes recientes de la Defensoría del Pueblo, especialmente en las regiones de la Costa Pácífica, el Piedemonte Costero, los municipios de la Cordillera, el occidente de Nariño y los municipios de la frontera con Ecuador.

 

Por otra parte, del estudio realizado por Indepaz se desprende que por un amplio margen el grupo denominado “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia) es el que tiene una mayor presencia territorial, con un alcance de 22 departamentos y 211 municipios. A este le sigue “Los Rastrojos” con presencia en 27 municipios de 7 departamentos y las “Águilas Negras” con presencia en 24 municipios de 10 departamentos. Otros grupos como “Los Puntilleros”, “Cordillera”, “Los Pachenca” y “La Constru” también han aparecido como actores a nivel territorial a una escala menor.

En Antioquia, según Informe del Nodo Antioquia de la CCEEU, tras el proceso de desmovilización de los paramilitares, se ha registrado una reconfiguración de estas estructuras. Según la cartografía social, el 96% (121) de los municipios en Antioquia reportan presencia paramilitar. En la actualidad, la expansión y dominio principal es de las AGC, conocidas también como Clan del Golfo o los Urabeños (97 municipios). La segunda estructura con mayor presencia en la región es la OVA (27 municipios), seguida por otras estructuras paramilitares (19), el Clan Isaza (14), Pachelly (11), ACN (9), Los Chatas (6), Los Triana (5), Nueva Generación (4), La Mano que Limpia (3), Los Rastrojos (2), Águilas Negras (2), y los grupos denominados Convivir, con presencia en Medellín (35 grupos). De los 121 municipios que reportan presencia de grupos paramilitares, 69 tienen presencia de un grupo paramilitar, 34 de dos grupos y 18 de tres o más estructuras, lo que evidencia el grado de copamiento de algunos territorios.


Alianza Criminal del Norte ACN (Oriente, Norte y Valle de Aburrá) surge al interior de la OVA. Facción  apadrinada por las AGC, no están subordinados sino que se coordinan para ejercer dominio territorial, social y económico. Actualmente, se posicionan como una fuerza determinante y autónoma en el marco de las estructuras paramilitares de Antioquia. La presencia ubicua de grupos paramilitares en Antioquia es resultado del poder que han acumulado las AGC y la OVA y del surgimiento de alianzas (ACN) que parten del Valle de Aburrá hacia las zonas rurales del departamento. El fortalecimiento de las estructuras de carácter más local conlleva graves riesgos para los pobladores ya que el poder y control que ejercen se traduce en homicidios, desplazamientos y desapariciones. Además realizan un fuerte ejercicio de coerción social y económica, impidiendo a las comunidades vivir de manera libre, sin temor y con plenos derechos, entre ellos los de expresión, asociación y organización.


 

Haciendo el ejercicio de contrastar los mapas sobre presencia de grupos paramilitares y agresiones registradas contra personas defensoras de DDHH, se puede notar que en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Choco, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Meta hay casi una relación directa con presencia de grupos paramilitares. Igualmente, el paramilitarismo ha enfocado su acción criminal en contra de los desmovilizados de las FARC y los integrantes del nuevo partido surgido del proceso de negociación, de los cuales han sido asesinado más de 50 integrantes.


 



4. El Paramilitarismo como principal Obstáculo para la Restitución de Tierras

En seis años de aplicación a la Ley de Víctimas Restitución de Tierras y los decretos ley para los grupos étnicos, el proceso ha estado marcado por el asesinato y amenazas contra reclamantes, funcionarios y operadores judiciales. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, 45 reclamantes fueron asesinados entre 2012 y enero de este año. Funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras ya han sido antes, como es el caso del topógrafo Robinson Álvarez Quemba, cuando medía un predio en el municipio de San Roque (Antioquia); aunque también se han conocido denuncias de intimidaciones y amenazas en 2015 contra jueces especializados de Quibdó y Santa Marta.

Sin embargo, el ataque a una comisión judicial que realizaba una inspección judicial para un proceso de restitución de tierras en el que fueron asesinados con explosivos 8 agentes de la Policía Nacional que escoltaban la comisión, demuestran que el paramilitarismo de las AGC en el norte de Urabá y en el Departamento es cada vez más fuerte, a pesar de las llamadas Operación Agamenón I y II y que están allí precisamente para impedir que los señores de la tierra que despojaron con violencia a miles de campesinos en estas regiones se vean obligados a restituir las tierras de que se apropiaron y seguirán usufructuando. Se conoce que el dueño del predio que iba a ser objeto de inspección es el paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez alias “Monoleche”. Situaciones como estas están inhibiendo a reclamantes de tierras a reclamar sus derechos como víctimas.

A pesar de los esfuerzos de los Juzgados Especializados de Tierras basados en Apartadó que estudian decenas de demandas, la consolidación de las AGC en esta región, y su control de gran parte de la representación política local, hacen prever que como ya ha sucedido antes, las sentencias de restitución no pueden cumplirse porque el Estado central se muestra incapaz de aportar garantías de seguridad para los campesinos y los propios funcionarios que atienden la restitución, en tanto que gran parte de la institucionalidad local está cooptada por funcionarios puestos, financiados o que trabajan al servicio de estas estructuras criminales.

5. El Paramilitarismo como política de Estado

Las organizaciones sociales hemos constatado que las normas y manuales contraisurgentes que ordenan la creación de grupos paramilitares, juntas de autodefensas o estructuras de civiles armados continúan vigentes y no se conocen normas expresa que hayan derogado estas políticas, que han sustentado la doctrina de la seguridad nacional y la concepción del “enemigo interno”. Los cambios anunciados en la publicitada doctrina Damasco no permiten evidenciar que estas directrices hayan sido derogadas, además por el hecho de que la sociedad ha sido excluida del debate sobre la nueva doctrina. Manifestaciones concretas de la pervivencia actual del paramilitarismo como política actual pueden evidenciarse en hechos como los siguientes.

1. El pasado 30 de marzo pasado integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en su recorrido de Semana Santa entre las veredas la Esperanza y Mulatos Medio pudo tomar fotografías del campamento paramilitar que se encuentra emplazado en la finca de un señor de apellido Muñoz. Al día siguiente 1 de abril, durante otro recorrido religioso la comunidad pudo constatar la presencia de numerosos paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera. Luego, durante la primera semana de abril denuncia la comunidad que los paramilitares asentados en la vereda Playa Larga, donde se ubica su asentamiento central de esta estructura en la zona, han conminado a los líderes de la Comunidad de Paz a entrar en contacto con los líderes paramilitares con el fin de llegar a acuerdos con ellos, o de lo contrario procederán a asesinarlos, mientras ponen como ejemplo el de varias juntas comunales o campesinos y finqueros de la región, de quienes afirman ya se encuentran sometidos a sus planes o directrices.

Mientras todo ello sucede a ciencia y paciencia de las entidades de la fuerza pública en la región, es la propia comunidad quien ha tenido que encarar la misión de protegerse de las agresiones de los paramilitares. El pasado 29 de diciembre de 2017 la Comunidad del asentamiento de San Josesito, pudo detener a dos de los paramilitares que incursionaron ese día con el fin de asesinar a algunos de sus integrantes. Luego de destruir sus armas, los paramilitares fueron entregaros al Defensor del Pueblo, pero fueron puestos inmediatamente en libertad a solicitud de la Fiscalía 97 Seccional por violación a sus “derechos fundamentales”, en tanto que a la comunidad se le ha abierto un proceso por secuestro, que está en trámite bajo el Radicado 05001600784201800001.

2. Igualmente, comunidades asentadas alrededor de la Represa de Urrá en Tierralta, Córdoba han denunciado el control de navegación en la represa durante la noche es cedido por la Infantería de Marina a los paramilitares, prohibiendo todo tránsito a la población civil, para habilitar intensas actividades criminales en las horas de la noche, en una región en donde los paramilitares han logrado someter a los pobladores mediante el terror, obligando a muchos de ellos a tomar la decisión de desplazarse.

3. La situación de apoyo de la fuerza pública al paramilitarismo no es distinta en el Chocó. El pasado 27 de marzo a la 1:00 pm un grupo de 80 paramilitares obligó a los pobladores a realizar una reunión en el lugar conocido como La Laguna en el territorio colectivo de Jiguamiandó denuncia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. A pesar de la intensa presencia militar en esta región del Chocó, estos nunca actúan para proteger a la comunidad de dichos atropellos. Tal vez ello se explique por el hecho de que los paramilitares actúen para proteger los intereses de poderosos empresarios de la región. La denuncia afirma que en dicha reunión los paramilitares exigieron a los pobladores que “debían dejar trabajar a los empresarios Darío Montoya, William Ramírez y Antonio Lopera”, argumentando que “es gente de bien que beneficia la a la zona”.

4. En el caso de Urabá, candidatos a las diferentes alcaldías han recibido dineros dinero de las ACG, en especial la del municipio del Apartadó; a esto se suma el desvió de los recursos, en especial en 2016, cuando se desvió mil millones de pesos que eran para mejorar la infraestructura educativa del corregimiento de San José de Apartadó, y terminó siendo invertido en pavimentación de las calles  del casco urbano de dicho municipio.  En Urabá, líderes sociales, juntas de acción comunal y procesos campesinos, han sido estigmatizados y agredidos, en especial se resalta el caso de la Asociación Campesina de San José de Apartadó- ACASA a quien agentes del Estado y paramilitares señalan como opositores al desarrollo del territorio, ya que la Asociación ha denunciado permanentemente la incursión de las AGC en las veredas, en especial el copamiento de las 33 veredas de San José de Apartadó, el desvío de recursos y la connivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo.  Es importante señalar que en Urabá las AGC han llamado a líderes y procesos sociales, a reuniones donde les indican que deben trabajar con ello o de lo contrario se tiene que ir del territorio o serán asesinados. La administración municipal de Apartadó, paga con recursos del erario público para que se desvertebrar procesos organizativos: ACASA, tal es el caso de César Jaramillo, funcionario de la Secretaria de Agricultura de Apartadó, quien en su trabajo con las comunidades expresa a los campesinos y campesinas, que se salgan del proceso organizativo de ACASA para que del desarrollo pueda llegar.

5. Es importante destacar que no hay resultado operativos de la Brigada XVII a pesar que el SAT de la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el despliegue por todo el departamento del Chocó de las AGC.




6. La impunidad de los actores, promotores y financiadores del Paramilitarismo

Según la Evaluación de la Contraloria General de la República al proceso de la Ley de Justicia y Paz hasta la fecha en el proceso de Justicia y Paz solo se han fallado 47 sentencias en las que se condenaron 195 postulados, tan sólo un 8,2% de los aspirantes a los beneficios de la legislación de Justicia y Paz

Respecto a la labor cumplida por la Fiscalía General en lo que le compete con la ley de justicia y paz, se constató que de 4.981 postulados, 2.603 (52%) salieron del sistema penal especial, debiendo destacar que la terminación por archivo de diligencias por parte de la Fiscalía llegó al 80,3%, trasladándose estos casos al inventario de la justicia ordinaria.

Los Magistrados de las Salas de Justicia y Paz excluyeron a 162 postulados, al comprobar que incumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley. Entre las más importantes causas de exclusión, se encuentran: renuencia a comparecer en las versiones libres 72 casos y reincidencia en la comisión de delitos 67 casos.

Igualmente, el retorno a las regiones de muchos postulados que han recobrado su libertad, y la reincidencia de muchos que no fueron judicializados ha generado situaciones de inseguridad en las regiones y puesto nuevas amenazas sobre el proceso de restitución de tierras, sin que se hayan adelantado los procesos de extinción de dominio de las tierras que estaban en su poder por despojo. En el Cauca este proceso está llevando a reforzar la reconcentración de la tierra.

En el reconocimiento de víctimas al interior de los procesos judiciales, de las 537.861 registradas ante la Fiscalía, solo el 5% han sido reconocidas en las sentencias, y solo el 39% de víctimas registradas (211.013) están relacionadas en las investigaciones que actualmente cuentan con imputación, según la Evaluacion realizada por la Contraloría General de la República al proceso de justicia y paz

La FGN sigue sin investigar las confesiones de los postulados en la jurisdicción especial de Justicia y Paz que evidenciaron la alianza y la participación de más de 120 empresas con las estructuras paramilitares, entre las que se encuentran: Drummond, Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol, Termotasajero, la Federación Nacional de Ganaderos y comerciantes, bananeros y ganaderos de Urabá, que fueron señaladas de financiar sus crímenes y ayudar a la expansión del proyecto.

Sin embargo Justicia y Paz no se ocupó de profundizar en las investigaciones para lograr el esclarecimiento de la responsabilidad de los terceros civiles y de los empresarios esto debido a que a esta jurisdicción solo se le otorgaron facultades para juzgar la responsabilidad de los combatientes y no de los financiadores y colaboradores.

Esta jurisdicción ordenó la compulsa de 15.291 copias para que en la justicia ordinaria se investigara a terceros civiles vinculados con hechos relacionados con el conflicto, muchos de los cuales hacen parte del sector empresarial del país. Según la Fiscalía General de la Nación en respuesta a derecho de petición de la Comisión Colombiana de Juristas, a Agosto de 2017, existina 16.116 compulsas.

Al día de hoy no existen avances importantes en la investigación, judicialización y juzgamiento de estos actores.  Esta es otra deuda que la fiscalía General de la Nación tiene con la sociedad y con las víctimas, esto a pesar del grupo especializado de Fiscales e investigadores creados a finales del año 2015 con el propósito esclarecer este tipo de criminalidad. Al día de hoy no existen resultados tangibles.   ¿Qué información, qué pruebas puede remitir la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz cuando a pesar del tiempo transcurrido desde que los crímenes fueron cometidos, no se ocuparon de investigar los hechos y avanzar en la recolección de evidencia que permitiera sustentar la responsabilidad de los empresarios?, ¿cómo podrían presentarse voluntariamente a la JEP a rendir cuentas sin que haya de por medio el estímulo de acusaciones o investigaciones avanzadas?}

7. El Proyecto de ley de sujeción a la justicia de los paramilitares no facilita su sometimiento.

El Gobierno Nacional acaba de presentar el Proyecto de Ley 198 de 2018 “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia” mediante el cual pretende crear mecanismos procesales e investigativos para combatir a las organizaciones criminales y a la vez “define un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados”. Aunque menciona que “este proyecto de ley es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del Acuerdo Final y el desarrollo del posconflicto” , la verdad es que sus disposiciones no facilitan dicho propósito, por al menos 3 razones.


En primer lugar, el proyecto más bien crea nuevos obstáculos para que el desmantelamiento del paramilitarismo pueda ser llevado a cabo mediante el sometimiento de sus integrantes o al menos la mayor parte de los mismo. El proyecto por el contrario introduce nuevos tipos penales relacionados con el accionar de estos grupos, introduce nuevos agravantes a los tipos en normalmente incurren e además incrementa las penas para estos delitos, para a continuación ofrecer como único incentivo para su sometimiento y confesión de sus delitos la rebaja de la mitad de la pena, pero sin permitir subrogados penales, rebajas de penas y manteniendo para los mismos la posibilidad de aplicarles la extradición. Al no ofrecer mecanismos claros para alcanzar la verdad a cambio de beneficios penales, más parece un proyecto para entrabar el sometimiento judicial de estos grupos y perpetuar la pseudo-confrontación que el Estado dice mantener con estas agrupaciones. Pareciera mas reflejar el temor de que estos grupos efectivamente se desactivaran y pudieran aportar la verdad sobre quienes han sido sus finaciadores, promotores y beneficiarios de sus acciones.


En segundo lugar, al igual que lo sucedido en el Decreto 898 de 2017 que creó la Unidad Especial de Fiscalia para el desmantelamiento de los paramilitares que finalmente sacó avante la pretensión de la Fiscalía de hacer de esta una unidad subordinada directamente al Fiscal y con poderes investigativos limitados para lograr el desmantelamiento de estas estructuras, el Fiscal General de la Nación vuelve a aprovechar esta ocasión para incrementar de manera desbordada e inconstitucional sus poderes punitivos, creando precedentes peligrosos para la garantía de los derechos fundamentales y extendiendo sus poderes a ámbitos que no guardan relación con la facilitación del sometimiento a la justicia de estas estructuras.

Asi por ejemplo, el articulo 6 del proyecto penaliza hasta con 10 años de cárcel la simple asesoría profesional, incluida la asistencia jurídica a organizaciones o miembros de organizaciones que estén siendo objeto de persecución penal por parte del Estado, en tanto que se compele a los abogados y otros profesionales a la tarea imposible de acreditar el origen lícito de los honorarios percibidos, cosa que solo podría realizarse cuando se trate de clientes que no tengan problemas con la ley, y por lo tanto no requieran de asesoría legal. Esta pretensión constituye una notoria vulneración de los derechos constitucionales a la defensa técnica, al debido proceso y al secreto profesional. El proyecto también introduce criterios de agravación punitiva a los delitos perpetrados por estas estructuras ilegales únicamente por la circunstancia de los que los hechos se hayan cometido en cualquiera de los 170 municipios seleccionados para los planes de desarrollo con enfoque territorial, como si la lesión a los mismos bienes jurídicos cuando son perpetrados por los mismos actores por fuera de estas zonas,  fuera menos lesivas de los bienes jurídicos. El mensaje pareciera ser que delinquir fuera de estas zonas los favorecerá con un trato más benévololo

SOLICITUDES Y COMPROMISOS ESPERADOS


Con base en los hechos precedentes y en recomendaciones que han formulado organismos internacionales que se han ocupado recientemente de los impactos de la presencia y dinámica paramilitar en distintas regiones del país nos permitimos formular las siguientes recomendaciones para avanzar en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y sus conductas criminales. Las organizaciones hacemos propias las recomendaciones tanto de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la MAPP-OEA y de la Misión de Verificación presentadas por el Secretario General de las Naciones Unidas y a continuación nos permitimos hacer las siguientes


1. El Estado Colombiano debe consolidar su presencia integral y efectiva en las zonas rurales, especialmente las zonas más afectadas por el conflicto armado con el propósito de profundizar el reconocimiento, fortalecimiento y respaldo a la legitimidad del trabajo de las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas; fortaleciendo además instrumentos de autoprotección como las guardias indígenas y cimarronas, y promover el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derecho en la constitución y el fortalecimiento de la cultura que los representa. El Gobierno debe comprometerse en la implementación participativa de las medidas sobre el programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, establecidas en el punto 3.4.8 del Acuerdo Final.


2. El Estado debe priorizar los cambios estructurales en las zonas rurales, particularmente en aquellas más afectadas por el conflicto, y a empoderar a la administración local y la justicia (i.e., las jurisdicciones transicional, ordinaria e indígena). Implementado las medidas establecidas en el Acuerdo Final, tales como los PDET, PNIS, PISDA con enfoque de género, territorial y étnico y su compromiso con la financiación. El Estado debe permitir a la comunidad Internacional acompañar los territorios y procesos, para que logren monitorear de manera constante los avances que en la materia se den, para garantizar el uso eficiente y efectivo de los apoyos económicos entregados por parte del gobierno, exigiendo resultados e impactos en materia de política pública.


3. El gobierno nacional debe comprometerse a la pronta y efectiva puesta en marcha de los programas y mecanismos contenidos en el Acuerdo Final para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, en especial las relacionadas con la tipificación penal del delito de paramilitarismo, el cuerpo elite de la Policía Nacional, y las medidas de lucha contra la corrupción que permitan el compromiso de los gobiernos locales de combatir los grupos locales.


4. La Procuraduría General de la Nación debe investigar y adoptar medidas administrativas y disciplinarias adecuadas en relación con las demoras en la implementación del Acuerdo Final y aplicar las sanciones disciplinarias para funcionarios que profieran estigmatizaciones a líderes y movimientos sociales que terminan agudizando la persecución por parte de grupos paramilitares, en aras de dar cumplimiento a la directiva 002 del 2017 de la Procuraduría General de la Nación.  Además de esto, proponemos que los demás órganos de control establezcan medidas de seguimiento, especialmente en lo relacionado con los retrasos para formular e implementar los planes contenidos en el Acuerdo Final para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y apliquen sanciones a funcionarios públicos y partidos políticos que hayan dado aval a sus candidatos o familiares incursos en investigaciones por vínculos con el paramilitarismo.


5. El Estado debe de manera pronta implementar medidas que permitan corregir los aspectos del sistema integral de justicia transicional que no se ajustan a las normas internacionales. Para ello, proponemos que sobre las disposiciones relacionadas con responsabilidad de terceros, funcionarios estatales no armados y responsabilidad de superiores militares de la fuerza pública que pudieran estar implicados en actividades de promoción o complicidad con los crímenes perpetrados por los  paramilitares u otras graves violaciones a los derechos humanos, la Unidad de Desmonte del Paramilitarismo adscrita en la Fiscalía General de la Nación, efectué de manera ágil y efectiva las investigaciones correspondientes; que contemplen estudios de contexto y la aplicación estricta de la Directiva 002/17 de la Fiscalía General de la Nación, así mismo, que dicha Unidad cumpla con el mandato del artículo 5, numerales 11 y 12 del Decreto 898 de 2017 relacionados con la presentación de informes periódicos ante la Comisión de Garantías y Seguridad.


6. El Gobierno Nacional debe implementar íntegramente y de manera pronta los compromisos frente a su política con relación a los cultivos de uso ilícitos introduciendo cambios estructurales que permitan que los campesinos se puedan integrar plenamente a la economía legal en el largo plazo. Las disposiciones del Acuerdo en materia de sustitución de cultivos ilícitos y reforma rural ofrecen una oportunidad histórica a miles de campesinos que desean sustituir sus cultivos ilícitos. El Estado y la comunidad internacional deben apoyar los esfuerzos de sustitución y no socavarlos mediante la erradicación forzada, esto con el fin de maximizar esta oportunidad histórica para los más de cien mil cultivadores de coca que han manifestado su interés en la sustitución.


7. La Fiscalía General de la Nación debe hacer pública la información relacionada con los casos resueltos correspondientes a los ataques a líderes y defensores de DDHH y su sistematicidad para así esclarecer los móviles que permitan alcanzar a quienes se benefician con este tipo de crímenes. Al respecto, el nuevo informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia concluyó que es necesario que “el enjuiciamiento efectivo de los autores materiales e intelectuales de los numerosos asesinatos cometidos en los últimos años sea la manera más eficaz de demostrar la determinación del país de acabar con la violencia”.


8. Los funcionarios estatales que presiden la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad deben mostrar voluntad expresa en para avanzar de manera pronta y eficaz en el diseño e implementación de las medidas que permitan el desmantelamiento de las estructuras criminales del paramilitarismo, liderando tanto las estrategias para su pronto sometimiento a la justicia como las medidas para atacar los factores que han permitido y propiciado la proliferación del fenómeno paramilitar, sus decisiones deben traducirse en acciones coordinadas y eficaces para desmantelar dichas estructuras y sus apoyos en el ámbito empresarial, político y militar. Se deben hacer rendiciones periódicas de cuentas sobre el cumplimiento de cada una de las funciones de la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías consagradas en el artículo 3 del Decreto 154 de 2017.  


9. La Fiscalía General de la Nación debe acelerar las investigaciones contra terceros financiadores del paramilitarismo, miembros de la Fuerza Pública favorecedores del paramilitarismo y funcionarios públicos, no armados que actuaron con colaboración o encubrimiento de estos grupos, incluidos todos quienes fueron objeto de compulsas de copias en el marco del proceso de la Ley 975. Igualmente, en la investigación de los ataques y asesinatos a líderes sociales la Fiscalía debe investigarlos bajo la presunción de sistematicidad que han demostrado estos ataques, lo implica investigaciones en contexto que permitan alcanzar a los determinadores, autores intelectuales y beneficiarios de estos crímenes, correlacionando los móviles y esclarececiendo los distintos planes que están detrás de su persecucion y exterminio.


10. El Gobierno Nacional debe establecer mecanismos de depuración de los miembros de las fuerzas armadas vinculados con hechos de paramilitarismo y graves violaciones a los derechos humanos y someter a Debate público la discusión de la doctrina de seguridad nacional y la transformación de la fuerza pública. Se deben derogar de manera expresa los manuales contrainsurgentes que promueven la creación de grupos paramilitares, juntas de defensa o de formas de civiles armados y debatir públicamente sobre la modificación a los manuales. Así mismo, se debe abrir un debate público, sobre la reforma a la ley de vigilancia y seguridad y aplicar las medidas necesarias para su regulación.

El Estado Colombiano debe comprometerse a disponer las medidas legales para que los archivos de organismos de inteligencia y seguridad del Estado y otras instituciones involucradas en el conflicto colombiano sean de libre acceso a investigadores, organizaciones de derechos humanos, victimas y público en general, como medidas que contribuyan a la labor de la CEV y garantías de no repetición.


11. La Unidad Nacional de Protección debe impedir que las personas que realizan labores de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos hayan desempeñado labores en entidades de la Fuerza Pública. El Ejército Nacional debe retirar la circular Número 20182490205837 que pretende ser un instrumento para garantizar la labor de las y los defensores de Derechos Humanos ya que en ella se establece entre otros elementos: “(… ) georreferenciar1 a los Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos que se encuentren en su área de operaciones, de conformidad con el Informe de Riesgo No. 010-2017. Asimismo, evidenciar el riesgo en el que se encuentren, si han solicitado medidas de protección ante la UNP, a cuantos se les han otorgado medidas y en qué consisten, información que será distribuida a las Unidades Subalternas”.   Es desafortunado que las Fuerzas Armadas pretendan proteger la vida, seguridad, libertad e integrad de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, mediante acciones de inteligencia militar que han sido denunciadas por las organizaciones sociales y comunidad internacional por haber contribuido al ataque sistemático contra de los líderes


12.  El Gobierno Nacional debe retirar el proyecto de ley 198/18 de sometimiento radicado en la actual legislatura en el Congreso de la Republica y llamar a que sea la CGS quien en cumplimiento de su mandato y con una amplia consulta  a la sociedad, victimas y organizaciones d de derechos humanos elabore nueva propuesta de sometimiento que recoja, entrega de rutas, bienes, verdad sobre financiadores, promotores, entrenadores, proveedores con el objeto de garantizar el desmonte completo de organizaciones de fachada y que contemple la entrega de bienes para reparar a las víctimas a cambio de beneficios que faciliten el sometimiento.



Bogotá, 16 de abril de 2018

Organizaciones de DDHH, Víctimas y Populares


http://fezlox649.blogspot.com.co/2018/04/peligroso-colombia-si-hay.html?m=1
C/113 # 7-21 Torre A Piso 11
1 Bogotá, Colombia
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