"Tránsito desde el martirio del vetusto Derecho Colombiano a la Jurisdicción Especial de Paz -JEP -"

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Por Athemay Sterling Acosta
 
Debo advertir como Consejero y propulsor de la Paz en Colombia que la Implementación del Acuerdo de  Paz le corresponde al Estado en todas sus instancias, Jurisdicción y Competencias, también presento estas necesarias consideraciones hoy que requerimos un Gobierno de Transición para alcanzar la Implementación de todo el Acuerdo Especial Humanitario de Paz, el mayor logro político, jurídico y popular en la historia de Colombia.
 
Más hoy cuando no es gratuito que Santos y EEUU en plena Implementación del Acuerdo de Paz y en el pretendido reacomodo geoestratégico fortalezcan la OTAN y se inmiscuya más en el Sistema Judicial Colombiano tan infiltrado por la USAID.
 
El Estado Colombiano para eludir su responsabilidad en crímenes perpetrados en el marco del Derecho Penal del Enemigo y de la Doctrina yankee de la Seguridad Nacional por agentes del mismo Estado temerariamente utiliza para cohonestar crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, principalmente, y querer lograr impunidad en contra de las víctimas, para esquivar su compromiso internacional de preservar con prevalencia procesal la necesaria Constitucionalidad del Derecho Internacional Público sobre los Derechos, conocida como control de Convencionalidad, y en nuestro lenguaje jurídico, con mayor precisión jurisprudencial, huirle al "control difuso de convencionalidad" como se denomina en nuestro lenguaje jurídico.
 
Este Control de Convencionalidad o Constitucionalidad del Derecho Internacional es el control difuso de convencionalidad.
 
Este "control difuso de convencionalidad"  no es para sólo tenerlo en cuenta los Jueces y Magistrados, sino todo el Estado y sus Instituciones, sin excepción de Jurisdicción, Instancia o Competencia.
 
No se puede eludir como equivocadamente emanan Fallos Iuris en sus Providencias estos operadores Judiciales que hoy viven otra etapa de sus vidas y no en contextos artificiales y nebulosos de muchos.
 
Hecho muy preocupante en tratándose sobre los Derechos de la Población y de las Víctimas; cuando estos Operadores Judiciales y Servidores Públicos utilizan el Derecho y la magistratura como arma de guerra en contra de los Derechos de las víctimas.
 
Convirtiéndose estos Jueces y Magistrados, en la mayoría de Sentencias en sus diferentes Instancias, en Determinadores y Sujetos Activos de la revictimización de los millones de víctimas y sociedad colombianas.
 
Fortaleciendo desde la Justicia al nefasto terrorismo de Estado. 
 
De ahí la importancia de la Jurisdicción de Paz JEP, que no puede eludir el "control difuso de convencionalidad" o Constitucionalidad del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos en forma indivisible con todos los Sistemas Regionales y Continentales sobre los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos.
 
Esta recomendación es para mis Alumnas y Estudiantes de Derecho tanto de Pregrado como para Jueces y Fiscales en Postgrado. 
 
De manera muy importante para los futuros Magistrados de la JEP, para el Estado, para las FARC en su conjunto, para la ciudadanía y los litigantes.
Como todos quienes vienen desde y con un impuesto Derecho vetusto sumiso a la guerra se requiere hoy que atiendan estas consideraciones que les presento con respeto y la crudeza objetiva de la realidad.
 
Como hemos venido conociendo desde otrora y hoy muchísimos errores judiciales por parte de varios Jueces en todas las Instancias Judiciales quienes: 
unos con su criterio de clase guerrerista y fascista del Derecho, otros por ligereza, también los que son apenas firmones quienes por no trabajar dejan todo en sus subalternos que erran casi siempre, etc..
 
Jueces y Despachos Judiciales que se han quedado en la mera hermenéutica interna del Derecho, despreciando también por craso desconocimiento, se han equivocado en sus Providencias revictimizadoras.
 
Serán estas Sentencias ineludiblemente revisadas por la JEP y nulitadas en pro de los Derechos de las Víctimas, para iniciar procesos de Reparación Integral colectivos e individuales, y así resarcir los errores que por acción u omisión ha cometido cada Operador Judicial en este languidecido Sistema Judicial, ilegítimo en el cual la mayoría de colombianos no cree.
 
Además del actuar judicial ilegítimo, también hay ficta mala fe, y otros que alineados con victimarios del Estado contra la Población Civil, debe ser avocada esta cantidad de conductas de prevaricadores que agudizaron el conflicto interno armado y social y por lo tanto sus Providencias revisadas y revocadas.
 
Aquí ANDAS, el CPDH, PALENQUE, DPDH, las víctimas de toda la pluralidad de hechos victimizantes y revictimizantes tenemos un papel rector en esta Etapa de Implementación, donde la Verdad Histórica, la Jurisdicción Especial de Paz, la Reparación Integral serán, como lo es ya mismo, tareas a realizar por quienes les competa, y el movimiento popular, social y cívico atentos para que el Estado no pretenda variar el Acuerdo Especial Humanitario de Paz, como realmente es en el Derecho Internacional Público.
 
Tanto los Magistrados de la JEP y toda Colombia debe entender que aunque Colombia hace parte de la OEA y le rige el Sistema interamericano de Derechos Humanos, además del Control de Convencionalidad que hemos aludido, también se incorpora sin excepción todo el Derecho Internacional Público de los Derechos tanto mundial como los Sistemas Europeo y Africano de Derechos Humanos, así lo ha pactado Colombia como Estado Parte.
 
Y penoso es decirlo pero la experiencia nacional señala la ignorancia total sobre estos temas por parte de casi la totalidad de Servidores Públicos en todas las Ramas del Poder Público, Administrativo y Político en el País esquinero  de América del Sur que firmó el Tratado Especial de Paz atendiendo a la hermenéutica jurídica nacional, interamericana y mundial en su "complementariedad" y "control difuso de convencionalidad" como realmente se denominan.
 
Por último llamo a las personas de izquierda, derecha, a los Servidores Públicos, a los militares, a policías, a guerrilleros, a políticos, Activistas y Defensores de DDHH, a la población toda y en especial a los Gobernantes en cada Ente Territorial a Implementar el Acuerdo de Paz pues ya es su Deber legal hacerlo.
 
A entender también: que si bien el Derecho es una Forma de Conciencia Social ya autónoma, que refleja intereses políticos, económicos, culturales, materiales y subjetivos expresión de la correlación de fuerzas políticas en el Poder Colombiano, es el Derecho en este contexto lo que prevalece, pues en Colombia todo es jurídico. Y así existe este sistema que obliga hoy estudiar mucho más para que nuestros estudiantes y alumnas de Derecho, nuestros políticos, abogados, gobernantes y la gente sepa cada uno que en esta transición política hacia una "paz estable y duradera" deben conmigo y el movimiento popular universitario por la Paz con Justicia Social propugnar por este Derecho Alternativo de Nuevo Tipo que estamos forjando por los Derechos, por la Vida Digna, por la Paz con Justicia Social, transformando colectivamente la sociedad para el avance del País y el Progreso de toda la Población sin excepción en una Nueva Colombia.
 
Y no ocurra que ignorantes del Derecho digan que todo es fatalmente político, despreciando erradamente al Derecho al cual acuden al final, aunque hayan renegado de él. 
 
Esto hace parte del decir "no cometer los errores del Pasado".
 
Pues todo es jurídico y político a la vez como ya lo he manifestado y sigo axiomándolo.
 
Muchas gracias.
 
Athemay Sterling Acosta
Consejero de Paz
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