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Lunes, 23 Abril 2018 13:19

La “guachificación” de las Farc

Por Alberto Pinzón Sánchez

 

La captura de Santrich por parte de la Fiscalía de Colombia, por orden de la justicia de los EEUU para extraditarlo, ha roto definitivamente la “unidad” aparente que hasta ahora había mostrado la FARC, poniendo al descubierto las profundas discrepancias que venían gestándose desde hace algún tiempo.

Era algo que ya la “Media del régimen”, tan sensible y solícita en inducir explicaciones, había insinuado con el viejo cuento de la línea dura y la línea blanda dentro de las Farc (“la línea mamerta y la línea revolucionaria que dicen los Uribistas), que convivían en su seno manteniendo a través de la autoridad máxima del “secretariado” un consenso unitario de acomodo y hasta artificial entre los diversos Frentes, que por razones de la guerra impuesta se hallaban prácticamente federalizados.

Una hipótesis bastante sugestiva sugiere que la fractura se hizo evidente durante “la negociación de la Habana”, desde el momento en que desde lo alto  se les impuso a todos sus delegados, la decisión de abandonar la consigna estratégica de continuar el Proceso Constituyente y darle forma final con una Constituyente Territorial que formalizara una nueva distribución del Poder tanto central como regional; para remplazarla por la “línea roja de Santos” de no hacer ninguna Constituyente y sustituir su legitimidad y legalidad por un incierto y costosísimo “plebiscito” electorero como mecanismo refrendatorio del Acuerdo alcanzado.

 

Los resultados deslegitimadores, de todo tipo, fueron el fruto de semejante estulticia política y de ahí en adelante, la Farc se montó en el tobogán cubierto, sin regreso y sin salida, hasta el estruendoso y deprimente porrazo con la tierra que significó haber convertido 52 años de resistencia al Terror Contrainsurgente del Estado, en 52 mil votos: Mil voticos por año.

 

Eliminada “conscientemente” y por lo más alto la posibilidad de hacer en la estructura de Poder de Colombia cambios constitucionales legítimos y legales como los pactados en la Habana, mediante un mecanismo amplio, democrático y popular como una Asamblea Constituyente Territorial, algo por lo que se había luchado (y se seguirá luchando) para reemplazados por unos parches porosos, sujetos a la buena voluntad de las clientelistas “bancadas” parlamentarias dominantes, o a las decisiones de los magistrados de las Altas Cortes; para el régimen dominante no siguió sino cantar y bordar en el camino de cumplir sus tres principales y siempre explícitas metas político-militares y económicas ( eso de la perfidia hay que mirarlo con lupa),metas que nunca fueron ocultadas:

 

Una, desarmar definitiva y apresuradamente “la guerrilla comunista más antigua del continente americano”, algo de lo que hoy se enorgullece Santos. Otra, convertir el proceso de paz con las Farc en un simple proceso de sometimiento y reincorporación, el cual, hasta los mismos miembros de antiguo secretariado están hoy pidiendo se cumpla con su reincorporación.

 

tres, cumplir finalmente la meta suprema dictada por la determinación economía, de que los dineros de la corrupción (sostén del régimen dominante) no se pueden distraer en reformas, ni cosméticas ni de ningún otro tipo. ¡Ay de los billones de pesos destinados a la implementación de la paz con las Farc desfalcados en el ministerio del Postconflicto del Liberal contrainsurgente Pardo Rueda!  ¡Ay de los 15 mil millones de pesos del ultimo desfalco de las heroicas Fuerzas Armadas de Colombia, verdadero dios Atlas con el régimen en los hombros!

 

Luego, como canto del cisne negro, vino el desastroso congreso constitutivo del partido de la rosa con su cuestionada presidencia, su cuestionada democracia interna, y sus cuestionadas y famosas “tesis de abril”, en donde se abandonaron, entre muchas otras cosas, los principios ideológicos y políticos rectores de tantos años de lucha para remplazarlos por una viscosa formulación denominada “teoría critica”, y con ello también abandonar en lo fundamental las reivindicaciones Territoriales que estaban eclosionando fuertemente en el movimiento de masas de la Movilización Social. 

 

Se supuso o se creyó equivocadamente que el Movimiento social (como en las tesis de abril de Lenin) iría a recoger y a hacer suyos los planteamientos globales del partido de la rosa. Pero sucedió lo contrario, la eclosión revolucionara de lo Territorial les volteó la espalda y continuaron la búsqueda en otros rumbos más representativos. Una vez más las masas movilizadas tenían la razón.

 

 Pero hay más. Otra hipótesis también sugestiva de todo este contradictorio proceso, poco tenido en cuenta (por aquello de haber abandonado el Marxismo) es lo relacionado al análisis de clase dentro de la misma Farc: Su secretariado y los 17 miembros que formaron la delegación de las Farc en la Habana y alcanzaron los Acuerdos con el gobierno de Santos, eran o son de extracción pequeño-burguesa; salidos de las muy abundantes y populares capas medias “radicalizadas”, con acceso a cierta educación, en los pequeños y medianos pueblos del complejo Rural-Urbano, como por ejemplo La Tebaida, hijos del comerciante pequeño, del artesano, de los empleados municipales, etc. 

No hay obreros de las grandes ciudades, ni sindicalistas, ni otras clases sociales avanzadas o progresistas de las grandes ciudades en esa estructura dirigente. 

La biografía de cada uno de ellos no deja dudas. No es un defecto, ni una crítica, ni un demérito, sino un hecho sociológico y político que tiene consecuencias y continuará teniéndolas.

En contra posición, la mayoría de las bases guerrilleras o “guerrillerada” que se llama, sin riesgo de “generalización”, si es de extracción campesina pobre explotada directamente, miembros de las comunidades étnicas y negras y hasta campesinos medios: Raspachines y cosecheros, jornaleros, campesinos y campesinas “cocaleros”, algo de lumpen rural y urbano meseras, cantineros, etc, quienes a diferencia de los pequeños burgueses, como diría Marx, no tienen nada más para perder que su cadenas, y, de ahí su ferocidad y crueldad indignante.

El desencuentro aludido y la división arriba mencionada, se dio cuando el delegado de base llamado “Gentil Duarte”, rompió con la delegación de las Farc en la Habana y se regresó subrepticiamente a sus bases guerrilleras, siendo inmediatamente declarado “disidente” por la Media del régimen y de “desertor” por la dirección máxima de las Farc.

¿Qué había pasado?

Que, con su olfato de indio discriminado y explotado, que durante tantos años había aprendido a sobrevivir al exterminio contrainsurgente confiando solo en su “arte guerrero” (no en la ciencia de la geoestrategia), percibió el engaño mortal que se estaba fraguando y no fue más. 

Y así, el vacío de dirección y conducción dejado por la pequeña burguesía popular se fue llenando espontánea y paulatinamente por guerrilleros desmovilizados de la base de muy diferente formación y experiencia (uno de ellos el Guache) quienes también percibieron el mismo riego mortal en el que habían sido llevados y se regresaron a su hábitat. 

Flujo aumentado por el genocidio sistemático de líderes sociales y ex combatientes de base guerrillera con sus familiares, adelantado por el régimen contrainsurgente como parte de ese mismo plan oficial arriba mencionado para el post conflicto.

El informe de la fundación ideas para la paz, recientemente publicado en el diario El Espectador (15 abril 2018) es una dramática muestra de ese proceso de “guachificación” que he denominado.  

Dieciocho (18) grupos “disidentes” de las Farc en proceso de formación y crecimiento irregular, distribuidos por todo el territorio de Colombia no es algo para menospreciar. Ver informe en:  https://colombia2020.elespectador.com/territorio/pie-de-fuerza-aproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-colombia

¿Cómo ha respondido el Gobierno de Santos? Rehén del gobierno de los EEUU; de los dineros de Sarmiento Angulo y su candidato Vargas Lleras. 

Con una explosiva situación de “orden público” en las fronteras ecuatoriana y venezolana.

Con un cambio en la sede de los diálogos del Ecuador. Dos escándalos de corrupción mega millonarios en el ministerio del post conflicto y en las FFMM, y, en la agonía de su gobierno.

 

Le ha entregado toda la nueva política contrainsurgente del Estado a quien fuera su “superministro de la presidencia” el Fiscal Martínez, quien acaba de introducir la última y remozada versión militar de la War on Drugs estadounidense como la política oficial de Colombia para combatir las disidencias de las Farc, enconar aún más la situación y el nuevo conflicto que está en marcha y MEXICANIZARLO; en lugar de recapacitar y confirmar una vez más que mediante la vía militar no se obtendrá ningún éxito verdadero y menos duradero.

Con todo, es necesario ver que debajo de todo este abigarrado acontecer fluyen dos procesos, quizás entrelazados, Uno, la eclosión de la movilización social y de lo Territorial (¿No han notado que Petro se pone un sobrero típico de la región en cada pueblo donde hace demostraciones electorales de masas?) 

Y otro, el proceso de “guachificación” de las llamadas disidencias de las Farc que apenas se ha iniciado, como parte del nuevo ciclo de violencia que está en marcha en Colombia, anunciando nuevos sufrimientos para el desventurado pueblo colombiano del Común.

Así las cosas, volvemos a las tres consignas básicas que desde hace tantos años se han planteado como una representación recurrente para sacar a Colombia de la crisis de podredumbre en la que se debate:

1- Solución Política al histórico conflicto social y armado de Colombia que en lugar de solucionarse parece enconarse cada vez más

2- Constituyente Territorial, amplia democrática para garantizar los cambios estructurales y la nueva distribución de los diferentes poderes en juego gestados en todo este proceso constituyente.

3-Movilización de Masas, en toda la amplitud del concepto.

Por Alberto Pinzón Sánchez
www.radiomacondo.f

 

Afirmaba el periódico El Tiempo (Colombia, abril 11 de 2018) refiriéndose al arresto de Jesús Santrich (partido FARC):La operación es similar a dos emblemáticas con las que la DEA logró capturar a los mayores traficantes de armas del mundo: Monzer Al Kazar y Víctor Bout. En esas capturas los agentes se hicieron pasar por narcos relacionados con las Farc. (1)  

Qué pena, pero eso no fue del todo así. En ambos casos la DEA suplantó a miembros de las FARC-EP para lograr su cometido. Y en el caso de Víktor Bout, todo fue un gran montaje. Y me huele que lo de Santrich va por el mismo camino y que a Marlon Marín se lo llevaron contra su voluntad.

   Según la revista The New Yorker (febrero 8 de 2010), Monzer Al Kazar, traficante de drogas y armas de nacionalidad siria,  jugó un papel en favor de los intereses de Estados Unidos en el escándalo Irán-Contras vendiendo en 1987 armas a los Contras de Nicaragua por lo cual recibió pago por parte del militar estadounidense Olíver North;pero fue útil para el imperio hasta 2007 cuando para justificar su “guerra contra el terrorismo” dos “miembros” de las FARC-EP, “Carlos” y “Luis” (en realidad dos guatemaltecos al servicio de la DEA), se le aparecieron en su casa para comprarle armas. Toda la operación fue grabada con cámaras ocultas. Luego, la DEA sacó de la cárcel a un reconocido criminal, “Samir”, para que sirviera de señuelo y hacer mover la presa a un país seguro donde le pudieran echar mano. Monzer Al Kazar fue capturado en Madrid, extraditado a Estados Unidos y condenado en 2008 a una pena de 30 años.(2)

   Víktor Bout, exmilitar y próspero comerciante nacido en la exUnión Soviética, inició su negocio de transporte de carga con importaciones de diversos productos para las exrepúblicas soviéticas; cayó en desgracia cuando le sumó el transporte de armas –que no era prohibido para su tipo de empresa- hacia Afganistán y repúblicas africanas desobedientes a los intereses de Gran Bretaña o Estados Unidos y ante las cuales hoy la Corte Penal Internacional se ensaña así no hayan firmado el Tratado de Roma.

Si quiere ver a quiénes sí persigue la CPI visite este enlace:

http://arquivo.pt/wayback/20080315174247/http://www.interpol.int/Public/Wanted/Search/SearchWantedBy.asp?WANTEDBY=ICC

   Estudiando el caso de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, “Simón Trinidad”, miembro de las FARC-EP extraditado desde Colombia en 2004 y condenado en los Estados Unidos (2008) por un crimen que no cometió, llegué a conocer el dosier de Bout y la infame fabricación mediática y judicial de la DEA en su contra.(3)

Tanto para Simón Trinidad como para Víktor Bout la palabra justicia les ha sido más que ajena, totalmente negada. Una norma fundamental en los tratados de extradición obliga a que antes de la solicitud de extradición se debe hacer una declaración oficial de todos los cargos ya que cuando alguien es extraditado a los Estados Unidos de América, la corte de los Estados Unidos no puede agregar ningún cargo adicional ante la justicia del país que va a extraditar a la persona. Sin embargo, a Simón lo requirieron por tráfico de drogas y lavado de dinero (todos los cargos se cayeron) y lo condenaron por conspirar para mantener tres contratistas estadounidenses como rehenes. Este último cargo no estaba en la petición de extradición presentada y además, los contratistas eran prisioneros de guerra conforme al Derecho Internacional Humanitario (III Convenio de Ginebra, Título I, Artículo 4°, literal A, numerales 4 y 5).(4)

   

           El calvario de Víktor Bout comienza en el año 1998 con la demonización de su figura a través de una fabricación mediática que lo hacía ver como un magnate, mercenario inescrupuloso y frío. En el 2000, el exinvestigador belga de las Naciones Unidas, Johan Peleman –quien se autocalificaba como “experto en armas” pero no sabía que un AK-47 y un Kalashnikov eran lo mismo- contribuye a destruir la reputación de Bout. Peleman afirmaba que Bout había comprado en un año 60 aviones. A Víktor le inventaron un socio, Richarad Chichakli, un contador público el cual en un video puesto por él en YouTube, desde la clandestinidad, alega que todo vínculo con el comercio de armas es falso. Chichakli conoció a Bout 15 años atrás y su relación fue amistosa y empresarial legal.

Entre 2005 y 2007 surgen una película y un libro: “El Señor de la Guerra” protagonizada por Nicolas Cage(5) y los  publicistas Stephen Brown y Douglas Farah publican el libro “El Mercader de la Muerte” (en referencia a Bout). El bombardeo mediático fue inmisericorde: todos los días se producían artículos, descontextualizaban fotografías en donde lo hacían ver como un traficante de armas cuando en realidad era un observador pasivo frente a la presencia de militares del gobierno de esos países en donde estaba haciendo o buscando hacer negocios. Bout se dejaba fotografiar en todas partes porque no tenía nada que esconder. Le inventaban varios alias y que tenía 15 pasaportes. Después hasta juegos de video aparecieron con su figura de “malo”. Toda esta propaganda sucia contra Bout comienza a surtir efecto y varios países le cierran las puertas “al villano”.(6)

¿Qué hemos visto con el caso de Jesús Santrich? El mismo aparato de propaganda mediática en radio, televisión y prensa desaforado, desbocado y totalmente inclinado a presentarlo como culpable sin ser vencido en juicio. Sin que se presenten siquiera las pruebas completas y en contexto que se dicen tener. Incluso la circular de la Interpol lo denomina en inglés como “fugitive” y en español como “prófugo”. ¿No es acaso eso ya un prejuzgamiento? Además, quien debe ordenar la captura es un juez o la fiscalía colombiana pero no la Interpol. Ni siquiera se había designado la juez en Estados Unidos y fue el muy cuestionado “Gran Jurado” –muy criticado por exonerar policías que matan a los negros- quien profirió la decisión de implicar a Santrich. La figura medieval inglesa del “Gran Jurado” no existe en el ordenamiento jurídico colombiano.

Sorprende y preocupa también la enorme coincidencia con el caso Bout, de la presencia de Nicolas Cage en Colombia (abril 1 de 2018) sólo unos días antes de la captura de Santrich. No por el buen actor en sí, sino por lo que vino a hacer. Cito a RCN(7), sección “Superlike”: 

“Según se ha dado a conocer, el motivo de su visita está relacionado directamente con el rodaje de su nueva película ‘Running with the devil’, la cual narraría la historia de un agente de la DEA”. Se lee en The Hollywood Reporter (marzo 13 de 2018): “Nicolas Cage será la estrella en la película de acción y drogas ‘Corriendo con el diablo’”.La película fue escrita y es dirigida por Jason Cabell. Y dice más adelante: “Cabell se basó en sus experiencias de la vida real -trabajaba con la DEA en Colombia y sirvió en más de 100 países, incluyendo a Irak, dijeron las fuentes al The Hollywood Reporter”.(8)

Al parecer, la trama de la película de Cabell consiste en un cargamento de cocaína que viaja desde las selvas de Colombia, pasando por Mexico, Estados Unidos y Canadá. Como que el bueno de la película debe descubrir las rutas de la entrega controlada. ¡No se sorprendan si el malo de la película es ciego!

Pero sigamos con Bout…

gallery/nicolas cage

   Víktor Bout estaba prácticamente en bancarrota y había regresado a Rusia para buscar otra forma de ganarse la vida con la venta de implementos para cocina. Entonces comienza a ser contactado en 2008 por Andrew Smulian, un ciudadano británico y negociante que había conocido en 1997 en Sudáfrica. Smulian le dijo a Bout que tenía unos “miembros de las FARC-EP” que querían hacer negocio acerca de sus aeronaves de carga. Víktor inicialmente rechazó la oferta debido a su situación crítica y que no era seguro moverse a otro lugar debido a la mala fama mundial que le habían creado. Smulian viajó a Moscú en enero de 2008 para darle confianza a Bout y persuadirlo de que atendiera esa reunión con los “miembros de las FARC-EP”, pues tenían interés en sus aeronaves. Finalmente, el 22 de febrero de 2008 ante su apremiante situación económica y la insistencia de Smulian, Bout acepta reunirse en Bangkok, Tailandia, con Smulian y los “guerrilleros de las FARC-EP” que se hacían llamar “Carlos” y “Ricardo”. Víktor  manifestó a cercanos amigos en Rusia que se iba a Tailandia porque había una posible oportunidad para salir de problemas económicos al vender unos helicópteros o tal vez un avión.  Nunca mencionó armas.

   Lo que no sabía Víktor Bout era que Andrew Smulian estaba facilitando el trabajo de la DEA desde 2007, cuando le fabricaron una trampa en Curazao con dos “miembros de las FARC-EP” llamados “El Comandante” y ”Eduardo”, los cuales querían hacer un millonario negocio agrícola. Smulian acudió a la reunión y “los guerrilleros” le dijeron que tenían millones de dólares para comprar armas (fusiles para francotirador y misiles) y así combatir contra el ejército colombiano y los pilotos estadounidenses que los protegían. 

Los “guerrilleros” eran agentes encubiertos de la DEA. Después de Curazao hubo reuniones en Dinamarca y Rumania para hacer caer a Bout pero éste no asistió a ellas. La DEA necesitaba que Smulian hiciera salir de Rusia a Bout para poder arrestarlo.(9)  No es claro si Smulian ya estaba “colaborando” con la DEA desde Curazao o si la DEA esperó hasta Bangkok para aprehenderlo y ponerlo a colaborar.

 

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   En marzo 6 de 2008, Víktor Bout llega a un hotel de Bangkok, Tailandia, sitio de la reunión. La sala del piso 27 ya había sido adecuada por la DEA con cámaras y micrófonos ocultos. Allí llegan Bout, Smulian y los “guerrilleros de las FARC-EP” (agentes encubiertos de la DEA). La conversación se inicia con Bout diciendo: “Bien, mire, si usted trabaja con dólares todo va y será monitoreado por los Estados Unidos”. A lo que “Carlos” se expresa violentamente diciendo que ellos (las FARC-EP) saben cómo ellos (los Estados Unidos) son y que ellos (las FARC-EP) han estado luchando y esa es la razón por la cual ellos (las FARC-EP) quieren matarlos (a los estadounidenses). Bout les responde: “Bien, déjeme hacer una lista de sus necesidades”.

 

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   Luego, “Carlos” hace gestos de estar disparando y expresa que él quiere matar aquellos gringos hijos de puta.(10) Parece que para la DEA el “Ok” de Bout fue un consentimiento de las frases y gestos expresadas por “Carlos”. Los agentes de la DEA dicen que el que Bout se quedara oyéndolos (a los supuestos “guerrilleros”) decir eso y no irse por la puerta o mostrarles la puerta para que se fueran, era consentir que cometieran esos actos. Pero ese“Ok” de Bout es una muletilla muy común antes de iniciar una frase. Es como el “You know” (Tu sabes) que se usa mucho también al terminar frases y que es muy común en muchos hispanos, latinos y afroamericanos. Las palabras y gestos de violencia corrieron por cuenta de los agentes encubiertos de la DEA y no por parte de Víktor Bout. Es evidente que hubo prefabricaron de la conversación y esto fue muy bien planeado desde el principio. A Víktor Bout le tendieron una trampa, lo enredaron.

 
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gallery/bout table 5 (2)

 

 

      Bout fue arrestado en ese mismo lugar de la reunión y lo trataron de meter a un jet para llevarlo a Estados Unidos (como el secuestro de “Rodrigo Granda” en Venezuela para ser llevado a Colombia). La operación falló y tuvieron que dejar a Bout en manos de la justicia tailandesa. De Smulian se pierde el rastro (¿extradición exprés o secuestro a lo Marlon Marín?). Aparecerá después en New York City como testigo contra Víctor Bout.

Como no funcionó la doctrina Bush-Chenney-Uribe de pasarse por la faja el DIH y la soberanía del reino de Tailandia, Estados Unidos lo pidió en extradición y la audiencia se celebró en septiembre 22 de 2008, donde se presentaron los cargos de:“Conspiración con intento de asesinar estadounidenses”, “intento de asesinar funcionarios estadounidenses” e “intento de adquirir misiles tierra-aire y darle refugio a terroristas”.

El 11 de Agosto de 2009, la corte denegó la extradición por considerarla de carácter político y no criminal. Además porque, según el reino de Tailandia, no había méritos para extraditarlo, no había cometido delitos contra el reino y no había suficiente y fuerte evidencia. Del mismo modo, el reino de Tailandia no consideraba a las FARC-EP como grupo terrorista.

Bout ya estaba a punto de salir libre para Rusia y su esposa lo esperaba afuera de la cárcel. Pero algo inesperado sucedió…

  

gallery/colombia's letter

 

   Una carta del gobierno colombiano,(11) sellada como “Confidencial” y dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, dio un giro de 180 grados a los acontecimientos. Gracias a esa carta, los Estados Unidos apelaron y la Suprema Corte de Tailandia autorizó la extradición de Bout el 20 de Agosto de 2010.

Dice Bout en su dosier: “No hay caso, no hay pruebas, no ganaron ... ¡Estados Unidos pidió a Colombia para que le ayudara! Después de haber perdido el caso de extradición, el gobierno de Estados Unidos hizo que el gobierno de Colombia escribiera una carta al gobierno de Tailandia rogando que permitiera la extradición de Víktor Bout a los Estados Unidos. Es cierto, Colombia está pidiendo a Tailandia que extradite a Víctor a los Estados Unidos tratando de llevar a las FARC a juicio.

Las tácticas que fueron utilizadas por el gobierno de los Estados Unidos para obtener la desestimación de la demanda interpuesta en contra de la administración de Bush por Richard Chichakli, ahora están siendo utilizadas de nuevo como un último intento para forzar a Tailandia para extraditar a Víctor a los Estados Unidos. En el caso de Chichakli, como el gobierno de los Estados Unidos no pudo demostrar la comisión de cualquier infracción en contra de Richard, intentaron enjuiciar a Víktor Bout mediante la presentación de 1000 páginas de historias inventadas. Ahora, a la orden de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia está siendo utilizado para convertir la audiencia de extradición de Bout en un juicio a las FARC, “rogándole” oficialmente al gobierno de Tailandia, en nombre del gobierno de lo Estados Unidos, para que acepte el pedido de extradición a los Estados Unidos presentando 300 páginas de documentos relacionadas con sus propios asuntos con las FARC.

Siempre hemos dicho que este caso no es nada más que político, y el conjunto de evidencias permiten afirmarlo. El gobierno de los Estados Unidos mintió en todas sus alegaciones en contra de Víctor y las mentiras fueron expuestas después de que los Estados Unidos fallaron en mostrar las evidencias. ¿Quién podría imaginar que los Estados Unidos era el proxeneta de Colombia? La carta “confidencial” firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores está aquí, en inglés y en español, para su diversión”.(12)

Mas la historia no termina aquí…

   El 16 de noviembre de 2010, Víktor Bout fue extraditado a los Estados Unidos. El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov dijo que la decisión había sido ilegal, políticamente motivada y hecha bajo fuerte presión externa.(13)  

Durante el juicio que se realizó en la ciudad de New York, resulta muy llamativo que la Juez del Distrito, Shira Scheindlin, rechazara las primeras grabaciones por considerarlas forzadas.(14) Un duro golpe para la DEA. Pero no contaban con su astucia y en apuros le acomodaron más cargos a Bout, como compra ilegal de aeronave, fraude utilizando dispositivos electrónicos para engañar y obtener dinero de personas y lavado de dinero. Además, se jugaron la principal carta con Andrew Smulian quien apareció como “testigo clave” contra Bout y cantó mejor que Luciano Pavarotti todo lo que la DEA le compuso para hundir a Víktor y salvar su pellejo. ¿Hará lo mismo Marlon Marín?

El 2 de noviembre de 2011 el jurado de la Corte de Manhattan encontró culpable a Víktor. Y aquí otra perla: Hither Hobson, quien había sido parte del jurado, confesó luego que había quedado espantada al ver la película con Nicolas Cage y, obviamente, votó “culpable”.(15)

El 5 de abril de 2012, la juez Scheindlin condenó a Víktor Bout solamente por “conspirar para vender armas a un grupo extranjero considerado terrorista por los Estados Unidos”. Los demás cargos se derritieron como mantequilla en un pan caliente. La sentencia estipulada para este delito va de 25 años a cadena perpetua. La juez le aplicó la mínima condena de 25 años y consideró que era apropiada porque no había evidencia de que Bout hubiese cometido los delitos por los que fue acusado.

En octubre de 2015, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Marían Zakharova, dijo que Bout había sido “injustamente condenado” y que su caso era “otro paso del politizado sistema judicial estadounidense que claramente sigue las órdenes de arriba”.(16)

Luego de retirarse de la rama judicial, la juez afirmaría: “A este tipo lo enredaron en eso. Le ofrecieron muchísimo dinero… Yo le di la mínima sentencia que le podia dar”. Luego agregó que el castigo a Bout había sido“excesivo” e “inapropiado”.(17)

Escribió Antonio Caballero (Semana, febrero 3 de 2018, “El Retorno del Sapo):

 “Aquellas reformas pretendidamente ‘realistas’ que en nombre de la eficacia y por copiar servilmente la justicia norteamericana, tal vez la más corrupta del mundo (‘the best justice money can buy’, la mejor justicia que se puede comprar con dinero, como la llama la prensa de los Estados Unidos) desmantelaron la arquitectura del aparato judicial colombiano y lo agusanaron moralmente: pago de delatores, que nos retrotrajo a los métodos siniestros de la Inquisición que en su tiempo pudrieron de arriba abajo la sociedad de la España de los Austrias; jueces sin rostro, inspirados también en ella; regateo de penas, que las reduce o anula para quien pueda pagarlas: con denuncias, o con fichas de casino, o con plomo”.(18)

El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado al Sistema Judicial de los Estados Unidos como“una tomadura de pelo” y un“hazmerreír”.(19) En otra ocasión lo llamó “Rigged System”(Sistema Amañado), cuando el FBI dijo que no había encontrado nada en 650 mil correos electrónicos que podían implicar a Hillary Clinton en asuntos penales.(20)

El 21 de mayo de 2010 escribí:“Cuando la justicia opera como venganza deja de ser justicia y se convierte en arbitrariedad. El juicio a Simón Trinidad en Estados Unidos tuvo más de vendetta que de justicia”. Mi opinión no era solamente por el caso de Simón sino que el sistema es carcelero y arbitrario (las cárceles son privatizadas y por ende necesitan estar llenas para producir ganancia).(21) No en vano y de lejos, la pobración carcelaria de los Estados Unidos es enorme.

manera de conclusión, creo en la inocencia de Jesús Santrich y que a Marlon Marín se lo llevaron contra su voluntad. Pienso en Tulio Bayer y su “Gancho ciego”. Opino que es muy difícil esperar una evaluación objetiva e imparcial de todas las pruebas en el pedido de extradición hacia los Estados Unidos a sabiendas de las manipulaciones y campañas mediáticas contra Cuba, Irak, Libia, Siria y Venezuela que se han hecho y se hacen. Además, de ser extraditado, no recibiría un juicio justo en los Estados Unidos porque ya hay un prejuzgamiento hacia él y hacia todos los exmiembros de las FARC-EP. La DEA suplantó el nombre de la organización y se inventó operaciones con la sumisa ayuda del gobierno colombiano. Dudar es un derecho y yo desconfío mucho del modus operandi de la DEA. El caso de Víktor Bout y Simón Trinidad son dos claros ejemplos de dos sistemas judiciales que no ofrecen garantías a los procesados y una DEA que opera como un cartel más de la droga.

============OO===========

*Escritor, cineasta y periodista analista político internacional

   

Fuentes

  1. http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/asi-descubrieron-los-presuntos-nexos-de-jesus-santrich-con-narcotrafico-203226
  2. https://www.newyorker.com/magazine/2010/02/08/the-trafficker
  3. https://www.youtube.com/watch?v=lJwB3DecPA4
  4. http://guerrillaviaweb.blogspot.ru/2010/05/apuntes-sobre-el-caso-simon-trinidad.html
  5. http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Colombia-+Destape+del+poder+oligárquico-+Juan+carlos+vallejo.pdf
  6. https://www.youtube.com/watch?v=xooPoGuqzfE
  7. http://www.canalrcn.com/super-like/cine-y-tv/articulo-nota/nicolas-cage-causa-sensacion-en-colombia-3121
  8. https://www.youtube.com/watch?v=XvPGIcVRKco
  9. https://www.youtube.com/watch?v=xooPoGuqzfE
  10. http://victorbout.com/Documents/Colombia_MFA_Spa.pdf
  11. https://web.archive.org/web/20100402083928/http://www.victorbout.com:80/NewsandUpdates.htm
  12. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/20/AR2010082000452.html?sid=ST2010082202870
  13. https://sputniknews.com/us/201605041039036663-bout-scheindlin-fabricated/
  14. http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Colombia-+Destape+del+poder+oligárquico-+Juan+carlos+vallejo.pdf
  15. https://sputniknews.com/russia/201605041039060685-bout-scheindlin-repatriation/
  16. https://sputniknews.com/russia/201605041039060685-bout-scheindlin-repatriation/
  17. http://www.semana.com/opinion/articulo/el-retorno-del-sapo-antonio-caballero-columna-de-opinion/555806
  18. https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2017/11/02/trumps-mindless-insult-to-the-american-judicial-system/?utm_term=.c179c451a067
  19. https://www.youtube.com/watch?v=-H8OQ1ynqaQ
  20. http://guerrillaviaweb.blogspot.com/2010/05/apuntes-sobre-el-caso-simon-trinidad.html

  

 

http://www.radiocafestereo.nu/index.php/component/k2/item/3123-bout-santrich-preocupantes-coincidencias

Viernes, 20 Abril 2018 08:29

PISTILOS Y ESTAMBRE

PISTILOS Y ESTAMBRE

Iba cada una con otra al lado
De tres en tres otras en línea
Esa noche se medio alumbra

Con luces cómplices el amado
Entre nube arisca y alhambra
Élla clandestina sin que se vea

Todas desean ser polinizadas
Entre columnas esquiva aires
Polen y gemires arropan besos

Igual como las demás ansiaban
Con sólo verle alumbró la noche
Y al final reían luces y besaban.

Por Athemay Sterling
Bogotá Abril 19 de 2018

http://fezlox649.blogspot.com.co/2018/04/y-estambre-por-athemay-sterling-bogota.html?m=1
La extradición en la historia de la guerra y de la politica en Colombia, en el País y Gobernantes sumisos totalmente a los EEUU quien les determina su quehacer es tema jurídico, político, ético y estratégico a estudiar, conceptuar y actuar como jurista revolucionario.
 
Yankees quienes desde la Embajada lleva a candidatos, y hasta participa en campaña electoral doméstica con montajes y dinero sucio, 《recuerde sólo un caso el Irán-contras en Nicaragua》es utilizada para castigar alcontradictor político, para con base a élla perpetrar chantajes y montajes aprovechando errores de soberbios arrogados dirigentes que mandan pero no convencen, pero siempre dan declaraciones y gorjeam como ignaros políticos e ignorantes jurídicos, como ejemplo claro la perversidad del arcángel san gabriel y sus mecenas, favorecedores y favorecidos, quienes también son culpables de esta perfidia hacia la extradición, hoy de SANTRICH, mañana de otros y otras.
 
Esta perfidia del imperialismo, del Gobierno y de gente necesariamente de la FARC como incautos o como Sujetos Activos Criminales que la JEP debe determinar, por ser esta Jurisdicción la Competente es un imperativo.
 
Siempre soy solidario con mis camaradas y colegas académicos presos políticos y de conciencia; más aún por haber sufrido varias veces las peores torturas, vejámenes, infamias y perfidias de también algunos corruptos pseudoizquierdistas que coimaban a las víctimas, tal como lo denuncié en su momento, antes, desde la cárcel en EEUU y Colombia, y después ya libre con la solidaridad de HRF, la FIDH, el CPDH, Escritores, Políticos e intelectuales de todo el mundo, del Movimiento Universitario por la Paz, de Sindicatos y Organizaciones de DDHH de todo el mundo, a quienes reitero las gracias.
 
Mientras eso ocurría, tal como pasa hoy cuando SANTRICH, contradictores políticos del Régimen de AUV-BUSH y pseudoizquierdistas corruptos y pérfidos actuaban para que siguiera como preso político.
 
Es el momento para que sujetos activos o nó, intraneux y/o extraneux, manifiesten ante la JEP la Verdad de la criminalidad, corrupción y perfidia de individuos de dentro y fuera del Estado, de dentro y fuera de la FARC y ongs que también son trizadores y traidodores a la Patria, digan las verdades, denuncien hechos de corrupción y de coimadores de las víctimas.
 
Mientras más víctimas hay más coiman y se enriquecen a través de la corrupción, y hoy la perfidia hacia la extradición de revolucionarios.
 
Lea ahora dos Documentos que anexo:
 
1) Qué y cómo es la solidaridad real con SANTRICH, con la FARC y con el Acuerdo Especial Humanitario de Paz.
 
 
2) Escrito del Exmagistrado Jaime Araújo sobre la Extradición.
 
Pues hoy ser solidario de verdad con SANTRICH ante desproporcionado montaje realizado con la complicidad necesaria de parte de sus camaradas que también son sistemáticos y pérfidos escribientes del desierto intelectual y policíaco desde pseudoizquierdistas escribientes de cajón de alguacil de Despacho Judicial promiscuo.
 
 
PERFIDIA hacia la extradición, fomentada y usufructuada con muchísimos dólares para trizar a la FARC, a SANTRICH y al Acuerdo Final de Paz, como se llama, a favor de familiares de integrantes de FARC como Marlon Marín a quien vende por unos dólares en su misión policíaca hasta contra su tío Luciano Marín, y quién sabe a qué otros ingenuos y a batracios de todo tipo, pues el imperialismo no distingue entre revolucionarios auténticos y pérfidos batracios.
 
Ha existido perfidia por parte del Estado muchas veces donde siempre ha estado el imperialismo y sus agentes en las mismas filas "dando dedo" como dicen en la operación jaque, en la agresión al Ecuador, el asesinato fuera de combate a Raúl Reyes y Población civil en Ecuador, del mono jojoy y de Alfonso Cano, hay más ejemplos, pero son los más notorios, o emblemáticos como dice otra gente.
 
Athemay Sterling
Bogotá 19 de Abril de 2018
 
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La Justicia Especial para la Paz (JEP) entró en la misma onda de las altas Cortes en materia de extradición: aplicar consecuencias jurídicas a un supuesto delito sin verificar primero la ocurrencia del hecho
 
1.- CASO SANTRICH
El caso Santrich, nos puede servir de espejo retrovisor para mirar cómo estamos manejando el tema de la extradición en Colombia.
 
Si estamos respetando la garantía sustancial de sus derechos o por el contrario, si lo estamos haciendo de manera meramente formal, con grave riesgo para los mismos derechos, a pesar de que la constitución colombiana establece en su artículo 228, que el derecho sustancial prevalece:  La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes y en éllas prevalecerá el derecho sustancial”.
 
Lo primero que debemos aclarar es que la decisión de extraditar o no a sus nacionales, es una decisión que cada Estado adopta autónomamente, y la regla general, es que la mayoría de los estados no extradita a sus nacionales, prohibiéndolo a veces en leyes, a veces en su propia constitución.
 
Cuando lo autoriza, reviste ese acto de varias cautelas jurídicas sustanciales.
 
En Colombia, además de permitir la extradición de nacionales, el control que se hace sobre la solicitud de esa extradición, es meramente formal, lo que ha hecho que muchos colombianos hayan sido extraditados y luego repatriados, porque las pruebas contra ellos no fueron examinadas por los jueces en Colombia.
 
A título de ejemplo, veamos tres casos de colombianos extraditados, porque los jueces no cumplieron con su deber de ir más allá de lo formal; de mirar lo sustancial y ver las pruebas que se presentaban en su contra:
 
1.-  William Gil fue capturado en Palmira en agosto de 2007 por cargos de narcotráfico. Estuvo recluido en Cómbita por 13 meses y en septiembre de 2008 fue extraditado a Estados Unidos. En el 2009 fue deportado a Colombia sin recibir ninguna explicación.
 
Gil, que se perdió el nacimiento de su hija, anunció una demanda millonaria contra los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. 
 
2.- Gabriel Consuegra era un humilde vendedor de plátanos en Barranquilla, y su hijo Gabriel, un estudiante de enfermería, cuando fueron detenidos en junio de 2005 acusados de lavar más de 6.000 millones de dólares.
 
Tras ser extraditados, en 2007, ambos recobraron la libertad después de que una corte de Nueva York comprobó el error y los absolvió.
 
3.- Nelson Vargas Rueda fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2003.
 
Según las autoridades, este campesino era Carlos Julio Ávila, alias el ‘Marrano’, guerrillero de las Farc, acusado de matar en 1999 a tres indigenistas estadounidenses.
 
Después de pasar 30 meses preso en Colombia y un año en Estados Unidos, Vargas demostró que no era el ‘Marrano’ y regresó a Colombia, donde quedó en libertad.
 
2.- El formalismo de los jueces con el concepto del formalismo, lo que queremos significar es que los jueces que intervienen por una u otra razón en el proceso de extradición, no examinan en profundidad las pruebas que se presentan contra los colombianos pedidos en extradición.
 
Esta es la práctica habitual, tanto en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como en los casos en que se ha pedido la tutela ante la Corte Constitucional CC), con contadas excepciones.La situación se vuelve  más grave, por cuanto la Justicia Especial para la Paz (JEP), por conducto de su presidenta, ya adoptó una posición formalista, al absolver de manera retórica la pregunta que le fue formulada sobre si se ocuparían de la extradición de Santrich.
 
La respuesta es retórica, pues, quien lo pide en extradición, ya manifestó que eran delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz; y si eso es lo que va a verificar la JEP, su verificación es meramente formal y sería lo mismo a  no verificar nada.
 
Lo ideal es que primero verifique si se cometió o no un delito, para lo que debe examinar y exigir las pruebas, someterlas a las reglas de la sana crítica y establecer su poder de convicción, luego, y en segundo lugar, verificar la fecha del presunto delito.
 
Aquí, el orden de los factores sí altera el producto: la JEP, debe verificar ambas cosas, y en ese orden, ver primero si se cometió un delito, y sólo después, constatar la fecha del mismo.
 
Este orden lógico, es el mismo orden jurídico, pues todo orden jurídico es, en última instancia, norma jurídica, y la estructura de la norma jurídica es:
 
1) Supuesto de hecho (factum); y,
 
2) Consecuencia jurídica.
 
Por ejemplo: (a) el que mate a otro (supuesto de hecho), (b) tendrá una pena de prisión de 20 a 40 años (consecuencia jurídica).
 
Siguiendo este orden jurídico, diríamos: (a) el que cometa el delito de narcotráfico (supuesto de hecho), (b): será extraditado (consecuencia jurídica).
 
En síntesis, primero se prueba o comprueba el supuesto de hecho y luego se aplican las consecuencias jurídicas.
 
3.- Aristas difíciles del caso Santrich
El caso que nos ocupa tiene varias aristas difíciles: la primera es que la propia sala penal de la CSJ, en cabeza de su presidente, aceptó que el narcotráfico era un delito conexo con los delitos políticos, y especialmente el de rebelión; así lo aceptó también el Gobierno nacional y lo plasmó en los acuerdos de paz.
 
No se entiende cómo un delito puede ser conexo en un momento y no serlo en otro.
 
La segunda arista es que está abierta la discusión si el delito de narcotráfico puede ser un delito permanente o no.
 
Permanente, es el delito que se prolonga en el tiempo, como es el caso del secuestro. 
Si lo es, la consecuencia es que seguiría siendo de competencia de la JEP, aunque se haya prolongado después de la firma del acuerdo (caso distinto del delito continuado).
 
La tercera es que la constitución de Colombia prohíbe la extradición por delitos políticos, así expresamente consagrado en su artículo 35, modificado por el acto legislativo número 1 de 1997, que dice: “…La extradición no procederá por delitos políticos…”
 
4.-Algo de derecho internacional
El caso que nos ocupa está relacionado con algunos temas del derecho internacional, que es necesario examinar:
a) Control de convencionalidad
Con este concepto, queremos significar que todos los jueces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), incluidos todos los jueces de Colombia (CSJ, CC, JEP, etcétera), al aplicar una norma, o al desatar un litigio, están en la obligación de aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y todas las normas del SIDH.
 
Deben verificar y controlar que la Convención se aplica, y en caso de que exista un conflicto entre la norma de derecho interno y la Convención, deben aplicar la Convención y el SIDH.
 
Dentro de esas normas, se encuentra el debido proceso, una de cuyas manifestaciones esenciales es la posibilidad que tiene toda persona de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y a presentar las que le favorezcan.
 
Esta norma del SIDH, no puede ser suspendida nunca por un Estado, ni siquiera en las situaciones de emergencia o estados de excepción.
 
A la luz de esta teoría, tanto la CSJ, como la CC, la JEP y cualquier otro juez o funcionario administrativo, debería permitir que Santrich, controvierta las pruebas que se han presentado en su contra y que presente todas las que le sean favorables.
 
El antecedente de esta teoría, del control de convencionalidad, se encuentra en el derecho comparado, es la tesis del profesor Mauro Cappelletti, jurista italiano, quien refiriéndose a la Convención Europea de Derechos Humanos CEDH), concluía que los jueces europeos debían garantizar en cada una de sus intervenciones, que se cumplía la CEDH en cada uno de los países signatarios de ella.
 
Esta tesis fue trasplantada a la CIDH, primero como un salvamento de voto, del juez Sergio García Ramírez y después se convirtió en doctrina mayoritaria, tal como la tenemos hoy en día y por lo mismo aplicable a Colombia.
 
No sobra recordar que el tema del debido proceso también está contemplado como derecho fundamental, en el artículo 29 de nuestra constitución que dice:
 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
 
b) La REBELIÓN en la Declaración de Derechos de la ONU a pesar de la manifestación que hiciera Timochenko, de que la rebelión en Colombia había dejado de existir, sin embargo, su voluntad no tenía el poder para derogar la Declaración de Derechos de la ONU de 1948, que si bien es cierto, no es un tratado, hoy en día hace parte del sistema universal de derechos, con la misma jerarquía o valor de un tratado internacional, ya que la principal fuente de derecho, en el derecho internacional, es la costumbre, lo que se les olvidó a los juristas colombianos cuando fueron ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quienes les aplicaron normas del derecho del mar a Colombia, a pesar de que Colombia no era signataria de estas normas, ya que esas normas se habían convertido en derecho obligatorio, por la vía de la costumbre y por lo mismo aplicables a los estados, aunque no hubieran celebrado o ratificado ciertos tratados internacionales.
 
La Declaración de Derechos de la ONU, es aplicable a Colombia en su integridad.
 
Esta Declaración, si bien no contempla expresamente, como contemplaron otras, la resistencia a la opresión (Declaración Americana), o más radicales como la jacobina de 1793, que consagró el derecho de insurrección, prevé el Derecho de Rebelión, en el preámbulo, cuando al hacer la síntesis de las causas que dieron origen a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, señala que ese holocausto se ha producido por la falta de derechos humanos de todas las personas; y a renglón seguido como prevención de otro acto de barbarie, señala que sólo se podrá editar si se le entrega la totalidad de los derechos a todas las personas, en todo el mundo.
 
Veamos los apartes pertinentes al Derecho de REBELIÓN:
 
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”… 
y que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” (subrayas nuestras).
 
5) Casos excepcionales de control material sobre la extradición
 
Si bien es cierto, que tanto la CSJ como la CC (que casi siempre al fallar sobre extradición, ante el hecho de que los colombianos ya han sido extraditados, han manifestado que el hecho de la tutela ha sido superado, lo que en realidad equivale a la perpetuación de una injusticia y no a que la justicia se haya restablecido), en relación con la extradición, sólo han hecho un control formal y por regla general, no han controlado ni los hechos ni las pruebas de esos hechos, sin embargo, existen fallos que se salen de la regla general, y que han hecho primar lo sustancial sobre lo formal; las garantías de los derechos sobre los derechos sin garantías.
 
Uno de esos casos, correspondió al suscrito, en relación con una niña canguro, hija de padre ya extraditado y madre pedida en extradición, que no podía ser separada de su madre, con grave peligro para su vida.
 
En ese caso de tutelar los derechos de la niña se dio prelación al derecho sustancial como manda la constitución de Colombia.
 
Dejemos, que hablen los hechos y la parte pertinente de la tutela:
Tutela T-966 de 2008, MP: JAIME ARAUJO RENTERIA3.
 
3 Como fue señalado en el fundamento normativo de esta providencia, no existe acto de autoridad pública alguna que no sea justiciable en un Estado Social de Derecho, pues el poder constituido fue establecido por el constituyente –exclusivamente- para “(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”, dentro de un marco jurídico que determina sus competencias.
 
De esta forma, cualquier desviación de las autoridades públicas respecto a los límites planteados por el poder constituyente debe ser controlada por las instancias pertinentes.
 
En este orden de ideas, las autoridades de la República “(…) están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
 
Si un acto del poder constituido se desvía de los anteriores principios, entonces debe intervenirse mediante los recursos administrativos y judiciales existentes.
 
Así, aún cuando se trate del trámite de extradición de una ciudadana colombiana, aquella no puede transgredir los derechos fundamentales de los niños, para quienes las obligaciones del Estado y de los particulares tienen prevalencia.
 
El mencionado acto facultativo del gobierno no puede desconocer el derecho interno y menos el derecho internacional público, por lo que cualquier vulneración a los derechos fundamentales mediante tales procedimientos es justiciable a través de la acción de tutela.
 
Ahora bien, según el artículo 492 de la Ley 906 de 2004, “[l]a oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno (…),”[1] mas está sometida a controles por parte de la Corte Suprema de Justicia.
 
Es precisamente éste el fin que persigue el requisito del concepto previo y favorable.
 
La característica de la extradición como facultativa, es reiterada en el artículo 501 de la Ley en mención, donde se estableció – en el inciso 2º-  que “(…) si [el concepto de la Corte Suprema] fuere favorable a la extradición, (…) dejará [al Gobierno] en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
 
”[2] Concatenado a ésta posibilidad, el inciso primero del artículo 494 del Código de Procedimiento Penal consagra la potestad del Gobierno Nacional de “(…) subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas (…)”.[3]
 
3.4 Toda facultad discrecional está supeditada al respeto y obediencia de la Constitución y la ley.
 
Por ende, las anteriores potestades del gobierno deben ceñirse a las normas superiores - entre ellas los derechos fundamentales de los niños y niñas-, cuestión que obedece a los principios mismos del Estado de Derecho.
 
En este orden de ideas, los mencionados derechos y el deber de obrar conforme al interés superior de los menores, se constituyen en un imperativo que condiciona la extradición de María del Pilar Herrera López.
 
Como fue señalado anteriormente, lo conveniente –debido al estado delicado de salud del menor y al plan canguro en el que se encuentra – es que  Ángel de Jesús no sea separado de su madre.
 
Por ende, el Gobierno Nacional deberá:
 
1º) Decidir si confirma o no la concesión de la extradición y entrega de la ciudadana colombiana al resolver los recursos legales interpuestos.
 
2º) Si decide extraditarla, disponer que el menor viaje con su madre y permanezca con ella por lo menos durante el tiempo que ordene su médico tratante.
 
3º) Obtener la garantía, por parte de las autoridades competentes extranjeras, de que el menor viaje con su madre y permanezca con ella durante el tiempo antes indicado.
 
3.5 En conclusión, evidenciando que lo conveniente para el menor es no ser separado de su madre debido a su delicado estado de salud, y que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá debió amparar los derechos fundamentales del menor, y no lo hizo, la sentencia de instancia habrá de ser revocada. 
En su lugar, se concederá el amparo y se ordenará al Presidente de la República que, de conceder la extradición de María del Pilar Herrera López, condicione su decisión a que su menor hijo Ángel de Jesús Herrera López viaje y permanezca con ella en las condiciones aquí señaladas.
 
IV DECISIÓN
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución                              RESUELVE:
 
PRIMERO: 
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el veintidós (22) de mayo de dos mil ocho (2008), en la causa instaurada por María del Pilar Herrera López, como representante legal de su hijo, contra la Presidencia de la República, con citación oficiosa del Ministerio del Interior y de Justicia.
 
En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la salud y a tener una familia del menor Ángel de Jesús Herrera López.
 
SEGUNDO: 
ORDENAR al Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, que de confirmar la concesión de la extradición y la entrega de la ciudadana María del Pilar Herrera López a los Estados Unidos de América DISPONGA que su hijo Ángel de Jesús Herrera López viaje y permanezca con ella en las condiciones señaladas en el numeral 3.4 de las motivaciones de esta sentencia.
 
TERCERO:
 
ORDENAR al Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, que de confirmar la concesión de la extradición y la entrega de la ciudadana María del Pilar Herrera López, OBTENGA LA GARANTÍA, por parte de las autoridades competentes extranjeras, de que el menor viaje con su madre y permanezca con ella por lo menos durante el tiempo que ordene su médico tratante.”
 
 6.- CONCLUSIÓN
Como gran conclusión, podemos afirmar, que el Estado colombiano, está concediendo la extradición de muchos colombianos, sin hacer el control material que debe hacer, sobre los hechos que la originan, especialmente sobre las pruebas de esos hechos y la valoración de los mismos a la luz de las reglas de la sana crítica.
 
Que eso pone en peligro los derechos de los colombianos, comenzando por el derecho a la libertad y la violación del debido proceso.
 
Que es necesario acabar con el control meramente formal que hacen los funcionarios del Estado, comenzando por los de la rama ejecutiva y la rama judicial.
 
Que es necesario respetar la prohibición que establece nuestra constitución de extraditar por delitos políticos, dejando claro que los sistemas políticos, acusan a quienes piensan distinto, no de delitos políticos sino de delitos comunes, para encubrir su persecución ideológica.
 
Que el caso concreto que nos ocupa, debería servir, para mirar retroactivamente lo que hemos estado haciendo mal y corregirlo hacia el futuro, con el fin de garantizar los derechos de todos los colombianos, incluido el de SANTRICH.
 
No podemos seguir aceptando el control meramente formal, que es un fementido control y que en realidad es la violación de los derechos de todos los colombianos.
 
Que todos los funcionarios colombianos, administrativos y judiciales, deben garantizar la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de las demás normas del Sistema Interamericano de Derechos.
 
Ha llegado la hora de cambiar la regla general que utilizamos para hacer el control de la extradición de los colombianos, de control formal a control material como lo hizo la Tutela T-966 de 2008, y convertir esa excepción en regla general, para garantizar verdaderamente los derechos de todos los colombianos.
 
Sólo después de examinar las pruebas de los hechos, de someterlas a las reglas de la sana crítica y de valorarlas para ver si convencen sobre la comisión de un delito, debemos extraditar a SANTRICH o a cualquier otro colombiano.
 
Por ahora debemos exigir a todos los jueces que hagan este control material y no permitir que se vuelvan a salir con un argumento formal, como el de la fecha del presunto delito.
 
Que miren primero si hubo o no delito.-Jaime Araujo Rentería
 
[1] El texto completo del artículo en mención es el siguiente: “art. 492- Extradición facultativa. La oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.”
 
[2] El texto completo del citado artículo es el siguiente: 2art. 501 – Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto. El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.”
 
[3] El texto completo del inciso anterior es el siguiente: art- 494 – Condiciones para el ofrecimiento o concesión. El gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena. (…)”.
 
Prensa
RTVP
Bogotá Abril 19 de 2018
Miércoles, 18 Abril 2018 15:44

SOLIDARIDAD REAL CON SANTRICH

Por Athemay Sterling 
            
La solidaridad con el camarada SANTRICH va desde la denuncia del Montaje Judicial en uso del LAWFARE hasta la atención jurídica que realizamos para su liberación.

Actuar acorde a nuestra correcta política de la lucha política popular de masas en todos los escenarios, espacios y posiciones que se ocupe para construir un Estado Alternativo Popular de Nuevo Tipo donde prevalezca la Vida Digna para toda la población colombiana, es SOLIDARIDAD REAL.

También luchar por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia en Colombia y en el exterior. ES SOLIDARIDAD REAL. 

Seguir descubriendo a los infames traidores y a Equinos de Troya quienes financiados por la DEA y por el imperialismo siguen en la tarea de trizar los Acuerdos en alianza con el uriboparamilitarismo, que es otra forma que utiliza el imperialismo para dominar a los Pueblos. ES SOLIDARIDAD REAL. 

Rechazar política, legislativa, diplomática y JURÍDICAMENTE para abolir la extradición. ES SOLIDARIDAD REAL. 

Para acudir a la Convención de Viena y hacer valer en el Derecho Público Internacional el PACTA SUNT SERVANDA rescatar el primigenio y real Carácter de ACUERDO ESPECIAL HUMANITARIO DE PAZ a lo que hoy llaman simplemente "Acuerdo final", serio error, o grave concesión, o pérfida imposición; hoy a subsanar, y no dejarlo en los "pendientes". ES SOLIDARIDAD REAL. 

Luchar por el retiro y expulsión de las Bases Militares yankees que invaden el territorio colombiano es gran solidaridad con el Compañero Jesus Santrich víctima de perfida celada orquestada por el imperialismo, y cohonestada desde dentro y fuera. ES SOLIDARIDAD REAL. 

Democratizar y depurar a las FFMM, de Policía y al sistema judicial copados y ya cooptados por la DEA y USAID, es solidaridad con SANTRICH.

Igual seguir la lucha académica que desarrollamos por derogar toda la normatividad contrainsurgente que aún existe en Colombia. ES SOLIDARIDAD REAL. 

Igualmente fortalecer la vigilancia revolucionaria y tener muy claro que nunca deben confiar en el imperialismo ni en esta burguesía criminal colombiana. ES SOLIDARIDAD REAL. 

Pero la mejor solidaridad es seguir propugnando por la Vida Digna, por los Derechos, por la Soberanía Nacional territorial y judicial, por la PAZ CON JUSTICIA SOCIAL EN UNA NUEVA COLOMBIA.

SER REVOLUCIONARIO ES SOLIDARIDAD REAL

Athemay Sterling Acosta Abogado Defensor de los Derechos Universales 

CONSEJERO DE PAZ

Subdirector CPDH Valle

Director DPDH, Movimiento Universitario por la Paz y PALENQUE Colombia Bogotá Abril de 2018  

Martes, 17 Abril 2018 08:37

ATARDECER REFUGIADO


Refugio Sterling, dos de enero de 2014

Qué Sol en el frío lleno de colores
Miro desde la médula cordillerana

En medio del arrope y ladrar ágil
De la jauría que sin los dolores

Del mustio musgo ya pisado
Siguen conmigo viendo al Sol

Enclandestinando sus colores
Sin huir está sólo jugueteando

! Qué Sol en el frío lleno de colores !

Por Athemay Sterling ! 
Qué Sol en el frío lleno de colores
 

http://fezlox649.blogspot.com.co/2014/01/atardecer-refugiado.html?m=1

"...El paramilitarismo sí existe en Colombia como política de Estado y aupado por el Departamento de Estado yankee, USAID, la DEA, ICE, FBI, HS y la CIA con el apoyo bélico, imperialista, político, geoestratégico y fascista desde las Bases Militares yankees, fortines de Guerra internacional apostadas en calidad de invasoras en territorio colombiano..." 

Athemay Sterling
Consejero de Paz

 

1. POSTURA DEL ESTADO FRENTE AL FENÓMENO PARAMILITAR


Una actitud constante en los últimos años por parte de distintas agencias del Estado Colombiano y especialmente por parte del Gobierno Nacional ha sido la negación de la realidad del paramilitarismo. Luego de cuestionado proceso de desmovilización de parte de las estructuras paramilitares en el año 2006 el Estado adoptó la categoría de “Bandas Criminales” – Bacrim para continuar denominando las estructuras que sobrevivieron al paramilitarismo y las que se han creado y reproducido desde entonces.


Posteriormente, a través de la Directiva 015 de 2016 el Ministerio de Defensa modifica la categoría y engloba a estas estructuras bajo las denominaciones de Grupos Armados Organizados GAO y Grupos Delictivos Organizados GDO. Como consecuencia de ello se disponen métodos de combate a estas organizaciones que posibilitan emplear contra ellos el despliegue la máxima fuerza letal disponible. Las informaciones más recientes dan a conocer que para el Estado, los GAO identificados son: Los Pelusos, Los Puntilleros y el Clan del Golfo. Estos nombres corresponden a rótulos puestos por el Ministerio de Defensa a organizaciones que son conocidas como el Ejército Popular de Liberación – EPL (los Pelusos), El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) que agrupó a las estructuras paramilitares Libertadores de Vichada y Bloque Meta (a quien denominan como los Puntilleros) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Urabeños fundadas por Vicente Castaño (denominado Clan del Golfo). Según el Ministro de Justicia, este último es el que presenta mayor crecimiento a nivel nacional, al llevar a cabo acciones de expansión estratégica, lo que les ha permitido tener injerencia en 132 municipios.


Respecto a los GDO, la Fiscalía General de la Nación ha podido identificar 24 de estos grupos, entre los que se encuentran: las Oficinas de Cobro en el Valle del Cauca, las Odín en Medellín, los Rastrojos en Santander, la Constru en el departamento de Putumayo, y otras más. “En relación con estos Grupos- dice- ha sido posible establecer que se aprovechan de mercados de naturaleza ilegal para expandirse. De esta forma, el análisis del contexto ha mostrado que Colombia se encuentra en una situación en la que importantes mercados ilegales están dejando de ser controlados por organizaciones criminales que tienen una estructura jerárquica clara, para ser administrados por redes que se articulan alrededor del esos negocios ilícitos.”


Más recientemente, el Ministerio de Defensa ha clasificado las distintas estructuras criminales al margen de la ley en categorías denominadas Tipo A (GAO), Tipo B (GDO) y Tipo C (organizaciones más pequeñas que las anteriores).


Como se aprecia, en relación con estas estructuras el Estado pone el énfasis en sus mecanismos de financiación y en el control de mercados ilegales que dominan para definir su naturaleza. Se dejan al lado sus prácticas de control social y territorial, su dominio y sometimiento de las comunidades campesinas, indigenas y afrodescendientes, sus incursiones en la cooptación de las instituciones políticas, su ideología antisubversiva y sus prácticas contra-insurgentes que enfocan como enemigos a todos aquellos a todos aquellos que no se someten a sus modelos de dominación económica y control pólitico a nivel local y regional y tampoco sus nexos con los actores más relevantes del poder económico, político y militar a nivel regional y local.


En estas condiciones el Ministro de Defensa ha sido insistente en afirmar que “en Colombia no hay paramilitarismo”. Sin embargo, la presencia paramilitar no ha dejado de expandirse. Estos grupos, como se evidencia la expansión y control de las AGC (Clan del Golfo), desde Sucre, Córdoba y Antioquia y toda la región Pacífica desde el Chocó hasta Tumaco, siguen expandiéndose con la anuencia de la Fuerza Pública, en tanto que el anuncio Pacto Político Nacional consignado en el Acuerdo Final de la Habana para sacar la violencia de la Política no volvió siquiera a ser mencionado por el Estado Colombiano. Esta falta de voluntad para desmontar y judicializar el fenómeno paramilitar parece obedecer a una lógica según el paramilitarismo sigue siendo útil y no habría llegado aún el momento de desmontarlo.


Es por ello que los impactos de su accionar se siguen recrudeciendo. Paradójicamente, la disminución constante de homicidios que ha traído la desmovilización de las FARC y el cese bilateral de hostilidades concretado entre octubre 2017 y enero 2018 con el ELN se dio ha dado paralelamente a un incremento alarmante de los ataques a los líderes sociales, comunales, étnicos, ambientales y defensores de derechos humanos, especialmente en las regiones que han sido más afectadas por el conflicto armado. El retiro de las FARC de las zonas de conflicto no fue acompañado de una presencia institución del Estado respetuosa de derechos humanos y con políticas incluyentes para la población civil, ni tampoco para los propios ex - combatientes desmovilizados. Por el contrario, se ha presentado una expansión y crecimiento de estructuras paramilitares en estas regiones, que han entrado a controlar mercados legales e ilegales (minería, extorsiones, apropiación de tierras, explotaciones de recursos naturales) sino que han desatado una violenta ofensiva de control territorial y persecución y eliminación de líderes sociales. Durante el año 2017 se registraron 106 asesinatos de líderes y defensores/as de derechos humanos, con un incremento del 32,5% de casos, lo que representa la cifra más alta de asesinatos de líderes sociales desde el año 2002, según el Programa Somos Defensores. Para la Defensoría del Pueblo son 286 los líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y febrero de 2018.

Aunque el Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia destaca que el 57% de los casos de estos asesinatos perpetrados durante 2017 fueron perpetrados por sicarios, y que con respecto a los autores materiales 54 casos corresponderían a grupos paramilitares, 19 a grupos sin identificar, 3 a las disidencias o grupos residuales de las FARC, 4 a ELN, uno al EPL y 3 a la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa ha minimizado esta realidad que denota una dinámica sistemática de persecución y de ataques diciendo que los asesinatos de líderes sociales son por “motivos pasionales” o “lios de faldas”.

También el Fiscal General de la Nación ha tenido una postura que ha tratado de desconocer la naturaleza sistemática de las agresiones a los defensores de derechos humanos por parte de las estructuras paramilitares. Hasta hace poco el Fiscal General de la Nación sostenía permanentemente ante los medios que “no hay sistematicidad en los asesinatos de defensores de derechos humanos”.


Aunque luego la Fiscalia  parece haber cambiado un poco esta visión, la verdad es que los avances en la investigaciones de los asesinatos de líderes sociales solo han llegado en algunos casos hasta los perpetradores materiales, la verdad es que como afirma recientemente el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados”- Esta realidad ha llevado a que el Secretario General de Naciones Unidas haya manifestado recientemente que en Colombia “el resurgimiento de la violencia en varias de las zonas más afectadas por el conflicto y el persistente historial de asesinatos de líderes comunitarios y sociales son el principal motivo de preocupación en la actualidad”.


2. Naturaleza Actual del paramilitarismo

Una vez concluido el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que se sometieron a la justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los grupos restantes (que no se acogieron a la desmovilización) fueron denominados como Bandas Criminales o “Bacrim”, para diferenciarlos de sus antecesores y mantener la tesis de que la desmovilización de los paramilitares había sido un éxito. Sin embargo, el proceso de desmovilización de 2006 no logró vincular a todos los grupos paramilitares, no garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes y por el contrario, un número significativo de mandos medios y sus estructuras continuaron delinquiendo

El Estado continúa negando la existencia de grupos paramilitares y desde 2006 los bautiza con nombres que enmascaran su carácter político y los vínculos que estos grupos tienen con la institucionalidad; Bandas Criminales (BACRIM) o Grupos Armados Organizados (GAOs). El Ministro ha definido reiteradamente que “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada, desconociendo que la paternidad que el Estado tiene en la creación y mantenimiento de las estructuras paramilitares, favoreciendo su creación a través de distintos manuales de combate de contraguerrillas y de doctrina contrainsurgente del Estado



El paramilitarismo hace parte de una política de Estado, anclada en la doctrina de seguridad nacional,  la cual establece entre sus estrategias de lucha contrainsurgente, la persecución al movimiento social, opositores, líderes y lideresas sociales,  y defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes se les denomina enemigo interno y se les equipara con la guerrilla, y con base en ese fundamento se le estigmatiza y agrede. Para la sociedad civil es preocupante que pese al Acuerdo de Paz, esta doctrine esté vigente y no haya sido modificada, máxime que esta continua justificando y naturalizando las agresiones contra el movimiento social y de derechos humanos.

Su ubicación dentro de la ilegalidad los articula con economías ilegales como estrategia de financiamiento y de acumulación de poder económico y control político y territorial. Estas economías incluyen narcotráfico, contrabando, control de recursos públicos, extorsiones, minería ilegal, tráfico de armas y de personas entre muchas otras. Los categoría de grupos paramilitares se definen en función de su actividad contra lo que consideran “insurgencia” y no de sus actividades económicas.

La persistencia del fenómeno del paramilitarismo se puede explicar a partir de cuatro elementos; En primer lugar, no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron, en segundo lugar, los efectos de las desmovilizaciones, no fueron efectivos debido a que la desmovilización no fue simultánea. En tercer lugar, muchos mandos medios no se acogieron al acuerdo y siguieron delinquiendo y por último, los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo no fueron efectivamente investigados y sus estructuras se mantuvieron intactas en las regiones tras la desmovilización, y siguen sin rendir cuentas, aunque la legislación reciente para superar las atrocidades del conflicto les da la opción de hacerlo de manera “voluntaria”, ya que la justicia ordinaria no lo ha hecho y nada indica que lo hará.

Las nuevas estructuras paramilitares mantienen características y formas de acción de sus predecesoras pre-desmovilización a las que se agregan otras nuevas:

  • Las nuevas estructuras están integradas por personas que se desmovilizaron (Mandos medios y combatientes rasos) o no desmovilizadas (miembros de estructuras que no se sometieron a la justicia, personas vinculadas a la delincuencia común o nuevos reclutas). Un ejemplo de esto es que algunos de los principales líderes de los nuevos grupos paramilitares se desmovilizaron años atrás, este es el caso de “Otoniel” quien comanda las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC) también conocidas como “Clan del Golfo”. “Otoniel” fue desmovilizado del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

  • Control territorial: De acuerdo con Indepaz, en las zonas donde organizaciones como la AGC tiene unidades militares organizadas bajo un mando permanente, el modo de operación se cubre bajo una táctica de control social, que subordina a la población por medio de las armas, y además por un orden impuesto para los negocios ilegales y los sistemas de cobro por seguridad en todos los niveles (desde vendedores ambulantes hasta empresas mineras o comerciales). Para ejercer esta táctica de control social, los grupos armados cuentan con agentes de “autoridad” o “puntos” en los barrios, poblados o veredas que gobiernan y ejercen el control efectivo de los territorios. En algunos lugares, este control social se realiza mediante alianza o cooptación de bandas locales y la organización de grupos sicariales.

  • Persecución a defensores/as de DDHH y liderazgos sociales: Las nuevas estructuras paramilitares continúan con las amenazas y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientales y líderes que reclaman la restitución de tierras y derechos territoriales. Según información suministrada por el programa Somos Defensores, se estableció que en el periodo 2010-2017 se han presentado 3,485 agresiones a defensores/as de DDHH y 570 asesinatos, siendo los paramilitares responsables del 57,8% de los mismos. Durante el año 2017 se sindica a los grupos paramilitares de realizar 283 amenazas contra personas defensoras de DDHH lo que equivale al 76% de las amenazas registradas el año pasado. Los principales responsables de las amenazas son las “Águilas Negras” con el 36% de las mismas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el 14%. Esta información resulta llamativa, ya que según diversos informes elaborados por organizaciones de DDHH el grupo de las “Águilas Negras” tiene poca presencia territorial y mas parece obedecer a estrategias de acciones encubiertas de entidades que deberían al contrario ocuparse de la seguridad ciudadana. Se ha incrementado también los homicidios contra lideresas y defensoras de derechos humanos. Varios de estos asesinatos fueron precedidos por tortura y violencia sexual. En suma, los grupos paramilitares constituyen una grave amenaza contra las personas defensoras de DDHH, siendo responsables de la gran mayoría de agresiones con ellas.  

 

Agresiones a defensores/as 1

  • Practica contrainsurgente: Los grupos paramilitares, continúan con un lenguaje “anti-subversivo”, que se ve reflejado (entre otros) en las amenazas que envían a los/as defensores/as de derechos humanos y liderazgos sociales. Datos del programa Somos Defensores estiman que los grupos paramilitares siendo responsables del 76% de las amenazas contra personas defensoras de DDHH durante el año 2017. Además de esto, se evidencia esta práctica contrainsurgente en la confrontación armada directa con grupos rebeldes como el ELN. Situación que es especialmente crítica en los departamentos de Antioquia, y Chocó, resultando en este último una situación de vulneraciones de derechos de comunidades que sufren confinamientos, desplazamiento forzado, presencia de minas entre otras violaciones.

  • Relación con rentas ilícitas y control de mercados locales: De acuerdo al último informe realizado por Indepaz las principales fuentes de financiación de estos grupos se derivan del narcotráfico, la minería ilegal, tráfico de personas, el contrabando, la extorsión y el lavado de activos. Además siguen apropiándose de rentas en las entidades públicas. Respecto al narcotráfico se da mediante el control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, propiedad sobre los laboratorios, e inversión en infraestructura (submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de la droga, entre otras). La extracción de rentas de la minería se da mediante el control de zonas mineras, su explotación y comercialización.

  • Control violento de mercados legales. En mucha regiones el Estado no ha mostrado voluntad para controlar la expansión de actividades financieras controladas por el paramilitarismo como los prestamos “gota a gota” o el enriquecimiento ilícito producto de maniobras ilegales de cambios de uso del uso a través de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Tampoco se ha investigado la relación de autoridades locales y el clientelismo con estructuras paramilitares que podría estar relacionado con asesinatos de líderes sociales en distintas regiones. En regiones como Buenaventura el Estado no hace nada para impedir el control paramilitar de las economías locales y el comercio de productos de primera necesidad. Mientras a grandes distribuidos que pagan por protección a los paramilitares se les permite el mercadeo sin restricciones,  a los pequeños productores se les obliga a vender sus productos a los paramilitares y se les impide la comercialización libre de productos locales como plátano, carne de cerdo, huevos, etc. Igual situación sucede en otros municipios de la costa pacífica y aun en Risaralda.

  • Cooptación con poderes regionales: En las regiones donde cuentan con una fuerte presencia militar, los grupos paramilitares emergentes han logrado cooptar sectores políticos. En el año 2016 por ejemplo, la Fundación Paz y Reconciliación denuncio que por lo menos 40 congresistas, 14 gobernadores y 60 alcaldes de todo el país tendrían vínculos con organizaciones criminales. De igual forma, en el año 2014, denuncio que por lo menos 34 candidatos al Senado y Cámara de Representantes contaban con apoyo o tenían nexos con “bandas criminales”. Casos como el del Alcalde de San Juan en el Chocó o el de Cáceres investigados en Antioquia por nexos con grupos paramilitares demuestran su capacidad para tomarse e infiltrar los poderes locales.

  • Colaboración con fuerzas armadas del Estado (relación de miembros FP con grupos): En diferentes lugares del país se presentan casos de connivencia, nexos e incluso apoyos de parte de miembros de la fuerza publica a miembros de grupos paramilitares. En el año 2015 por ejemplo, se denuncio que altos mandos de las fuerzas militares en los Llanos Orientales recibían pagos mensuales de alias “Pijarvey” quien hacia parte del grupo paramilitar “Libertadores del Vichada”. En Antioquia un mayor de la policía hacia parte activa de la estructura de las Autodefensas Gaitanistas bajo el mando de alias “Inglaterra”. En este mismo departamento fueron capturados más de 18 policías por Nexos con el Clan Usuga. Ejemplos de nexos directos de miembros de la Fuerza Publica con miembros de estas estructuras ilegales hay muchos, sin embargo, mas allá de ellos también resulta preocupante la omisión de acción por parte de la Fuerza Publica hacia miembros de estos grupos. El nodo Antioquia de la CCEEU denuncia en su informe sobre el paramilitarismo en Antioquia que la Fuerza Publica no actúa como debería ante estas amenazas, “Un ejemplo es el desplazamiento reportado en Puerto Claver, El Bagre, donde 570 personas tuvieron que abandonar el territorio por enfrentamientos entre las FARC-EP20 y las AGC y donde hace presencia el Batallón Especial Energético Vial N°5. En la vereda Pio X de Ituango hubo desplazamiento forzado de 12 familias (31 personas), a pesar de estar ubicada a menos de 10 minutos del casco urbano donde hay efectivos de la Policía Nacional”.



3. Estado actual del paramilitarismo en Colombia

De acuerdo al XIII Informe sobre Narco-paramilitarismo realizado por Indepaz, para el primer semestre de 2017 los grupos paramilitares tenían actividad en 274 municipios de 28 departamentos, mostrando una alta intensidad en 165 municipios de 23 departamentos. Todo indica que la presencia se articula desde las capitales y municipios más importantes. Pero en subregiones de otros departamentos, su permanencia durante los últimos ocho años indica que tienen negocios y aliados importantes en ciudades. Así ocurre también en Tumaco, Buenaventura, Cúcuta, San Andrés, Puerto Asís, Valledupar y San José del Guaviare. En 5 departamentos (Córdoba, Chocó, Meta, Antioquia, Risaralda) la presencia de grupos narco-paramilitares supera el 50% de sus municipios. Precisamente, estos 5 departamentos concentran el 33% de los homicidios perpetrados contra defensores/as de DDHH. La situación en Nariño se ha venido agravando en el último año, según informes recientes de la Defensoría del Pueblo, especialmente en las regiones de la Costa Pácífica, el Piedemonte Costero, los municipios de la Cordillera, el occidente de Nariño y los municipios de la frontera con Ecuador.

 

Por otra parte, del estudio realizado por Indepaz se desprende que por un amplio margen el grupo denominado “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia) es el que tiene una mayor presencia territorial, con un alcance de 22 departamentos y 211 municipios. A este le sigue “Los Rastrojos” con presencia en 27 municipios de 7 departamentos y las “Águilas Negras” con presencia en 24 municipios de 10 departamentos. Otros grupos como “Los Puntilleros”, “Cordillera”, “Los Pachenca” y “La Constru” también han aparecido como actores a nivel territorial a una escala menor.

En Antioquia, según Informe del Nodo Antioquia de la CCEEU, tras el proceso de desmovilización de los paramilitares, se ha registrado una reconfiguración de estas estructuras. Según la cartografía social, el 96% (121) de los municipios en Antioquia reportan presencia paramilitar. En la actualidad, la expansión y dominio principal es de las AGC, conocidas también como Clan del Golfo o los Urabeños (97 municipios). La segunda estructura con mayor presencia en la región es la OVA (27 municipios), seguida por otras estructuras paramilitares (19), el Clan Isaza (14), Pachelly (11), ACN (9), Los Chatas (6), Los Triana (5), Nueva Generación (4), La Mano que Limpia (3), Los Rastrojos (2), Águilas Negras (2), y los grupos denominados Convivir, con presencia en Medellín (35 grupos). De los 121 municipios que reportan presencia de grupos paramilitares, 69 tienen presencia de un grupo paramilitar, 34 de dos grupos y 18 de tres o más estructuras, lo que evidencia el grado de copamiento de algunos territorios.


Alianza Criminal del Norte ACN (Oriente, Norte y Valle de Aburrá) surge al interior de la OVA. Facción  apadrinada por las AGC, no están subordinados sino que se coordinan para ejercer dominio territorial, social y económico. Actualmente, se posicionan como una fuerza determinante y autónoma en el marco de las estructuras paramilitares de Antioquia. La presencia ubicua de grupos paramilitares en Antioquia es resultado del poder que han acumulado las AGC y la OVA y del surgimiento de alianzas (ACN) que parten del Valle de Aburrá hacia las zonas rurales del departamento. El fortalecimiento de las estructuras de carácter más local conlleva graves riesgos para los pobladores ya que el poder y control que ejercen se traduce en homicidios, desplazamientos y desapariciones. Además realizan un fuerte ejercicio de coerción social y económica, impidiendo a las comunidades vivir de manera libre, sin temor y con plenos derechos, entre ellos los de expresión, asociación y organización.


 

Haciendo el ejercicio de contrastar los mapas sobre presencia de grupos paramilitares y agresiones registradas contra personas defensoras de DDHH, se puede notar que en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Choco, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Meta hay casi una relación directa con presencia de grupos paramilitares. Igualmente, el paramilitarismo ha enfocado su acción criminal en contra de los desmovilizados de las FARC y los integrantes del nuevo partido surgido del proceso de negociación, de los cuales han sido asesinado más de 50 integrantes.


 



4. El Paramilitarismo como principal Obstáculo para la Restitución de Tierras

En seis años de aplicación a la Ley de Víctimas Restitución de Tierras y los decretos ley para los grupos étnicos, el proceso ha estado marcado por el asesinato y amenazas contra reclamantes, funcionarios y operadores judiciales. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, 45 reclamantes fueron asesinados entre 2012 y enero de este año. Funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras ya han sido antes, como es el caso del topógrafo Robinson Álvarez Quemba, cuando medía un predio en el municipio de San Roque (Antioquia); aunque también se han conocido denuncias de intimidaciones y amenazas en 2015 contra jueces especializados de Quibdó y Santa Marta.

Sin embargo, el ataque a una comisión judicial que realizaba una inspección judicial para un proceso de restitución de tierras en el que fueron asesinados con explosivos 8 agentes de la Policía Nacional que escoltaban la comisión, demuestran que el paramilitarismo de las AGC en el norte de Urabá y en el Departamento es cada vez más fuerte, a pesar de las llamadas Operación Agamenón I y II y que están allí precisamente para impedir que los señores de la tierra que despojaron con violencia a miles de campesinos en estas regiones se vean obligados a restituir las tierras de que se apropiaron y seguirán usufructuando. Se conoce que el dueño del predio que iba a ser objeto de inspección es el paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez alias “Monoleche”. Situaciones como estas están inhibiendo a reclamantes de tierras a reclamar sus derechos como víctimas.

A pesar de los esfuerzos de los Juzgados Especializados de Tierras basados en Apartadó que estudian decenas de demandas, la consolidación de las AGC en esta región, y su control de gran parte de la representación política local, hacen prever que como ya ha sucedido antes, las sentencias de restitución no pueden cumplirse porque el Estado central se muestra incapaz de aportar garantías de seguridad para los campesinos y los propios funcionarios que atienden la restitución, en tanto que gran parte de la institucionalidad local está cooptada por funcionarios puestos, financiados o que trabajan al servicio de estas estructuras criminales.

5. El Paramilitarismo como política de Estado

Las organizaciones sociales hemos constatado que las normas y manuales contraisurgentes que ordenan la creación de grupos paramilitares, juntas de autodefensas o estructuras de civiles armados continúan vigentes y no se conocen normas expresa que hayan derogado estas políticas, que han sustentado la doctrina de la seguridad nacional y la concepción del “enemigo interno”. Los cambios anunciados en la publicitada doctrina Damasco no permiten evidenciar que estas directrices hayan sido derogadas, además por el hecho de que la sociedad ha sido excluida del debate sobre la nueva doctrina. Manifestaciones concretas de la pervivencia actual del paramilitarismo como política actual pueden evidenciarse en hechos como los siguientes.

1. El pasado 30 de marzo pasado integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en su recorrido de Semana Santa entre las veredas la Esperanza y Mulatos Medio pudo tomar fotografías del campamento paramilitar que se encuentra emplazado en la finca de un señor de apellido Muñoz. Al día siguiente 1 de abril, durante otro recorrido religioso la comunidad pudo constatar la presencia de numerosos paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera. Luego, durante la primera semana de abril denuncia la comunidad que los paramilitares asentados en la vereda Playa Larga, donde se ubica su asentamiento central de esta estructura en la zona, han conminado a los líderes de la Comunidad de Paz a entrar en contacto con los líderes paramilitares con el fin de llegar a acuerdos con ellos, o de lo contrario procederán a asesinarlos, mientras ponen como ejemplo el de varias juntas comunales o campesinos y finqueros de la región, de quienes afirman ya se encuentran sometidos a sus planes o directrices.

Mientras todo ello sucede a ciencia y paciencia de las entidades de la fuerza pública en la región, es la propia comunidad quien ha tenido que encarar la misión de protegerse de las agresiones de los paramilitares. El pasado 29 de diciembre de 2017 la Comunidad del asentamiento de San Josesito, pudo detener a dos de los paramilitares que incursionaron ese día con el fin de asesinar a algunos de sus integrantes. Luego de destruir sus armas, los paramilitares fueron entregaros al Defensor del Pueblo, pero fueron puestos inmediatamente en libertad a solicitud de la Fiscalía 97 Seccional por violación a sus “derechos fundamentales”, en tanto que a la comunidad se le ha abierto un proceso por secuestro, que está en trámite bajo el Radicado 05001600784201800001.

2. Igualmente, comunidades asentadas alrededor de la Represa de Urrá en Tierralta, Córdoba han denunciado el control de navegación en la represa durante la noche es cedido por la Infantería de Marina a los paramilitares, prohibiendo todo tránsito a la población civil, para habilitar intensas actividades criminales en las horas de la noche, en una región en donde los paramilitares han logrado someter a los pobladores mediante el terror, obligando a muchos de ellos a tomar la decisión de desplazarse.

3. La situación de apoyo de la fuerza pública al paramilitarismo no es distinta en el Chocó. El pasado 27 de marzo a la 1:00 pm un grupo de 80 paramilitares obligó a los pobladores a realizar una reunión en el lugar conocido como La Laguna en el territorio colectivo de Jiguamiandó denuncia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. A pesar de la intensa presencia militar en esta región del Chocó, estos nunca actúan para proteger a la comunidad de dichos atropellos. Tal vez ello se explique por el hecho de que los paramilitares actúen para proteger los intereses de poderosos empresarios de la región. La denuncia afirma que en dicha reunión los paramilitares exigieron a los pobladores que “debían dejar trabajar a los empresarios Darío Montoya, William Ramírez y Antonio Lopera”, argumentando que “es gente de bien que beneficia la a la zona”.

4. En el caso de Urabá, candidatos a las diferentes alcaldías han recibido dineros dinero de las ACG, en especial la del municipio del Apartadó; a esto se suma el desvió de los recursos, en especial en 2016, cuando se desvió mil millones de pesos que eran para mejorar la infraestructura educativa del corregimiento de San José de Apartadó, y terminó siendo invertido en pavimentación de las calles  del casco urbano de dicho municipio.  En Urabá, líderes sociales, juntas de acción comunal y procesos campesinos, han sido estigmatizados y agredidos, en especial se resalta el caso de la Asociación Campesina de San José de Apartadó- ACASA a quien agentes del Estado y paramilitares señalan como opositores al desarrollo del territorio, ya que la Asociación ha denunciado permanentemente la incursión de las AGC en las veredas, en especial el copamiento de las 33 veredas de San José de Apartadó, el desvío de recursos y la connivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo.  Es importante señalar que en Urabá las AGC han llamado a líderes y procesos sociales, a reuniones donde les indican que deben trabajar con ello o de lo contrario se tiene que ir del territorio o serán asesinados. La administración municipal de Apartadó, paga con recursos del erario público para que se desvertebrar procesos organizativos: ACASA, tal es el caso de César Jaramillo, funcionario de la Secretaria de Agricultura de Apartadó, quien en su trabajo con las comunidades expresa a los campesinos y campesinas, que se salgan del proceso organizativo de ACASA para que del desarrollo pueda llegar.

5. Es importante destacar que no hay resultado operativos de la Brigada XVII a pesar que el SAT de la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el despliegue por todo el departamento del Chocó de las AGC.




6. La impunidad de los actores, promotores y financiadores del Paramilitarismo

Según la Evaluación de la Contraloria General de la República al proceso de la Ley de Justicia y Paz hasta la fecha en el proceso de Justicia y Paz solo se han fallado 47 sentencias en las que se condenaron 195 postulados, tan sólo un 8,2% de los aspirantes a los beneficios de la legislación de Justicia y Paz

Respecto a la labor cumplida por la Fiscalía General en lo que le compete con la ley de justicia y paz, se constató que de 4.981 postulados, 2.603 (52%) salieron del sistema penal especial, debiendo destacar que la terminación por archivo de diligencias por parte de la Fiscalía llegó al 80,3%, trasladándose estos casos al inventario de la justicia ordinaria.

Los Magistrados de las Salas de Justicia y Paz excluyeron a 162 postulados, al comprobar que incumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley. Entre las más importantes causas de exclusión, se encuentran: renuencia a comparecer en las versiones libres 72 casos y reincidencia en la comisión de delitos 67 casos.

Igualmente, el retorno a las regiones de muchos postulados que han recobrado su libertad, y la reincidencia de muchos que no fueron judicializados ha generado situaciones de inseguridad en las regiones y puesto nuevas amenazas sobre el proceso de restitución de tierras, sin que se hayan adelantado los procesos de extinción de dominio de las tierras que estaban en su poder por despojo. En el Cauca este proceso está llevando a reforzar la reconcentración de la tierra.

En el reconocimiento de víctimas al interior de los procesos judiciales, de las 537.861 registradas ante la Fiscalía, solo el 5% han sido reconocidas en las sentencias, y solo el 39% de víctimas registradas (211.013) están relacionadas en las investigaciones que actualmente cuentan con imputación, según la Evaluacion realizada por la Contraloría General de la República al proceso de justicia y paz

La FGN sigue sin investigar las confesiones de los postulados en la jurisdicción especial de Justicia y Paz que evidenciaron la alianza y la participación de más de 120 empresas con las estructuras paramilitares, entre las que se encuentran: Drummond, Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol, Termotasajero, la Federación Nacional de Ganaderos y comerciantes, bananeros y ganaderos de Urabá, que fueron señaladas de financiar sus crímenes y ayudar a la expansión del proyecto.

Sin embargo Justicia y Paz no se ocupó de profundizar en las investigaciones para lograr el esclarecimiento de la responsabilidad de los terceros civiles y de los empresarios esto debido a que a esta jurisdicción solo se le otorgaron facultades para juzgar la responsabilidad de los combatientes y no de los financiadores y colaboradores.

Esta jurisdicción ordenó la compulsa de 15.291 copias para que en la justicia ordinaria se investigara a terceros civiles vinculados con hechos relacionados con el conflicto, muchos de los cuales hacen parte del sector empresarial del país. Según la Fiscalía General de la Nación en respuesta a derecho de petición de la Comisión Colombiana de Juristas, a Agosto de 2017, existina 16.116 compulsas.

Al día de hoy no existen avances importantes en la investigación, judicialización y juzgamiento de estos actores.  Esta es otra deuda que la fiscalía General de la Nación tiene con la sociedad y con las víctimas, esto a pesar del grupo especializado de Fiscales e investigadores creados a finales del año 2015 con el propósito esclarecer este tipo de criminalidad. Al día de hoy no existen resultados tangibles.   ¿Qué información, qué pruebas puede remitir la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz cuando a pesar del tiempo transcurrido desde que los crímenes fueron cometidos, no se ocuparon de investigar los hechos y avanzar en la recolección de evidencia que permitiera sustentar la responsabilidad de los empresarios?, ¿cómo podrían presentarse voluntariamente a la JEP a rendir cuentas sin que haya de por medio el estímulo de acusaciones o investigaciones avanzadas?}

7. El Proyecto de ley de sujeción a la justicia de los paramilitares no facilita su sometimiento.

El Gobierno Nacional acaba de presentar el Proyecto de Ley 198 de 2018 “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia” mediante el cual pretende crear mecanismos procesales e investigativos para combatir a las organizaciones criminales y a la vez “define un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados”. Aunque menciona que “este proyecto de ley es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del Acuerdo Final y el desarrollo del posconflicto” , la verdad es que sus disposiciones no facilitan dicho propósito, por al menos 3 razones.


En primer lugar, el proyecto más bien crea nuevos obstáculos para que el desmantelamiento del paramilitarismo pueda ser llevado a cabo mediante el sometimiento de sus integrantes o al menos la mayor parte de los mismo. El proyecto por el contrario introduce nuevos tipos penales relacionados con el accionar de estos grupos, introduce nuevos agravantes a los tipos en normalmente incurren e además incrementa las penas para estos delitos, para a continuación ofrecer como único incentivo para su sometimiento y confesión de sus delitos la rebaja de la mitad de la pena, pero sin permitir subrogados penales, rebajas de penas y manteniendo para los mismos la posibilidad de aplicarles la extradición. Al no ofrecer mecanismos claros para alcanzar la verdad a cambio de beneficios penales, más parece un proyecto para entrabar el sometimiento judicial de estos grupos y perpetuar la pseudo-confrontación que el Estado dice mantener con estas agrupaciones. Pareciera mas reflejar el temor de que estos grupos efectivamente se desactivaran y pudieran aportar la verdad sobre quienes han sido sus finaciadores, promotores y beneficiarios de sus acciones.


En segundo lugar, al igual que lo sucedido en el Decreto 898 de 2017 que creó la Unidad Especial de Fiscalia para el desmantelamiento de los paramilitares que finalmente sacó avante la pretensión de la Fiscalía de hacer de esta una unidad subordinada directamente al Fiscal y con poderes investigativos limitados para lograr el desmantelamiento de estas estructuras, el Fiscal General de la Nación vuelve a aprovechar esta ocasión para incrementar de manera desbordada e inconstitucional sus poderes punitivos, creando precedentes peligrosos para la garantía de los derechos fundamentales y extendiendo sus poderes a ámbitos que no guardan relación con la facilitación del sometimiento a la justicia de estas estructuras.

Asi por ejemplo, el articulo 6 del proyecto penaliza hasta con 10 años de cárcel la simple asesoría profesional, incluida la asistencia jurídica a organizaciones o miembros de organizaciones que estén siendo objeto de persecución penal por parte del Estado, en tanto que se compele a los abogados y otros profesionales a la tarea imposible de acreditar el origen lícito de los honorarios percibidos, cosa que solo podría realizarse cuando se trate de clientes que no tengan problemas con la ley, y por lo tanto no requieran de asesoría legal. Esta pretensión constituye una notoria vulneración de los derechos constitucionales a la defensa técnica, al debido proceso y al secreto profesional. El proyecto también introduce criterios de agravación punitiva a los delitos perpetrados por estas estructuras ilegales únicamente por la circunstancia de los que los hechos se hayan cometido en cualquiera de los 170 municipios seleccionados para los planes de desarrollo con enfoque territorial, como si la lesión a los mismos bienes jurídicos cuando son perpetrados por los mismos actores por fuera de estas zonas,  fuera menos lesivas de los bienes jurídicos. El mensaje pareciera ser que delinquir fuera de estas zonas los favorecerá con un trato más benévololo

SOLICITUDES Y COMPROMISOS ESPERADOS


Con base en los hechos precedentes y en recomendaciones que han formulado organismos internacionales que se han ocupado recientemente de los impactos de la presencia y dinámica paramilitar en distintas regiones del país nos permitimos formular las siguientes recomendaciones para avanzar en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y sus conductas criminales. Las organizaciones hacemos propias las recomendaciones tanto de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la MAPP-OEA y de la Misión de Verificación presentadas por el Secretario General de las Naciones Unidas y a continuación nos permitimos hacer las siguientes


1. El Estado Colombiano debe consolidar su presencia integral y efectiva en las zonas rurales, especialmente las zonas más afectadas por el conflicto armado con el propósito de profundizar el reconocimiento, fortalecimiento y respaldo a la legitimidad del trabajo de las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas; fortaleciendo además instrumentos de autoprotección como las guardias indígenas y cimarronas, y promover el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derecho en la constitución y el fortalecimiento de la cultura que los representa. El Gobierno debe comprometerse en la implementación participativa de las medidas sobre el programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, establecidas en el punto 3.4.8 del Acuerdo Final.


2. El Estado debe priorizar los cambios estructurales en las zonas rurales, particularmente en aquellas más afectadas por el conflicto, y a empoderar a la administración local y la justicia (i.e., las jurisdicciones transicional, ordinaria e indígena). Implementado las medidas establecidas en el Acuerdo Final, tales como los PDET, PNIS, PISDA con enfoque de género, territorial y étnico y su compromiso con la financiación. El Estado debe permitir a la comunidad Internacional acompañar los territorios y procesos, para que logren monitorear de manera constante los avances que en la materia se den, para garantizar el uso eficiente y efectivo de los apoyos económicos entregados por parte del gobierno, exigiendo resultados e impactos en materia de política pública.


3. El gobierno nacional debe comprometerse a la pronta y efectiva puesta en marcha de los programas y mecanismos contenidos en el Acuerdo Final para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, en especial las relacionadas con la tipificación penal del delito de paramilitarismo, el cuerpo elite de la Policía Nacional, y las medidas de lucha contra la corrupción que permitan el compromiso de los gobiernos locales de combatir los grupos locales.


4. La Procuraduría General de la Nación debe investigar y adoptar medidas administrativas y disciplinarias adecuadas en relación con las demoras en la implementación del Acuerdo Final y aplicar las sanciones disciplinarias para funcionarios que profieran estigmatizaciones a líderes y movimientos sociales que terminan agudizando la persecución por parte de grupos paramilitares, en aras de dar cumplimiento a la directiva 002 del 2017 de la Procuraduría General de la Nación.  Además de esto, proponemos que los demás órganos de control establezcan medidas de seguimiento, especialmente en lo relacionado con los retrasos para formular e implementar los planes contenidos en el Acuerdo Final para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y apliquen sanciones a funcionarios públicos y partidos políticos que hayan dado aval a sus candidatos o familiares incursos en investigaciones por vínculos con el paramilitarismo.


5. El Estado debe de manera pronta implementar medidas que permitan corregir los aspectos del sistema integral de justicia transicional que no se ajustan a las normas internacionales. Para ello, proponemos que sobre las disposiciones relacionadas con responsabilidad de terceros, funcionarios estatales no armados y responsabilidad de superiores militares de la fuerza pública que pudieran estar implicados en actividades de promoción o complicidad con los crímenes perpetrados por los  paramilitares u otras graves violaciones a los derechos humanos, la Unidad de Desmonte del Paramilitarismo adscrita en la Fiscalía General de la Nación, efectué de manera ágil y efectiva las investigaciones correspondientes; que contemplen estudios de contexto y la aplicación estricta de la Directiva 002/17 de la Fiscalía General de la Nación, así mismo, que dicha Unidad cumpla con el mandato del artículo 5, numerales 11 y 12 del Decreto 898 de 2017 relacionados con la presentación de informes periódicos ante la Comisión de Garantías y Seguridad.


6. El Gobierno Nacional debe implementar íntegramente y de manera pronta los compromisos frente a su política con relación a los cultivos de uso ilícitos introduciendo cambios estructurales que permitan que los campesinos se puedan integrar plenamente a la economía legal en el largo plazo. Las disposiciones del Acuerdo en materia de sustitución de cultivos ilícitos y reforma rural ofrecen una oportunidad histórica a miles de campesinos que desean sustituir sus cultivos ilícitos. El Estado y la comunidad internacional deben apoyar los esfuerzos de sustitución y no socavarlos mediante la erradicación forzada, esto con el fin de maximizar esta oportunidad histórica para los más de cien mil cultivadores de coca que han manifestado su interés en la sustitución.


7. La Fiscalía General de la Nación debe hacer pública la información relacionada con los casos resueltos correspondientes a los ataques a líderes y defensores de DDHH y su sistematicidad para así esclarecer los móviles que permitan alcanzar a quienes se benefician con este tipo de crímenes. Al respecto, el nuevo informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia concluyó que es necesario que “el enjuiciamiento efectivo de los autores materiales e intelectuales de los numerosos asesinatos cometidos en los últimos años sea la manera más eficaz de demostrar la determinación del país de acabar con la violencia”.


8. Los funcionarios estatales que presiden la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad deben mostrar voluntad expresa en para avanzar de manera pronta y eficaz en el diseño e implementación de las medidas que permitan el desmantelamiento de las estructuras criminales del paramilitarismo, liderando tanto las estrategias para su pronto sometimiento a la justicia como las medidas para atacar los factores que han permitido y propiciado la proliferación del fenómeno paramilitar, sus decisiones deben traducirse en acciones coordinadas y eficaces para desmantelar dichas estructuras y sus apoyos en el ámbito empresarial, político y militar. Se deben hacer rendiciones periódicas de cuentas sobre el cumplimiento de cada una de las funciones de la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías consagradas en el artículo 3 del Decreto 154 de 2017.  


9. La Fiscalía General de la Nación debe acelerar las investigaciones contra terceros financiadores del paramilitarismo, miembros de la Fuerza Pública favorecedores del paramilitarismo y funcionarios públicos, no armados que actuaron con colaboración o encubrimiento de estos grupos, incluidos todos quienes fueron objeto de compulsas de copias en el marco del proceso de la Ley 975. Igualmente, en la investigación de los ataques y asesinatos a líderes sociales la Fiscalía debe investigarlos bajo la presunción de sistematicidad que han demostrado estos ataques, lo implica investigaciones en contexto que permitan alcanzar a los determinadores, autores intelectuales y beneficiarios de estos crímenes, correlacionando los móviles y esclarececiendo los distintos planes que están detrás de su persecucion y exterminio.


10. El Gobierno Nacional debe establecer mecanismos de depuración de los miembros de las fuerzas armadas vinculados con hechos de paramilitarismo y graves violaciones a los derechos humanos y someter a Debate público la discusión de la doctrina de seguridad nacional y la transformación de la fuerza pública. Se deben derogar de manera expresa los manuales contrainsurgentes que promueven la creación de grupos paramilitares, juntas de defensa o de formas de civiles armados y debatir públicamente sobre la modificación a los manuales. Así mismo, se debe abrir un debate público, sobre la reforma a la ley de vigilancia y seguridad y aplicar las medidas necesarias para su regulación.

El Estado Colombiano debe comprometerse a disponer las medidas legales para que los archivos de organismos de inteligencia y seguridad del Estado y otras instituciones involucradas en el conflicto colombiano sean de libre acceso a investigadores, organizaciones de derechos humanos, victimas y público en general, como medidas que contribuyan a la labor de la CEV y garantías de no repetición.


11. La Unidad Nacional de Protección debe impedir que las personas que realizan labores de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos hayan desempeñado labores en entidades de la Fuerza Pública. El Ejército Nacional debe retirar la circular Número 20182490205837 que pretende ser un instrumento para garantizar la labor de las y los defensores de Derechos Humanos ya que en ella se establece entre otros elementos: “(… ) georreferenciar1 a los Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos que se encuentren en su área de operaciones, de conformidad con el Informe de Riesgo No. 010-2017. Asimismo, evidenciar el riesgo en el que se encuentren, si han solicitado medidas de protección ante la UNP, a cuantos se les han otorgado medidas y en qué consisten, información que será distribuida a las Unidades Subalternas”.   Es desafortunado que las Fuerzas Armadas pretendan proteger la vida, seguridad, libertad e integrad de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, mediante acciones de inteligencia militar que han sido denunciadas por las organizaciones sociales y comunidad internacional por haber contribuido al ataque sistemático contra de los líderes


12.  El Gobierno Nacional debe retirar el proyecto de ley 198/18 de sometimiento radicado en la actual legislatura en el Congreso de la Republica y llamar a que sea la CGS quien en cumplimiento de su mandato y con una amplia consulta  a la sociedad, victimas y organizaciones d de derechos humanos elabore nueva propuesta de sometimiento que recoja, entrega de rutas, bienes, verdad sobre financiadores, promotores, entrenadores, proveedores con el objeto de garantizar el desmonte completo de organizaciones de fachada y que contemple la entrega de bienes para reparar a las víctimas a cambio de beneficios que faciliten el sometimiento.



Bogotá, 16 de abril de 2018

Organizaciones de DDHH, Víctimas y Populares


http://fezlox649.blogspot.com.co/2018/04/peligroso-colombia-si-hay.html?m=1
C/113 # 7-21 Torre A Piso 11
1 Bogotá, Colombia
RTVPalenque
 
 

A cobardes victimarios de uno y otro bando quienes desde dentro del Estado y fuera de él quienes tanto me amenazan y agreden les contesto con este Poema, y toda mi Obra Literaria, para que endulcen su conciencia, y me dejen tranquilo: ya sea muerto violentamente por ustedes, o vivo para que superen su cobardía y perfidia. En cualquiera de las dos circunstancias reciben mi defensa intelectual en causa propia.

También para que con mi Obra Jurídica, Histórica, Geográfica, Filosófica y Política cada quien de ustedes cobardes estudie y aprenda de nuestra producción intelectual y práctica.

Trabajo intelectual con nuestra lucha por los Derechos y por la Paz con Justicia Social generadas desde el Grupo Científico Universitario y Popular de Investigación PALENQUE.

Creación intelectual para la población, y para ustedes, para las Universidades, la Academia y para la Vida Digna: Derecho de Majestad Universal a conquistar.

Athemay Sterling Acosta 
Consejero de Paz
Abogado comunista Defensor de DDHH
Víctima del terrorismo de Estado
Directivo DPDH, CPDH, PALENQUE
Dirigente Popular y Político, Académico e Investigador, Poeta e Historiador, Filósofo y Geógrafo Político, Analista Jurídico y Político, y amigo de la felicidad para todas y todos.

Candidato Popular 2011 Gobernador Valle
Athemay Sterling‏ @athemayst @AthemayGobernad

ELLA y YO SOMOS DILUVIOS

Por Athemay Sterling Acosta
Mar del Norte, Invierno 1999

Ella lo sabe aquí y allá
En el Egeo y en el Caribe

En el Caspio y en el Cantábrico
También en Andes y en Urales

En el Mar Mármara y el Negro
En nuestro beso del Bósforo

Lo sabe sin olvidar diluvios
Lo sabe siempre entre olas

Que nuestras vidas son mar
Con tempestades y alegrías

Entre lloviznas de sus quereres
Conmigo el Sol como Testigo

Ella y yo así navegando arreboles
Juntos tibios entre frías aguas.

Por Athemay Sterling
Mar del Norte
Invierno 1999

Athemay Sterling‏ @AthemayGobernadDiluvios (link: http://ln.is/blogspot.com.co/YjskXln.is/blogspot.com.c… Diluvios

 

http://fezlox649.blogspot.com.co/2018/04/saludo-cobardes-victimarios-quienes.html?m=1


Votaré por el Programa Político que incluya y se comprometa ante la Nación con la concreción real de la Reconstrucción del País y con la Reconciliación de la Nación para conquistar el anhelo nacional de la Paz con Justicia Social.

Pero debo advertir en estricto rigor jurídico que  nadie puede arrogarse ser supuesto dueño de la conciencia ciudadana y dizque afirmar tan torpe por fuera del Derecho que "..se da libertad de optar políticamente..."

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No se debe constreñir los Derecho a la libre Conciencia ni a la libertad del Sufragio Universal, conquistas sociales para ejercer,  si es que en verdad hay Democracia y no se impone tiranía alguna que nos oblige a ejercer los Derechos Universales de los Pueblos para conquistar, en ese caso, un Estado de Derecho Popular de Nuevo Tipo con auténtica Democracia.

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https://t.co/kI8p8xNDhF

Se debe entonces en estricta Democracia y en ejercicio cabal de los Derechos persuadir y convencer con la belleza del lenguaje jurídico, político, argumentado, civilizado y coherente todo lo que coincida con la búsqueda de la Vida Digna para toda la población sin excepciones, poder ejercer plénamente todos los Derechos Universales por la Paz con Justicia Social.

Igualmente debo indicar que para ser propulsor de la Paz con Justicia Social es deber como buen hijo de la Patria ser también antiimperialista, pues no podrá existir Paz Completa con Justicia Social con Bases Militares y Transnacionales Norteamericanas en Colombia que hoy subyugan a las FFMM, militares yankees quienes impúnemente violan sexualmente a niñas y mujeres colombianas y vulneran la Soberanía Nacional. (2)

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https://t.co/kzt93xiUbo

Para así lograr Vivir en Dignidad, nuestro más bello paradigma para lograr en Colombia.

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Donde sea el Ser Humano y los Derechos Universales los que prevalezcan sobre las Instituciones.

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Athemay Sterling Acosta
Abogado Defensor de DDHH
Propulsor de la Paz con Justicia Social

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(1)
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(2)
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Viernes, 06 Abril 2018 08:45

"GRACIAS"

Buena tarde a quienes se han solidarizado o no conmigo, ahora que me encuentro temporalmente enfermo, pero con mi moral en alto, en lucha al lado de Ustedes por la Paz con Justicia Social.

Con ustedes, con el Pueblo y la Nación entera comprometido, que aunque enfermo, sigo estudiando, leyendo al País, observando a incautos, a pusilánimes y a pragmáticos, a doctos y a legos, a ignaros y a fundamentalistas, a la Nación entera que necesita a sus buenos hijos de la Patria, excelentes como Ustedes, para salvarla, pues aún no hay Paz Completa, es decir con Justicia Social, hay apenas valioso Armisticio incompleto. Tal como afirmo en este escrito aquí anexo.

http://www.frenteampliopopular.org/index.php/layout-1/layout-2/layout-3/layout-4/style-2/style-4/style-6/columns--com-left-right/columns--left-com-right/columns--right-left-com/columns--right-com-left/regions-1234/regions-1324/regions-1423/regions-4123/root/2012-09-13-23-35-50/item/699-paz-completa-con-justicia-social-es-diferente-a-armisticio-completo

https://twitter.com/athemayst/status/980909068276699136?s=19

https://twitter.com/athemayst/status/980584644088393728?s=19

Gracias por sus buenos  deseos conmigo, por la fuerza que me dan, por las bendiciones diversas y por la gran solidaridad que les agradezco áltamente, en estos momentos de dificultad en la salud que siempre superaremos, por la Patria Grande y Anfictionica  que queremos para Reconstruir al País y Reconciliar a la Nación como les digo en este anexo.

http://www.frenteampliopopular.org/index.php/layout-1/layout-2/layout-3/layout-4/style-2/style-4/style-6/columns--com-left-right/columns--left-com-right/columns--right-left-com/columns--right-com-left/regions-1234/regions-1324/regions-1423/regions-4123/root/2012-09-13-23-35-50/item/662-

Y por fin logremos entre todos la felicidad integral de origen y fin social colectivo, y nó el sólo pragmatismo, y/o aparcamiento personalista del fetiche dinerario y de atajos del pordebajeo utilitarista.

https://twitter.com/athemayst/status/980625516070866944?s=19

Agradezco feliz, pues ustedes arropan mi compromiso por la conquista de la Vida Digna para toda la población colombiana, realidad que concretaremos en la medida que logremos ejercerlos cabalmente con la dignidad que merece el Ser Humano que prevalece sobre las Instituciones.

http://linkis.com/org/LAh75

Y de verdad sean prevalentes los Derechos Universales, Derechos que estos gobiernos y modelo económico le agreden al pueblo, Derechos Universales para que sean realidades concretas y no meras ficciones.

http://fezlox649.blogspot.com.co/2016/12/no-existe-derecho-alguno-que-se-pueda.html?view=mosaic&m=1

Esta realidad objetiva de esta aún catástrofe humanitaria y social que afronta Colombia es, con nuestra formación del materialismo científico, la determinante en última instancia de nuestra conciencia libertaria, que junto con la unidad popular en un gran Frente Amplio Popular, a través de todas las heterogéneas maneras, debamos luchar todos para que la Vida sea Digna, y no un mero eufemismo, ni engañosa existencia de sólo sobrevivir medio satisfaciendo necesidades básicas animales, sino como lo indico científicamente en el Derecho Contemporáneo Alternativo: nos proponemos vivir dignamente ejerciendo cabalmente los Derechos Universales que la Humanidad ha conquistado y seguirá haciéndolo; defendiendo unos, rescatando los arrebatados por el régimen político, y con la lucha social conquistando nuevos Derechos para fortalecer la dignidad de la vida en todas sus expresiones, y ahí sí Ser, Vivir y Existir con Dignidad.  

Un abrazo fraterno para ustedes con sus allegados, y sepan que sigo pensando en nuestro mutuo compromiso para seguir con y entre todas las personas  venciendo, y así alcanzar una Nueva Colombia.

Vuestro anhelo y todo este sentimiento de bien nacional es aliciente para recuperar dignamente la Salud para toda la gente y por lo tanto para mí.

Me sigo recuperando en mi refugio y sitio de reposo para proseguir con ustedes en todos los ámbitos posibles construyendo un gran Frente Amplio Popular por la Paz con Justicia Social en toda circunstancia como lo manifestamos constantemente en frenteampliopopular.org

Abrazos fraternos

Les quiero. 
Athemay Sterling Acosta

Consejero de Paz
Víctima del terrorismo de Estado 
Abogado Internacionalista Defensor de los Derechos Universales  
Refugio Sterling

 

Toda vida debe ser respetada.

Ninguna muerte violenta debe alegrar arguyendo condición, estado, política, etnia, opinión o género. No odie, no infame, ni amenace, no asesine, ni determine, tampoco induzca a muertes violentas.

¡ No sea cobarde criminal ¡

 

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