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Jueves, 14 Junio 2018 21:31

FUERON MIS TARDES

Truena con dulce lluvia
Atraviesa luces verdes  
Espera niños de otrora
 
Llora granizo sin verles
Mientras caminan ríos
Sin cesar nunca repite
 
Amamantan su alegría
Llora granizo sin verles
Amándote con tu agite
 
Athemay Sterling
La Albufera Noviembre 1999

1. Estados Unidos y la República Popular de Corea se comprometen a establecer una nueva relación entre ambos acorde al deseo de los pueblos de ambos países de alcanzar la paz y la prosperidad.

2.Estados Unidos y la República Popular de Corea unirán sus fuerzas para construir un ambiente de paz duradero y estable en la península coreana.

3. Reafirmándose en la Declaración de Panmunjom del 27 de abril de 2018, la República Popular de Corea se compromete a trabajar por la completa desnuclearización de la península coreana.

4. Estados Unidos y la República Popular de Corea se comprometen a recuperar los restos de los prisioneros de guerra y de aquellos desaparecidos en combate ya identificados para su inmediata repatriación.

http://fezlox649.blogspot.com/2018/06/acuerdo-de-la-cumbre-entre-estados.html?m=1

 

Programa de Gobierno Popular por la Vida Digna y los Derechos para construir un Nuevo Valle del Cauca del doctor Athemay Sterling a Gobernador del Valle del Cauca en 2011, preludio y base para la Candidatura a Gobernador 2019. 

 

VER EL PROGRAMA AQUÍ

Miércoles, 06 Junio 2018 16:42

NOSOTROS

Por Athemay Sterling 
 
Mi Campo y el tuyo
Marimbas y Poesía
Multicolores aman
 
Transitan vida digna
Amando conciencias
Y resistencias unidas
 
Vencemos nunca solos
Siempre asidos en ríos 
Y olas eternas conmigo.
 
Por Carlos Richetti 
 
A 61 años del crimen de Guadalupe Salcedo; ¿preanuncio de una masacre que se viene?
 
La imagen de Guadalupe Salcedo trae la retrospectiva de una época en la cual ser guerrillero, era sinónimo de pretender salvar la vida, defender la de los miembros de la comunidad propia, de ser un combatiente por la libertad, muy distinto a los rasgos que adquiriría la insurgencia después, marcada por el estigma del narcotráfico y para muchos, el evidente abandono de los ideales emancipadores a nombre de la ambición o el interés personal.
 
Este araucano prestigioso entre los suyos y genuino exponente de una raza de proverbial sencillez, pero donde sobraba decisión para enfrentar la injusticia, casi podría decirse irradiaba superioridad con sólo mirarlo a los ojos, como al ser superior hecho carne y hueso, capaz de direccionar la masa hacia caminos conducentes tanto de pan, como de libertad.
 
Sin embargo la herramienta, el motor financiero que impulsaba a este hombre producto del corazón mismo del llano, provenía de hacendados liberales, quienes temerosos de perder sus privilegios a manos de la violencia conservadora, planearon armar a sectores sensibles de la comunidad.
 
Por supuesto, concluida la "amenaza goda" en 1953, tras el golpe de estado del General Gustavo Rojas Pinilla, esta carencia de ideales se cobraría su precio al despojar a Salcedo de los insumos básicos para continuar una insurrección campesina que lejos de poseer los rasgos ideológicos de la izquierda política o revolucionaria que vendría después, según algunos historiadores, de haberse prolongado indefinidamente hubiera obtenido el triunfo de las reivindicaciones campesinas al poner incluso en jaque a su músculo financiero.
 
Sentado el precedente de la lucha armada que marcaría la vida de los colombianos durante setenta años ininterrumpidos, la guerrilla de los Llano no vio más alternativa a la de acogerse a la desmovilización promovida desde la dictadura militar, con el desenlace por todos conocido.
 
A pesar de no constituir un riesgo por sí sólo, el mismo subdesarrollo reaccionario de un sistema que lo precipitó a alzarse en armas contra el Estado, consideró necesaria la eliminación física del referente, como parte de su dinámica distorsionada de hacer política, cuando en confusas circunstancias Salcedo fue ultimado cuatro años más tarde junto a unos amigos, tras ser obligado por la Policía a salir de una taberna en Bogotá donde se encontraba bebiendo. Se identificó, levantó las manos a sabiendas del asesinato de otros líderes, aunque la suerte para él haya estado echada de antemano a nombre de las venganzas del establecimiento, deseoso de "marcar la cancha", disciplinando a la sociedad.
 
Paralelismo 
 
En la actualidad, Guadalupe Salcedo, sus ideales, reivindicaciones, simbolizan la búsqueda de la libertad, de los derechos cualitativos de cientos de colombianos que comienzan a partir de la consecución de una paz, sin la cual nada de lo demás puede ser posible.
 
Como una suerte de recreación de los tiempos del alzamiento llanero, es posible reconocer en el ejemplo de de aquellos hacendados, carentes de ideología pero celosos de proteger sus intereses, la figura de quienes hoy, sin otro interés al pecuniario, una vez pasado el peligro en lugar de defender esa paz tan necesaria, se pasan al bando de la corrupción para no perder sus prebendas.
 
No vaya a ocurrir como ayer, cuando estos hechos fueran determinantes para el retorno a la guerra, cuando la paz ya no le garantiza a la clase dirigente vendida al mejor postor la continuidad del saqueo a partir de los negocios inescrupulosos desde el Gobierno o las maquinarias operando inescrupulosamente al interior de un Estado Colombiano al cual están empeñados en vaciar.
 
De concretarse, el panorama no puede ser menos alentador si se tiene la certeza de elecciones amañadas, marcadas a fuego a partir de la manipulación mediática, la compra de los votos, el solapado accionar de las maquinarias corruptas o mafiosas, el engaño a la ciudadanía, el fraude instalado en complicidad con la actual administración y la Registraduría.
 
Todo esto, con el fin de montar un nuevo gobierno ilegítimo de talante guerrerista, asesino, así como ladrón, que considere imprescindible disciplinar mediante la represión, erradicar a través del magnicidio, de la masacre, a los elementos sociales comprometidos con la lucha por la paz, las reivindicaciones legítimas, la libertad y la democracia verdadera en Colombia, igual a lo hecho en los días de Guadalupe Salcedo.
 
Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI
 
Martes, 05 Junio 2018 12:57

Fuimos Humedal

Por Athemay Sterling

Amámonos en marisma
Entrebejucados y agüas
Diluviando entre besos

Oh relámpagos briosos
Jugando en superficies
Sin mojarse sólo ríen

Por haber ganado aires
De ella forjadora de ires
Le trajo su luna y fuego. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP publicó hoy la guía para que la sociedad civil (organizaciones de Víctimas, Étnicas y de Derechos Humanos colombianas) presenten sus informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La guía orienta la presentación de estos informes con base en los previsto en la Constitución y el Acuerdo Final de Paz.

 

Estos informes, junto con los del Estado, darán inicio al proceso de rendición de cuentas de los máximos responsables por los hechos más graves y representativos del conflicto armado.

 

Esta guía fue socializada por la Sala de Reconocimiento ante más de 80 organizaciones de Víctimas, Étnicas y de Derechos Humanos representando a diferentes regiones del país, en Bogotá el pasado 9 de abril. 

 

Tras la socialización inicial del proyecto de guía, se recibieron más de cien comentarios de organizaciones de la sociedad civil, enviadas a la Sala de Reconocimiento, instancia que las tuvo en consideración para incluirlas en el texto definitivo de la guía. 

 

La guía, de 17 páginas, describe los requisitos mínimos para un informe: que se identifique la organización que lo presenta, se den los datos del contacto y se relaten los hechos que ocurrieron en relación directa o indirecta con el conflicto.

 

Además, la Sala de Reconocimiento solicita la incorporación de los siguientes elementos si las organizaciones los tienen a su disposición: procesos judiciales asociados a los hechos, identificación de víctimas y victimarios, y descripciones del contexto. En el caso de las organizaciones étnicas y en el caso de la violencia sexual, se sugieren datos adicionales como la identificación de las autoridades tradicionales correspondientes y elementos relevantes para examinar la violencia sexual. 

 

El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: 

 

Documento guía para la presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y de derechos humanos colombianas

 

 

 

Hace 54 años que se produjo en Marquetalia el primer combate entre los campesinos que se declararon en resistencia y las tropas del Estado colombiano enviadas a aniquilarlos. Eran los tiempos de la llamada Guerra Fría, en los que el gobierno de los Estados Unidos, en aplicación de su Doctrinas de Seguridad Nacional y Contrainsurgencia, arremetía en todo el continente y fuera de él, contra cualquier manifestación de inconformidad a la que calificaba de enemigo interno.

La tesis de la aniquilación física del contradictor político, proveniente de Washington, caía en terreno fértil en un país como Colombia, en el que la clase dirigente liberal y conservadora había hecho del crimen político su arma favorita de dominación por más de un siglo. Los conflictos por la tierra y por los derechos a la vida, el trabajo y condiciones dignas de vida, se habían saldado siempre mediante la violencia contra los de abajo y Marquetalia volvía a confirmarlo.

El Plan LASO, u Operación de Seguridad para la América Latina, asignaba una vez más a las fuerzas militares y de policía la tarea de exterminio, que al interior del país azuzaban las voces de los senadores Álvaro Gómez Hurtado y Víctor Mosquera Chaux, prominentes figuras de los partidos conservador y liberal, que se turnaban en el gobierno mediante el denominado Frente Nacional. El Presidente Guillermo León Valencia cumplía gustoso con su voluntad.

La resistencia de los 48 campesinos marquetalianos, encabezada por los inmortales Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, se encargaría de demostrar al imperialismo y la oligarquía colombiana, que sus planes de fácil victoria se hallaban fuera de la realidad. Una formidable organización político militar, de profunda raigambre popular, nacería de aquella rebeldía y se erguiría invencible durante más de cinco décadas.

Eso jamás podrá borrarse de la historia, por más que la infamia y la calumnia se hayan encargado de pregonar la supuesta perversión de la lucha guerrillera en Colombia. Las FARC-EP nos proclamamos profundamente revolucionarios desde nuestro Programa Agrario, y durante 10 Conferencias Nacionales celebradas a partir del año 1965, no solamente volvimos a ratificarlo, sino a enderezar cualquier desviación aislada de nuestras ideas y convicciones humanistas.

Conscientes de que el alzamiento en armas exigía preparación y planeación, con miras a un futuro triunfo popular, nos trazamos un plan estratégico de guerra que fuimos edificando en la realidad con las uñas, sin contar nunca con apoyo económico o armado de ninguna nación foránea. Simultáneamente planteamos la urgencia de evitarle al país un inútil derramamiento de sangre, mediante la búsqueda de una salida civilizada y dialogada a las causas de la confrontación.

Transcurrirían casi veinte años de conflicto armado para que un gobierno nacional aceptara por fin sentarse a una mesa de conversaciones a buscar una solución política. De ella surgirían los Acuerdos de La Uribe, en donde las FARC acordamos incluso una desmovilización de nuestra fuerza, a cambio de una serie de reformas institucionales que contemplaban la creación de las condiciones materiales y políticas para nuestra paulatina conversión en organización exclusivamente política.

En la memoria nacional quedarán grabadas la falta de voluntad real del poder legislativo para implementar lo acordado en La Uribe, y la oleada criminal desatada en cambio contra la Unión Patriótica, la propuesta política de cambio y convergencia que hicimos entonces al país, recogida con entusiasmo por miles de colombianos de diversos partidos y aun sin partido, que luego serían acribillados miserablemente en una política criminal de Estado.

Aquel mar de sangre no nos hizo sin embargo desistir de nuestros propósitos de paz durante el gobierno de Virgilio Barco, con el cual siguieron adelantándose contactos en Casa Verde. Hasta que el gobierno de César Gaviria Trujillo entró con una nueva arremetida militar que apostó una vez más al exterminio, encontrando a su vez la resistencia invencible de la insurgencia. El amago de conversaciones en Caracas y Tlaxcala se hundió en el fracaso cuando nos negamos a rendirnos.

Sobrevendrían entonces dos gobiernos que en su afán por doblegarnos abrieron las puertas a la descomposición de las fuerzas militares y de policía, que terminaron aliadas con poderosos sectores económicos en el impulso y fortalecimiento del fenómeno paramilitar, que asoló el país de manera aterradora, en una supuesta guerra contra la insurgencia, que se dirigía en verdad contra la población de las áreas rurales en un afán de destierro y despojo.

La confrontación subsiguiente terminaría por conducir al gobierno de Andrés Pastrana a unas nuevas conversaciones de paz, signadas de antemano por la firma del Plan Colombia que apuntaba sus destinos a la reingeniería militar del Estado colombiano, y a la profundización total del plan de arrasamiento militar. El Caguán pasaría así a convertirse en el espacio para ganar tiempo por parte del Estado, haciendo oídos sordos al clamor nacional creciente por la paz.

La brutalidad de la guerra de exterminio se pondría evidencia durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe, cuyo saldo en víctimas fatales, heridos, desplazados, despojados, perseguidos judicialmente y ejecutados extrajudicialmente alcanzaría niveles exorbitantes, convirtiendo nuestro país en una nación fallida, condenada al terrorismo de Estado y en abierta hostilidad con el resto del continente envuelto en un proceso democratizador.

La necesidad de hacer de Colombia un Estado diferente, unida a la imposibilidad comprobada de una victoria militar sobre la insurgencia, condujo al establecimiento de un nuevo proceso de conversaciones a partir de la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia. Se requirieron 6 años de diálogos, discusiones y debates para que las FARC y el gobierno de Colombia regalaran a su país y al mundo la grata sorpresa de una Acuerdo Final de Paz aclamado en todo el orbe.

Las FARC, ahora convertidas en fuerza exclusivamente política, hemos cumplido sagradamente con nuestra palabra. Dejamos las armas, no se ha presentado un solo colombiano muerto o herido por obra de nuestro accionar, tomamos parte en un debate electoral y nuestra militancia permanece organizada en los ETCR, puntos de agrupamiento y algunas urbes a la espera de los hechos de gobierno que den cuenta del cumplimiento fiel de lo acordado. Pero también trabajando día a día el sustento de nuestras familias y por consilidar este sueño de paz.

Son varias decenas de ex combatientes los caídos desde la firma del Acuerdo Final, al igual que suman ya centenares los líderes sociales y políticos asesinados, pese al compromiso gubernamental de garantías y protección firmado en La Habana. Partes esenciales del Acuerdo, como la propia amnistía y la JEP, han sido modificados arbitrariamente por el Congreso de la República, mientras que otros como la Reforma Rural Integral han sido burlados por reformas neoliberales del agro.

La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos aprobada en La Habana marcha a paso paquidérmico, en tanto la erradicación forzada y las políticas represivas contra los campesinos crecen aceleradamente. La seguridad jurídica de los ex combatientes tambalea por cuenta de incisos introducidos por el legislativo, y los montajes judiciales que amenazan convertirse en práctica mediante el contubernio entre la Fiscalía General de la Nación y el Imperio norteamericano.

Hemos dicho y seguimos sosteniendo que sabíamos que no sería fácil que una oligarquía como la colombiana, históricamente dada al incumplimiento y la venganza, de lo que son prueba los Comuneros de Galán, Guadalupe Salcedo, Jaime Pardo Leal y Carlos Pizarro, se allane a cumplir lo prometido. Sabíamos y seguimos siendo conscientes de que hay que hacerla cumplir. Contamos para ello con el apoyo de millones de colombianos y la comunidad internacional.

También somos conscientes de que existen en el país poderosos intereses porque la confrontación persista y se renueve a gran escala. Lo que se vive en la Colombia de hoy no es otra cosa que un pulso histórico entre las fuerzas que están por una país en paz, democrático, civilizado, tolerante y en progreso, y las fuerzas violentas enriquecidas históricamente con la guerra, indiferentes al dolor de un pueblo que pone los muertos y las víctimas, y que lo azuza a diario a la hecatombe.

Estamos convencidos de que la nación colombiana ha alcanzado un nivel que impedirá la vuelta al pasado. No estamos interesados de ningún modo en la guerra y ratificamos una vez más que no volveremos a la vía de las armas, pero sí lucharemos hombro a hombro con los colombianos y colombianas que anhelan el combio sociao y democrático de nuestro país. Requerimos de la unidad de todos y todas, quienes ven en los Acuerdos de La Habana la posibilidad de comenzar a construir un país diferente. Nos burlaron la reforma política, no hay otro remedio que trabajar todos unidos por alcanzarla.

En lugar de la guerra y la violencia le apostamos hoy a la reconciliación, al fin de los odios. Por eso hemos pedido perdón por todos y cada uno de los errores que hayan de imputarse a nuestro accionar, y volveremos a hacerlo cada vez que sea requerido. Por eso nuestro compromiso de comparecer ante la JEP y someternos a sus veredictos. Pensamos que nuestros contradictores en la guerra, tal y como se pactó en La Habana, deben obrar del mismo modo.

O ser por el contrario repudiados por la nación colombiana anhelante de paz. Vivimos momentos cruciales para nuestro devenir. Unas fuerzas reconocidamente vinculadas al pasado de horror y empecinadas en repetirlo, se enfrentan a otras que claman por un país distinto que mire al futuro con optimismo y tolerancia. Estamos claramente con estas últimas e invitamos a nuestro pueblo a demostrarlo en las urnas. Por eso hemos luchado incansables durante 54 años.

 

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC

Bogotá, 27 de mayo de 2018.

 

https://www.farc-ep.co/comunicado/en-el-54-aniversario-del-nacimiento-de-las-farc.html

 

Rebelión publica esta entrevista que fue realizada, a finales de marzo de 2018, al académico y jurista Carlos Alberto Ruiz Socha para el libro Final Abierto: 20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018) (ver http://lanzasyletras.org/2018/04/19/negociaciones-con-las-farc-y-el-eln-pensar-lo-que-vendra; y Lanzas y LetrasLa Fogata Editorial)Su opinión corresponde a la un asesor jurídico de la guerrilla, el único que ha participado en ambos procesos de paz, tanto con las Farc como en las actuales conversaciones con el ELN, organización a la que asesoró hace veinte años y con la que participó en la reunión del Acuerdo de Puerta del Cielo en Alemania (julio de 1998). Es conocida su posición frente a los acuerdos de La Habana suscritos por las Farc en 2016, que él cuestionó en algunas materias (ver sus artículos en www.rebelion.org), motivo que ocasionó su retiro de dicha asesoría. Este reciente aporte se produjo desde Quito días antes de la detención de Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018 (http://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/), y de las contradicciones internas del partido político de las Farc, en las que por un lado se aboga por respetar sin fisuras el orden jurídico dominante que validaron totalmente sus dirigentes, y otras voces señalan por el contrario no acoger o someterse ante decisiones injustas en la alianza de entes estatales de Colombia y de los EE.UU., que continúan persiguiendo penalmente a líderes de la ex guerrilla de las Farc, en el marco de un desplome o fallida implementación de gran parte de los acuerdos entre el Gobierno de Santos y las Farc. Ruiz Socha asesora actualmente en La Habana al Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la continuación del V ciclo de conversaciones en las que se busca llegar a un nuevo alto el fuego bilateral y al diseño de cómo será la participación de la sociedad civil-popular en el diálogo nacional para la paz con justicia social en Colombia.

 

1. Usted fue asesor de las negociaciones con las FARC y más recientemente es asesor del ELN. ¿Por qué cree que en La Habana se llegó a un acuerdo y en Quito no, qué circunstancias se dieron en el primer caso y estuvieron ausentes en el segundo?

 

Podemos afirmar como algo básico que las guerras son resultado de una sumatoria compleja de factores. Pero las llamadas soluciones a las guerras, ya sean salidas políticas, ejemplo El Salvador en los noventa, es decir con predominio de una negociación como etapa final y cumbre, o también las que se signan por una clara derrota militar, o de exterminio, como en Sri Lanka con el genocidio al pueblo Tamil en 2009, son por lo general ecuaciones todavía más complejas. La ecuación que llevó a la negociación de las Farc con el régimen, se fue configurando en diferentes planos en el curso de al menos seis años (2008-2014). Hubo exposición y efectos de trofeos militares como fue “dar de baja” a comandantes como Alfonso Cano, a Raúl Reyes, a Jorge Briceño, y a muchos mandos, más o menos cuarenta en alta o media jerarquía, en esos años en los que el modelo de esa guerrilla desembocó en un laberinto, por el peso o la presión militar enemiga acumulada en territorios en los que no había ya para dónde ir, en los que hubo desconexión con las bases históricas o aislamiento por la persistente persecución, no sólo de tipo bélico sino de rompimiento de canales con tejidos sociales afines, entre el campesinado y pueblos diversos, ya sea producto de errores propios así como el saldo de la guerra sucia.

 

En esa realidad, se da un planteamiento esperado y plausible: dialogar, como lo había pedido el propio comandante Cano en 2010. Santos llega a la presidencia con esa propuesta en la manga de su brazo de fuerza, luego de golpes a las Farc que no quebraron su moral de lucha, pero que sí resintieron o tuvieron fuerte impacto. El gobierno sabía del alcance de esa oportunidad y como es lógico desarrolla en secreto esos contactos para tantear hasta dónde las Farc cedían. En 2011 Santos mata a Cano pero con la otra mano ofrece conversar. Las Farc no se amilanan, demuestran fe en su causa, siguen en esos encuentros confidenciales, en febrero de 2012 renuncian a retener o llevar a cabo lo que comúnmente se denomina “secuestro” por razones económicas, y acogen la fórmula de aproximarse sin derrotismo. Finalmente en agosto de ese año 2012 se firma la agenda de La Habana y se echa a andar un proceso que en mi opinión comenzó por tener en la mesa dos contendientes firmes en sus convicciones y posiciones, con el respaldo de sus respectivas realidades militares.

 

En lo que me consta, llegando en 2013 como asesor, es que había una fuerza rebelde que estando inmersa en muy duras circunstancias, ante un reto histórico de grandes proporciones e indudablemente de enorme responsabilidad, pues no podía rechazarse conversar, fue tomando nota de un balance político, externo e interno, y no coyuntural sino de orden histórico, y se vio así misma en una encrucijada de tipo realista, de cálculo, como lo conceptualizaríamos desde la ciencia política. Cualquier observador podrá comprobar con los discursos de las Farc en la mano, en 2013, en 2014 y parte de 2015, cómo se mantuvo en alto una beligerancia, cómo no se perdió el tono que distingue a una fuerza insurrecta, exigiendo y pensando más en ganancias reales para el país sometido que en garantías para ellos mismos, para los líderes guerrilleros. Sin dejarse de hablar de la problemática rural, de los cultivos ilícitos, de la participación, de la pobreza y de necesarias reformas, lo que sucedió en mi opinión es que hubo una fase en la que comenzó a primar la visión de favorabilidad a sus fuerzas, y en particular a la dirigencia, por lo cual el gobierno vio que era ahí donde acertaba, donde debía reforzar o centrar su propuesta y puso en la mesa, en medio de crisis y argucias, un cebo importante, referido sobre todo al tema de la judicialización de responsabilidades penales derivadas del conflicto.

 

Esa ecuación, pues, aparte de esos vectores militares y políticos, estuvo al final integrada por consecuencias múltiples, como los costos, incluyendo los éticos, de un tipo de articulación y relación accidental con determinadas economías y circuitos en el contexto de la guerra, me refiero en concreto al narcotráfico, tan presente en Colombia en cualquier lado; naturalmente el cansancio y el sufrimiento humanos, o diríamos inhumanos, tras años o décadas de una feroz guerra, que fue haciendo mella, con un Estado que usa el paramilitarismo y el terrorismo, que criminaliza el movimiento social, que tomó cientos de prisioneros para los que no había salida. Entonces, un Estado que había avanzado tantísimo en esas posiciones de fuerza bruta y directa, para persuadir; y que gozaba del apoyo de gran parte de la opinión y por supuesto de la comunidad internacional, contando con el concurso para ese empeño de países no amigos del Establecimiento, como Venezuela, en tiempos del comandante Chávez, ve que hay cómo imaginar unos compromisos de reformas constitucionales y legales.

 

Esa carnada es la promesa. Y cuando hay un ofrecimiento hay quien lo acoge o quien no lo acoge del todo y mantiene sus reservas. De ahí que se cuenta, como se diría en antropología, psicología o en filosofía, con una prueba de la estructura identitaria, y más siendo una estructura fustigada y atraída por la ficción de la ley, en transición de valores, de convicciones y de razonamientos que constituían una médula moral, y en este caso política, que dejó de ser tal al renunciarse a la rebelión, por nada materializado, salvo el cumplimiento de que no sería aniquilada. Sin que se vieran obligadas las Farc a consultar ampliamente y ver alternativas, en unos diálogos más o menos cerrados, entre cúpulas, en los que no estaba presente la diversidad del país o el conjunto social como parte, sino apenas como espectador lejano, las Farc fueron seducidas por esa promesa del más llano reformismo normativo, o sea sin cambios a la vista. No hubo demostraciones de voluntad real del régimen, sino firmas de cientos de páginas; no hubo avance de lo negociado, con mínimas transformaciones palpables, sino retroceso o recorte a partir de las realidades y sofismas de la juridicidad dominante, que se escudó en procedimientos de su ley o en el reparto de funciones, o sea que lo pactado debía ser convalidado después por el poder judicial y el legislativo, además de estar sometidos los acuerdos al plebiscito o refrendación del 2 de octubre del 2016, que fue un fiasco.

 

En fin, que las Farc fueron embelesadas por la apariencia de la ley de su oponente, y recogió con inusitado entusiasmo la bandera de la falacia jurídica. Compró la lógica de la normativa o el funcionamiento estatal, que es la envoltura, y por ende se alimentó de lo que estaba adentro; acogió el contenido axiológico e ideológico que reproduce el orden de dominación. En junio de 2016, yo ya había dejado de ser asesor, las Farc se sometió explícitamente a la ley del Estado. Fue el punto de quiebre.

 

Hasta este momento, marzo de 2018, en Quito, hay una Delegación de Diálogos del ELN, la cual tengo el honor de asesorar en cuestiones jurídicas, que refleja una organización con dilemas, no golpeada militarmente como las Farc lo tuvo que vivir; una guerrilla que busca un modelo de salida política transformadora, es decir con cambios mínimos que el país viva ya y no que sueñe por décadas; se está desarrollando una propuesta de gran Diálogo Nacional, o sea un proceso participativo amplio y plural, de simbiosis vinculante; y además esta guerrilla conserva y rehace su propia juridicidad y proyección reguladora de su existencia y razón de ser, es decir no acoge ni respeta la ley selectiva de su adversario.

 

2. El diseño de Justicia Especial para la Paz surgido de La Habana fue cuestionado tanto por la derecha que se opone a los acuerdos como por sectores de izquierda que cuestionan la impunidad que otorga a responsables de crímenes de Estado. ¿Cuál es su valoración al respecto, cómo cree que debería ser un esquema efectivo de Justicia Transicional?

 

Tiene que ver mi respuesta sobre este tema con lo dicho anteriormente. Ese es el marco. Es decir, se fue cambiando no la realidad sino la percepción de la misma, y a partir de ahí, como es lógico, en parte las convicciones fueron mutando, o sea el orden de los principios, también por la percepción que el sujeto político insurgente fue teniendo de sí mismo y de lo que hoy día se sintetiza como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. La amenaza era ir a la cárcel aislado, con la derrota encima, como sería en algo el caso de Abdullah Öcalan del PKK, o Abimael Guzmán de Sendero Luminoso. Condenados, sin alegar de cara a un público en un proceso de paz. La oportunidad en cambio era como lo que finalmente se ha dado, digamos con un Gustavo Petro o un Navarro Wolf, del M-19. Hacerse senador, hacer política dentro de las reglas del sistema, sin pasar por la cárcel. Jugar a las elecciones, aspirar a la presidencia, intentar cuajar una formación política de izquierda en la legalidad, etc.

 

En 2013 otro asesor jurídico y yo, con base en las propias ideas de las Farc y en enunciados nuestros, formulamos la necesidad de un sistema de justicia que debería acoger las definiciones más progresistas del derecho internacional, obviamente del derecho penal más avanzado, estudiando los alcances de la Corte Penal Internacional, de otros tribunales, experiencias diversas, en conjunción con la propia entidad de la rebelión, de la política que se afirmaba en valores de resistencia a la opresión, de soberanía, de impugnación a cánones dominantes, incluso armonizando esa propuesta con posibilidades que se daban en ese momento en la UNASUR o en la CELAC. Recuerdo tuvimos un par de reuniones con el secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez Araque, así como con varios embajadores en La Habana. Diseñamos una propuesta autónoma pero abierta, de cara a requerimientos tanto internacionales como del país, referidos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición. Obviamente para ese momento las coordenadas de afirmación ética y política eran otras, tanto que se produjeron guiños y decisiones para explicar y explicarse. Comenzamos a desarrollar pasos para el reconocimiento de responsabilidades por diferentes hechos que nunca debieron suceder. En un viaje a Estados Unidos en un grupo consultor, contactamos a quienes esperaban por años explicaciones de qué pasó y por qué con sus familiares, víctimas de acciones de las Farc. Hicimos lo mismo en Colombia. Yo me reuní como asesor jurídico de las Farc con obispos del litoral Pacífico y luego con víctimas de Bojayá para tratar por primera vez este caso y otros, en la perspectiva de lo que luego ocurrió: pedir perdón y trabajar un proceso con ciertos compromisos. Se hizo después en La Habana. Y en la lista fueron señalándose otras demandas.

 

Cambia todo cuando lo que reina ya no es un proceso equilibrado de búsqueda de las dos partes de un nuevo y coherente sistema de justicia frente a hechos del conflicto, sino la imposición que una de ellas va haciendo, en este caso sutilmente el Estado, orientando a partir de sus premisas. Ya había sido aprobado el Marco Jurídico para la Paz, como reforma constitucional en el 2012, el cual fue fragmentado y puesto de bajo perfil, pero que sirvió como referente de arranque, con efectos simbólicos y discursivos, para partir de una posición estatal aparentemente hacia otra, poco a poco convergente con las Farc, que creyó en 2015 y 2016 que había logrado mover al Estado, cuando en realidad sólo ellas se estaban deslizando y comprometiendo con algo que les cambiaba la perspectiva. Al régimen no. Se pactó en septiembre de 2015, en una trampa de sugestión, que tenía que ver con la promesa mencionada de nueva institucionalidad, y en un ejercicio de aceleración y conminación, la hoy denominada “Justicia Especial para la Paz”, que en una sucesión de reformas constitucionales y legales, logra dos objetivo de alto valor para el sistema.

 

El primero: desvertebrar la rebelión no sólo materialmente llevando al desarme y la desmovilización, sino en la mente y los corazones de los que dejaban de ser insurgentes, que aceptaron renunciar a lo que en términos penales asumimos como delito político y su complejidad lógica, pues el Estado ganó ahí que se convalidara la criminalización de actos propios del alzamiento armado y tachar como crímenes amplias conexidades. Me explico: que acciones naturales de la rebelión se vean como crímenes, cuando no lo son si están en ese orden de coherencia y valores que definen ese derecho y sus límites ontológicos y éticos. Esto lleva a que el guerrillero o la guerrillera sea re-criminalizado/a en ese nuevo sistema especial de justicia. No ya con consecuencias personales o individuales, que se ocultarán o se notarán cada vez menos y cada vez menos entre más se suba en el rango de responsabilidades, cuando lo elemental es que la dirigencia las asuma, hipótesis ésta que veremos si se constata según el proceso político y sus blindajes. Las consecuencias a las que me refiero más, pues esto es más profundo, es el mensaje al mundo, a las luchas de los pueblos y para la historia: que levantarse contra la opresión es un crimen. Que sólo cabe hacerlo aceptando la extrema simplificación de la rebelión. Esto es algo repudiable.

 

Y el segundo efecto trascendental, entre varios fines logrados por el sistema, también bajo esa jurisdicción especial, es el refuerzo de la impunidad de los crímenes de Estado y de su lógica, pues las altas responsabilidades bajo esta justicia y sus reglas, nunca serán puestas al descubierto, no con ese modelo, ya que se desechó el imperativo de la cadena de mando, salvándose así tipos como Uribe Vélez, ministros y generales en la cúspide de esa jerarquía no sólo nominal sino funcional por adscripción más allá de lo normativo, o sea por conocimiento directo y omisión eficiente al cometerse cientos y cientos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los llamados terceros civiles, como jefes del paramilitarismo en el empresariado o la política, igualmente están de plácemes. No serán tocados.

 

De dónde vienen las críticas de la extrema derecha. De ser precisamente extrema derecha. Hoy dispuesta a controvertir, por fundamentalismo, cualquier evidencia. Así como niega la eclosión medio ambiental o la usa para sus fines discursivos en su racionalidad económica, está resuelta a defender el negacionismo y la visión más radical del castigo penal, pero para los ex guerrilleros, a los que no quisiera ver participando en ningún espacio político legal, sino en la cárcel o muertos. Así mismo su posición sobre las responsabilidades de militares o policías, pues sabe que así como pasó en el sistema empleado en la etapa del reciclaje paramilitar, con la ley de “justicia y paz”, puede suceder con la “justicia especial para la paz”: algo de tanta barbarie, algo de esas estrategias, por tanto del volumen, se tendrá que conocer, así el régimen logre controlar las verdades cualitativas que afloren; es tanto el horror que finalmente una capa de eso se va a conocer. Pero es normal, con o sin este aparataje, por las luchas de las víctimas, por la abundante prueba de cargo contra algunos funcionarios o prácticas estatales, y por los pocos funcionarios que no la descartarán; no todos son corruptos o ineptos.

 

En cuanto a las críticas de la “izquierda”, diría poco. En realidad gran parte de ese espectro, por seguidismo, mediocridad o clara intención de una apuesta gaseosa por cansancio y fe política en una promesa de nueva institucionalidad y oportunidad de anclarse ahí, no hizo a tiempo sino tardía, tímida y de manera oportunista algunas observaciones, que debían haberse producido mucho antes, cuando esos acuerdos se estaban cociendo en secreto. Mucha gente se supone lúcida, instruida y comprometida, guardó silencio cómplice, para no entrar en desavenencias con la dinámica y la nueva visión de las Farc, que remedó lo que la izquierda española hizo en los años setenta y ochenta, validando con pragmatismo la transición del franquismo y la protección de sus herederos. Sólo gente como el Equipo Jurídico “Pueblos”, en un excelente documento de febrero de 2016, el padre Javier Giraldo y algún intelectual como Luis Jorge Garay, llamaron acá en Colombia a tiempo a estar alerta y señalaron que esos acuerdos de La Habana se encaminaban al refuerzo de la impunidad del orden establecido.

 

Y finalmente diría: justicia transicional es la del tránsito o transición real a una nueva y positiva situación. Hoy la nueva situación es la de una Colombia sin la insurgencia de las Farc. Con un pie en el lodazal institucional y el realismo de un país descompuesto. En todo lo otro sigue igual o peor. Otro modelo de justicia superior, es la que verdaderamente apunte a ser transformadora de esta inmundicia que nos circunda, por lo tanto la que devele las verdades más sustanciales, por ejemplo sobre el paramilitarismo y el direccionamiento histórico del terrorismo de Estado, sobre sus fuentes y alcances doctrinales, acerca de la concepción de seguridad que ha imperado, que haga justicia con el reconocimiento de esas verdades, que repare con visión de integridad a las víctimas renunciando a las estrategias de victimización o persecución de las luchas sociales, y construyendo reales garantías de depuración y no repetición. Nada serio de eso se ha dado. Ni pienso, con base en lo objetivo a mano, que pueda darse; no con las pautas establecidas o instituidas. Tendrá que ser otro proceso instituyente el que las defina y eche a andar.

 

3. El concepto "derecho a la rebelión" que usted fundamenta jurídicamente es sostenido por el ELN, en cambio FARC optó por una vía más pragmática de negociación. ¿Reside allí una diferencia conceptual que permitió llegar a buen puerto al proceso de La Habana, y que explica por qué en Quito el diálogo no ha encontrado mayores avances?

 

En teoría hablamos de un concepto que por los procesos históricos tiende a ser universalizable, es decir la rebelión como hecho complejo, y su configuración como derecho, ha estado presente no sólo en la propia constitución e identidad cultural y política de los pueblos y en la diversidad de las sociedades, sino que, más en el fondo, corresponde a las dinámicas de desarrollo y luchas como especie que sobrevive contra circunstancias y causas opresoras, o sea a forcejeos que subyacen a nuestra condición humana actual. Como pasa hoy día y pasará frente a la destrucción de las fuentes de vida a nivel planetario. En ese sentido, no hay un solo ser humano que haya escapado a la fuerza de procesos liberadores. Hasta Trump es heredero de la revolución americana de independencia que labró Washington. Y también la posibilidad de sobrevivencia está y estará ligada a la capacidad de resistir a la lógica depredadora global. Así que la fundamentación de la rebelión está relacionada con la conciencia que construimos sobre cómo son y cómo pueden cambiar las estructuras de injusticia que afronta un pueblo o un conjunto social. Se basa en la demostración objetiva de cómo es preciso combatir ese orden dominante injusto que por sí mismo no cambia, un orden urgente de ser interferido, por la muerte que genera para amplios sectores o incluso para mayorías que ven menguada su existencia, y hacerlo tiene que ver con la capacidad de impugnar esa situación en nombre de valores superiores a los del sistema. Hay pues una razón en la dimensión subjetiva, en la entidad moral del rebelde. Esa perspectiva jurídica, política y ética es la de la rebelión como derecho y obligación.

 

Es cierto: las Farc optó por una vía pragmática de negociación, sin que esa realidad social y política haya comenzado a cambiar positivamente. Es lo dramático, o más bien la tragedia. Finalizó su ejercicio de un derecho, como es la rebelión, aceptando una trama jurídica institucional y sus rúbricas. No se trataba de la “revolución por decreto”, por supuesto. Nadie inteligente esperaba eso. Pero sí que tantas décadas de lucha y de dolor causado en la confrontación, por ejemplo al desatar el Estado la guerra sucia, hubiesen tenido un mínimo sentido de refutación del orden vigente, y no su convalidación moral, como se hizo; que parte de esas fuerzas acumuladas y encarnadas en diferentes planos y movimientos populares, sus planes de vida, sus mandatos, hubiesen tenido expresión mínimamente instituyente; que toda esa evidencia científica, objetiva, verificable, respecto de la descomposición del Establecimiento, del poder mafioso, del empobrecimiento, del saqueo, y de cómo somos un país miserable y servil, hubiesen tenido sentido exigiendo los rebeldes de las Farc el cumplimiento de unos mínimos creíbles y de reformas necesarias o básicas, sin conformarse con pactos volátiles, además recortados, que sólo les garantizan a sus dirigentes ciertas prebendas de participación política y raquíticos proyectos productivos.

 

Todo esto lo digo sin desconocer que su bandera o discurso es la defensa del cambio social, como está claro lo siguen sosteniendo. De eso no hay duda. Pero ya sin tener medios de coerción, de resistencia, de defensa, y de construcción de otras realidades sociales como insurgencia en una confrontación que decidieron abandonar; para emplazar a su oponente a cumplimientos deben acudir a la legalidad que éste les presta. El Establecimiento, las multinacionales, el gran capital, las elites, los grupos de poder, valoran este proceso de pacificación de Santos y su inteligencia, por haber sido el logro de una paz barata, que no supone transferencias o cesiones de poder real, culturalmente la instauración de una paz que he dado en llamar en un artículo “paz McDonald´s, negativa y señorial”. Negativa, al decir del noruego Johan Galtung, significa que nos referimos a la terminación del conflicto, en medio de la violencia estructural, no a la paz basada en la redistribución de riqueza y de las oportunidades de vida digna. Erich Fromm, Albert Camus y otros humanistas del pasado siglo dieron valor a la paz, pero señalando la necesidad de procesos de emancipación; un humanismo social al que la rebelión alimenta con sus valores, y una rebelión que debe orientarse por el humanismo social que invoca y conlleva límites.

 

La rebelión y su fundamento jurídico tienen una base inteligible, comprensible por cualquier ser humano sencillo que ve la injusticia y se indigna por lo que mira. Unos actúan porque ejercen un derecho humano; se ven obligados moralmente a ello. Otros nos quedamos contemplando el cuadro. De ahí que predicar el fin de la rebelión, el ocaso de las guerrillas, sin ver la realidad misma, la persecución y la opresión, ondear éxitos como el desarme y la desmovilización de las Farc sin hablar de la guerra sucia, y del incremento de la corrupción y el pillaje, es una posición, pero no es humanismo social. Decir que el ELN debe parar su lucha basado en promesas, como si fuera cerrar un libro de García Márquez, que fue lo que dijo a finales de marzo de este 2018 el señor Tom Koenigs, enviado especial de Alemania para la paz de Colombia, abogando para que el ELN se desmovilice siguiendo el ejemplo de las Farc, eso es proponer un paso que puede ser suicida. No se refiere él al terrorismo de Estado, a la cadena mafiosa que detenta estructuras de poder; no. Se refiere a cómo una de las partes debe renunciar, y no a la otra. Afirmó: “el Eln debe darse el espacio para hacer el cambio a la política pacífica”. Cuando lo correcto éticamente es otra proposición: el régimen debe dar espacio para hacer el cambio a la política pacífica.

 

Entre los valores de la rebelión está la propia idea de finitud. La guerra no puede durar siempre. No debe prolongarse sin necesidad. Pero no depende de ponerle fecha como a una caja de medicinas. Será perecedera cuando los objetivos básicos se vayan logrando. Y una de las vías es la negociada, el diálogo para concertar cambios. La resistencia a los nazis tenía que ver con la propia intensidad de la agresión que su maquinaria de ocupación y barbarie suponía. Si una acción violenta causal cambia, la respuesta a esa violencia debe cambiar. Si el Establecimiento colombiano tiene voluntad de mínimos cambios democráticos, la razón de ser de la lucha armada de resistencia o rebelde se diluye. Si el régimen no transforma parte de esa realidad que está en sus manos, fundamenta que los de abajo ejerzan un derecho humano y de los pueblos.

 

Veo hasta ahora en Quito que el ELN persiste en su fundamento de la rebelión, siendo el ejercicio de un derecho colectivo y personal. Pero no lo ha ejercido nunca ni lo piensa continuar desarrollando de cualquier manera. Hay una pulsión humanista, una política y una eticidad con la que por lo general actúan sus unidades, que le define al ELN esa necesidad de cumplir unos límites, de una autocontención y disciplina, que corresponden a los requerimientos del derecho internacional humanitario, de acuerdo a su propia juridicidad y compromisos con las clases populares. Y creo no es negarse a lo que sigue insistiendo: que las conversaciones deben construir un pacto de paz transformadora; no renuncia a buscar la salida política negociada al conflicto.

 

Antes de cerrar esta respuesta, a modo personal debo subrayar cómo por inercia, por el peso de diferentes factores, en Colombia falta fundamentar con coherencia que la rebelión es un derecho, y explicarlo, en las condiciones de guerra irregular popular, de guerrillas, de resistencia. Y cómo tendrá que ver con las posibilidades de vida y de bienes comunes, de comunidades y territorios, en los próximos lustros, si no llegamos a un acuerdo nacional de transformaciones básicas. Antes teníamos los ejemplos de grandes juristas de altura, como Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña Mendoza, compañero y maestro a quien hace 20 años asesinó el Estado colombiano. Hoy está la voz y obra del padre Javier Giraldo, quien fundamenta y estudia la realidad de la rebelión. Y unos pocos o pocas juristas insobornables, que no han caído en las lógicas del silencio, de la compra venta de conciencias que ronda en Ongs y otros espacios. Es preciso en Colombia recobrar la lucidez de la necesidad de que la rebelión sea reconstruida y no vapuleada con las exigencias de la conciencia de lo público y del bienestar general, y que se reconozca la posición del beligerante, del insurgente, del rebelde, como interlocutor válido, sujeto político en la redefinición de un humanismo social para la defensa de la vida en tiempos en los que nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de preservar sistemas de vida colectiva ante la destrucción planetaria que sobre todo golpea a los más empobrecidos.

 

4. ¿Qué valoración general tiene usted como jurista, en función de su experiencia internacional, de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?

 

Creo sinceramente que debemos respetar con ahínco el derecho de las Farc de pasar a ser una guerrilla a ser una formación política legal e intentar hacer política abierta en medio de esta putrefacción del sistema. Ya veremos en unos años su respuesta a los desafíos conocidos. Si en la balanza histórica, en aplicación de la justicia especial que pactaron, defendieron el derecho a la rebelión como derecho humano, si lo ayudaron a destruir, si lograron develar las verdades esenciales del terrorismo de Estado y a sus máximos responsables, o si por el contrario se les devolvió como arma política, teniendo que responder penalmente en estrados judiciales que los dirigentes de las Farc ayudaron a diseñar y a los que reconocieron autoridad, concediendo validez a un sistema de justicia, anidado en la podrida institucionalidad dominante.

 

Es cierto que el DDR, el desarme, la desmovilización y la reinserción, son un éxito. Esto se celebra. Me imagino los discutirán las elites en sus clubes sociales. Seguro brindarán por el éxito de desarmar, desmovilizar y reinsertar a la guerrilla de las Farc, en su momento la más poderosa del continente, sin haber hecho ellos, esas castas, como Establishment, ninguna reforma seria y con proyección al servicio de los sectores populares, imbuidos muchos millones de personas en la supervivencia, en la escogencia de los canales de la televisión que les distrae, cómo estirar los créditos o conseguir un trabajo para alcanzar lo básico. Ha sido, insisto, una paz barata para el régimen. Y en términos sociológicos, para el pueblo, un resultado alienante.

 

Mientras los de arriba hacen negocios en zonas ya liberadas de la amenaza de las Farc, el proceso de paz no le ha impactado cultural o significativamente la vida a la gente empobrecida que está sometida a unas estructuras de violencia por las que votan cada cuatro años en las urnas, sabiendo que se presentan como candidatos muchos ejemplares de verdaderas asociaciones de malhechores. Sí ha dado tranquilidad esa pacificación relativa a algunas franjas por la disminución clara de los niveles de violencia, ante todo en el campo, donde en todo caso sigue el statu quo en sus ramificaciones matando líderes sociales, a decenas, así como a ex guerrilleros de las Farc y a familiares de ex insurgentes, pues el régimen continúa amenazando comunidades y amedrantando a todo aquel que sea sospechoso u ose oponerse a circuitos más extensos o locales atravesados por la lógica de la acumulación de capital, ya sea legal o ilegal, como el narcotráfico.

 

El ELN propone desde hace más de veinticinco años un proceso de creación de consensos nacionales desde la participación abierta, plural, diversa, vinculante, incluyente, resolutiva respecto de las reformas necesarias, las básicas de la ciudadanía real, o sea las que atañen a la democratización que pueda defenderse desde el sentido común. Recuerdo cómo en Alemania hace 20 años, donde estuve participando, el ELN propuso en Maguncia que el país se abriera a una Convención Nacional. De ahí su apuesta hoy de Gran Diálogo Nacional que reconozca y vehicule todos los sectores, a los de abajo, las voces sociales, los territorios, en un anclaje que no es institucional y de sumisión pragmática como lo han sido otros procesos, sino de implementación o compromisos vivos, activos, verificables, duraderos, con mecanismos de exigibilidad o cumplimiento, ya mismo, no remitidos a un futuro sin garantías. Es decir, demostrando el régimen que sí abandona la exclusión y la violencia, o sea que no va a perseguir a quienes se levantan para impulsar mandatos sociales.

 

Al tiempo el ELN, sin desdeñar en absoluto, sino dando total valor y actualidad a la perspectiva de los diálogos para esos consensos, propone la humanización del conflicto, la regulación de las fuerzas contendientes, que se respeten los derechos de la población no combatiente, y está dispuesto a llegar a acuerdos tanto con el adversario como con las comunidades o pueblos en territorios que viven afectaciones por el enfrentamiento armado. También a pactar planes de vida que brinden mejores condiciones y no descompongan más los tejidos sociales.

 

Este camino constituye un derrotero bien distinto al que siguió las Farc, que no tomó muchas veces en cuenta exigencias del derecho humanitario o que accidentalmente se implicó por acción de algunos en actividades que tienen luego un coste en la credibilidad política y ética. Que terminan creando una cultura no distinta a la del orden dominante. Esto determina con qué fortalezas o con qué debilidades se llega a un proceso de diálogos y de negociación, y por lo tanto con qué expedientes puede ser chantajeado un grupo político.

 

Las Farc, hoy como partido, y el ELN, sin dejar de ser insurgencia, tienen futuro en sus respectivos procesos de re-fundación histórica si logran articularse al torrente de demandas sociales y promoverse con sus identidades y aperturas por la defensa de la vida concreta de grandes mayorías que para la supervivencia deben movilizarse. Ahí la negociación con una, las Farc, que se desmovilizó, enseñará qué estuvo mal, y de qué debe aprenderse, y servirá para entender el intento de salida con la otra, con el ELN, que pide en su propuesta razonable que el Estado cumpla lo que firma, haga honor a la palabra empeñada, que sea el que se reinserte por definición en las necesidades de democratización y paz transformadora. No tiene que ser siempre que la oposición rebelde ceda ahora y que el régimen prometa que lo hará después. No. La clave está en que sea procesual esa dinámica de obligaciones, y no formal e ilusoria la obligación estatal. Que lo que se pacte se cumpla en forma sincrónica, con garantías reales. Así, si el Estado falla, si el régimen se burla, la otra parte tiene derecho a tomar otra vía y a tener medios legítimos para exhortar a las elites y a sus cuerpos armados a que cumplan. O a desarrollar alternativas.

 

Ojalá la confrontación no sea la senda de Colombia en el próximo medio siglo. Ya no hay tiempo para equivocarse. Entre otras razones por exigencias que devienen de la propia destrucción medio ambiental y de nuestra situación existencial y de capacidad como género humano para construir un buen vivir como lo formulan los pueblos en lucha, que es no una idea caprichosa sino de resistencia y conservación colectiva. Por eso no sólo debe exigirse la finitud en la dimensión utópica de la rebelión. No. Lo que hay que hacer es instar enérgicamente a los de arriba a que cedan en sus estructuras de poder y codicia. Lo decía Camilo Torres Restrepo sobre la necesidad de que esos grupos acostumbrados a su inmunidad e impunidad, definan cómo van a realizarse los cambios. No puede valer que ellos, los ahítos que decía Camus, a sus anchas no tengan límites ni restricción de medios. Y millones de seres sean despojados de condiciones de una vida digna.

 

Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho, autor de “La rebelión de los límites” y numerosos ensayos, actual asesor jurídico del ELN en el proceso de conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

 

 

La Realidad política y las reivindicaciones de la Nación Colombiana exige del Movimiento Popular, en todas sus expresiones sin estigmas, ni excepciones: avanzar, rescatar pendientes, conquistar lo arrebatado por el régimen político oligárquico y lo perdido por errores para Reconstruir al País y Reconciliar a la Nación.
 
Igualmente ganar las Elecciones Presidenciales con Gustavo Petro y Vicepresidente Ángela Robledo por quien convocamos Votar este 27 de Mayo.
 
Denunciar nacional e internacionalmente ante los Tribunales competentes el terrorismo de Estado que con su silencio cómplice, unas veces, y con la acción dolosa, en otras, cometen agentes del Estado Colombiano contra la FARC y el movimiento popular a través del genocidio politico, montajes judiciales y amenazas de extradición a amnistiados luego del Armisticio firmado entre las FarcEP y el Gobierno Colombiano, junto al incumplimiento sistemático que el Gobierno neoliberal perpetra contra los Acuerdos firmados en mesas de trabajo fantasiosas.
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